Una controversia tomó más peso desde que fueron liberados los cómplices del ‘Maldito Cris’, sicario que asesinó a sereno de Santiago de Surco y fue abatido en Los Olivos. Los conocidos como los amigos de Christopher Fuentes González se encuentran no habidos y se presume que estarían fuera del país.
Ante ello, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Óscar Arriola, indicó que tendrían que tener “el dinamismo para investigar”. Es decir, que las diligencias preliminares sobre los actos delictivos tendría que estar a cargo de la Policía Nacional del Perú. Esto debido a que el Código Procesal Penal no era “para una realidad peruana”.
Es así como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo en contra de dar las facultades a la Policía Nacional para realizar este tipo de investigación. En su argumento refirió que es un “retroceso a la reforma” y que solo el Ministerio Público se encarga de ello.
“El mandato constitucional es claro que señala que el Ministerio Público es el que conduce las investigaciones, señalar ello sería un retroceso a la reforma ya establecida”, declaró a los medios de comunicación.
Benavides también precisó que ya cuentan con horarios para que participen de las intervenciones que realice la Fiscalía de la Nación. “Existen en turno [fiscales] para determinar los ilícitos penales que pueden ocurrir en ese horario, pero nosotros como Ministerio Público cumplimos nuestra función”, agregó.
En emergencia el sistema de justicia
Las últimas decisiones del Gobierno han ocasionado pronunciamiento de los otros alcaldes de los distritos de Lima, desde donde también pidieron que se declare en estado de emergencia la el sistema de justicia.
“Como Ministerio Público nuestra función es la de investigar y perseguir el delito, estamos cumpliendo las funciones. Todo dentro de un debido proceso”, refirió.
La titular de la Fiscalía indicó que los deberes del personal consiste en asistir a un hecho o caso que se le convoque y recojan todas las pruebas necesarias para la investigación.
Benavides señaló a los alcaldes que la institución está “cumpliendo con sus funciones” de investigar y de la defensa de los derechos de las personas. “Estamos poniendo énfasis en la declaratoria de emergencia”.
Restricciones por estado de emergencia
La decisión del Ejecutivo recae en un periodo de 60 días en estos tres distritos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.
♦ Inviolabilidad de domicilio
♦ La libertad de tránsito
♦ La libertad y seguridad personal
♦ Prohibido los eventos sociales y espectáculos durante la medianoche hasta las 4:00 a.m.
Por su parte, el premier Alberto Otárola indicó que esta medida será “exitosa”, debido a que un similar panorama se determinó para el Callao, pero no se contó con información de qué exactamente se logró. Mientras tanto, aseguraron que se reunirán con los diferentes alcaldes para conocer la situación y si es necesario sean incluidos en la declaratoria de emergencia.
“Seguimos escuchando a las autoridades locales y evaluando la situación de cada jurisdicción porque la prioridad, como dijo la presidenta Boluarte, es la seguridad ciudadana”, escribió.
Por otro lado, el ministro de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas saldrá para apoyar a la PNP en el tema de seguridad. Asimismo, señaló que el número de militares dependerán del requerimiento de cada uno.
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