Congreso aprueba ley que exonera de responsabilidad penal en casos de legítima defensa

El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer con 78 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones la propuesta presentada por Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, para modificar los códigos penal y procesal respecto a la responsabilidad penal en caso de legitima defensa.

“El propósito de esta ley es modificar el artículo 20 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal Peruano, con el fin de proporcionar protección legal a aquellos individuos que defienden la inviolabilidad de su hogar, vehículo y lugar de trabajo o negocio, ante un atentado contra la integridad personal o de su entorno familiar”, dice la iniciativa legislativa.

Chirinos Venegas buscó que el citado dispositivo legal, que está relacionado a la inimputabilidad, establezca que una persona esté exenta de cualquier responsabilidad penal, al hacer uso legítimo de la fuerza, en las siguientes circunstancias:

Además, la parlamentaria apuntó a que la prisión preventiva, tipificada en el artículo 21 referido a la responsabilidad restringida del Código Penal, no se aplique “en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria”.

Cuando se conoció la propuesta de Chirinos, Infobae Perú consultó con especialistas si es que resulta viable o no.

Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, mencionó que la propuesta de la legisladora de Avanza País es “inútil” e “inservible” porque ya existe hace décadas en el Código Penal.

“El artículo 20 del Código Penal regula las causas que eximen de responsabilidad penal en el uso de la legítima defensa. Qué utilidad tendría colocar eso en una norma si ya está establecido salvo que esté incorporando alguna nueva causal. La eximición de toda responsabilidad, como consecuencia del uso de la fuerza, ya está legislado hace décadas en nuestro sistema penal”, recordó.

El letrado penalista cuestionó que el proyecto de Chirinos también quiera modificar el artículo 21 que está referido a la responsabilidad restringida, donde propone que “no procederá la prisión preventiva en ningún momento del proceso, incluido el proceso judicial si lo hubiera, salvo que recaiga sobre él sentencia firme condenatoria”.

“Lo que no puede hacer la ley ni Patricia Chirinos es que le reste atribuciones ni competencias constitucionales que tienen el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial para intervenir y abrir una investigación como, por ejemplo, lo ocurrido con el dueño del chifa que abatió a un delincuente en Villa el Salvador para determinar si hubo el uso legítimo de la fuerza y no estamos ante un caso de homicidio”, explicó Rivera.

Como parte del estudio en la Comisión de Justicia, se solicitó la opinión técnica del Ministerio del Interior, Poder Judicial y Fiscalía. Al respecto, las 3 entidades consideraron no viable la iniciativa.

Por ejemplo, el Poder Judicial dijo que “resulta alarmante y critico al tomar en cuenta que el derecho penal se basa sobre el análisis de hechos objetivos y concretos para ser revisado dentro de un proceso que determinara la responsabilidad de un individuo sobre la base de pruebas”.

En tanto, la Fiscalía alegó que “no se puede invocar la inseguridad ciudadana para pretender generar causas de justificación o de exculpación para que la propia ciudadanía pueda repeler con violencia las agresiones realizadas a familiares o contra ellos mismos”.

La periodista y abogada Rosa María Palacios también se pronunció en contra de la normativa aprobada. Dijo que es un pase para la impunidad y que el Congreso está extralimitándose.

“Esta es la impunidad para el asesinato, lo que ha hecho el legislador es sustituirse a juez (…) Si tú dices ‘legítima de defensa’, te sales y no hay prisión preventiva. Supongamos que ha sido un asesinato de verdad porque, entonces, yo alego que me quisieron matar y saqué mi pistola, no me dan prisión preventiva, desaparezco y no me encuentran nunca más”, aseguró.

La letrada también precisó que esta nueva ley coloca en mayor riesgo a las víctimas de violencia de género, ya que sus agresores pueden alegar la legítima defensa luego de cometer feminicidios o tentativas “¿Te imaginas para violencia familiar? (Dirán lo siguiente:) ‘No, señor fiscal, ella me quiso matar, yo saqué la pistola y la maté’”, dijo durante una entrevista en el programa Al estilo Juliana, en ATV.