La Comisión Permanente del Congreso ha incluido, para su agenda de este viernes, debatir y eventualmente votar los informes finales contra el exjuez supremo César Hinostroza, prófugo en Bruselas (Bélgica), y el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).
El exmagistrado enfrenta cargos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible y patrocinio ilegal; mientras que el exmandatario es imputado por presunto tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Ambos fueron denunciados por la exfiscal general, Zoraida Ávalos.
El extremo de Vizcarra también dispone acusar a su exministra Patricia Balbuena (Cultura) por presunto peculado doloso por apropiación para tercero agravado. Si el informe final de cada uno tiene luz verde, la Comisión debe nombrar una subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (Alianza Para el Progreso), para que lo sustente y formule la acusación ante el pleno.
La agenda contempla, por otro lado, revisar el documento referido al extitular de Educación, Daniel Alfaro, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, a raíz de una denuncia fue formulada por los exlegisladores Edmundo del Águila, Paloma Noceda y Armando Villanueva.
Asimismo, figura el debate de otra denuncia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), formulada esta vez por el congresista Martha Montoya (Fuerza Popular), quien imputa a los juristas los cargos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible.
Hinostroza es señalado como jefe de ‘Los Cuellos Blancos del puerto’, una banda dedicada a negociar fallos judiciales e investigaciones fiscales. El escándalo estalló durante el Gobierno de Vizcarra por la filtración de unos audios y generó una serie de medidas para reformar la judicatura para desarticular la mafia que tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubica el puerto del mismo nombre.
Entre las grabaciones difundidas, la más polémica es una donde el exmagistrado ofrece absolver a un violador de una menor. Las cintas también evidenciaron que la banda tenían aparentes contactos con el poder político y, concretamente, con Fuerza Popular, incluida su lideresa, Keiko Fujimori.
El exjuez fugó del país en octubre de 2018 y, aunque fue detenido al llegar a España, quedó en libertad y con paradero desconocido desde abril de 2019, hasta que hace unas semanas fue fotografiado en Bruselas. El Ministerio del Interior lo mantiene incluido en el programa de recompensas y ofrece 150 mil soles por su paradero.
Ante la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, en tanto, giran tres carpetas de extradición relacionadas con el exmagistrado, principalmente, por el caso Cuellos Blancos y por haber entregado presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria de Migraciones en Tumbes para impedir que se activara la alarma de prohibición de salida del país, mientras huía.
La semana pasada, la Comisión de Control de los Ficheros de la Policía Internacional (CCF) accedió a un recurso presentado por su defensa y eliminó la orden de ubicación y captura internacional en su contra.
El órgano encargado de administrar los datos del sistema de Interpol adoptó la medida en atención a una solicitud presentada por el exmagistrado, y resolvió que esa información es “restringida” y confidencial, “con arreglo al derecho internacional para proteger” sus “derechos y las libertades”.
Vizcarra, por su parte, fue destituido por “incapacidad moral” noviembre de 2020, cuando fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por el escándalo de vacunaciones irregulares conocido como ‘Vacunagate’.
De igual modo, en mayo de 2022 recibió una segunda inhabilitación para ejercer cargos públicos, esta vez por cinco años, por presuntamente haber cometido una infracción constitucional al intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
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