Liliana Meza de Procuraduría sobre ley fujimorista: “Trae abajo todo el sistema especializado en extinción de dominio”

El Congreso de la República buscó aprobar, en el marco de un pleno temático sobre seguridad ciudadana, una ley que terminaría por afectar cientos de casos comprendidos en la ley de extinción de dominio, que dejarían de ser atendidos si se espera por ellos una resolución judicial en el aspecto penal. Los cuestionamientos y el peligro de ello han sido advertidos por la Procuraduría General del Estado, generando que, por el momento y ante las críticas, el dictamen sea retirado de la agenda de este jueves.

No obstante, eso no elimina el peligro de que dicha propuesta legislativa sea planteada como prioridad en cualquier otro pleno. Por ello, para explicar esta problemática, la procuradora especializada en extinción de dominio, Liliana Meza Quito, conversó en exclusiva con Infobae Perú y detalló las consecuencias a las que el expone el Congreso al Estado en dicha materia.

- ¿Cuál es la importancia del rol que cumple el sistema de extinción de dominio que se busca cambiar en el Congreso?

- En principio, el proceso de extinción de dominio es un proceso independiente, autónomo de cualquier otro proceso, que tiene sus reglas propias y también garantiza el derecho de defensa y los derechos que le puedan corresponder a los afectados que están sometidos a este proceso y lo que busca en sí es recuperar aquel patrimonio ilícito en favor del Estado. Cuando digo patrimonio ilícito que es proveniente de actividades como el delito de corrupción, lavado de activos o cualquier otra actividad que pueda generar ganancias.

Nuestra preocupación por parte de la procuraduría de extinción y en su momento así lo hemos trasladado a través de la Procuraduría General del Estado, es que este proyecto de ley constituye un retroceso en lo que ya se ha avanzado en el tema de extinción de dominio.

Anteriormente, la ley de pérdida, que así se llamaba, convertía el proceso de extinción en un proceso subsidiario al proceso penal, si no tenías una con una sentencia condenatoria en el proceso penal, tú no podías ir por extinción de dominio y los casos o bienes que se lograron recuperar a través de este proceso de pérdida fueron muy poquitos. En siete años se recuperaron o se obtuvieron solamente un aproximado de 37 sentencias.

- ¿Qué pierde el Estado de aprobarse este proyecto de ley?

- Con esta Ley de Extinción de Dominio que tenemos ahora, que lo hace de manera autónoma, tenemos un aproximado de 772 sentencias fundadas a favor del Estado en solo cuatro años que ha generado cerca de 260 millones aproximadamente que se han logrado recuperar al Estado en lo que son bienes o patrimonio ilícito.

Entonces este proyecto constituiría no solamente un retroceso, sino que afectaría a todos los procesos que tenemos en trámite, que próximamente son más de 4.000 casos, incluyendo el caso este que ese conocimiento público del expresidente Alejandro Toledo, en el que existe un aproximado de bienes por recuperar de 19 millones.

Además, debemos tener en cuenta que el Perú como Estado ha suscrito convenios internacionales en lucha contra la corrupción, contra la criminalidad organizada, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas; y dentro de estos convenios que hemos suscrito, nos hemos comprometido a tener esta figura de extinción que nos permita recuperar el patrimonio explícito.

Pero tener esta figura implica que su autonomía se mantenga, entonces este proyecto de ley de además contravendría aquellos convenios internacionales que hemos suscrito y, como ya dije, afectaría los procesos que ya tenemos en trámite, porque constituye una limitante a la actuación que no solamente realiza la Procuraduría en defensa del Estado, sino también la Fiscalía porque existe todo un subsistema de extinción.

- ¿Qué comprende todo este subsistema que sería afectado por la decisión que el Congreso busca poner en agenda?

Hay fiscales de extinción, jueces de extinción, policía este que se especializa en extinción y ahora la Procuraduría que se ha sumado al subsistema. Incluso hay defensores públicos que ven estos casos, en el caso de los demandados que no tienen una defensa.

Entonces, es todo un subsistema el que se va a ver afectado y de verdad que nosotros esperamos que este proyecto no se apruebe, porque tiene implicancias negativas en la lucha contra la corrupción y demás actividades graves.

- Respecto a Alejandro Toledo, ¿Cómo quedarían los procesos en su contra y por qué casos sería?

- En realidad, el proceso que se sigue contra los bienes, porque la extinción va contra los bienes, no contra la persona, del expresidente Alejandro Toledo y su familia, la señora Eva Fernenbug y su esposa, está relacionado a actividades ilícitas vinculadas a actos de corrupción y lavado de activos que involucran los hechos en el marco de los casos tanto Ecoteva como el proceso de IIRSA Sur.

Nosotros lo vemos en extinción más por procesos penales en sí, porque si bien es cierto, lo vincula en actividades ilícitas penales, pero lo que nosotros vemos es la acreditación de los bienes y si tiene una fuente lícita o no.

Aparte del proceso de los bienes contra el expresidente Toledo, tenemos otros casos que están judicializados en los cuales también tenemos bienes que se pretenden recuperar a favor del Estado. Por ejemplo, hay un caso en particular en el cual la Fiscalía hizo de conocimiento que se había demandado a favor del Estado un aproximado de 120 kg de oro en lingotes que se habían pretendido exportar al extranjero. Ahí están involucradas una empresa extranjera y otra y otra empresa también acá en Perú.

No solamente ese caso, también tenemos otros casos que se vienen tramitando, sino que por la reserva, en los casos de la etapa de indagación la ley no nos permite dar mayor detalle, pero tenemos casos a nivel nacional. El más emblemático es el caso del expresidente Toledo, pero no es el único.

- ¿Existen otros casos de personajes políticos emblemáticos que han supuesto beneficiosos para el Estado gracias a la actual ley que busca ser cambiada por Fuerza Popular?

Ya ha habido sentencias, por ejemplo, en los casos vinculados a Fujimori y Montesinos, en los que se ha logrado repatriar y recuperar a favor del Estado. En uno de los casos de Moshe Rothschild, cerca de 8 millones; en el caso de Ibárcena, un aproximado igual.

Tenemos también una sentencia que está en ejecución contra el ex embajador Malca Villanueva, que falleció y aun cuando falleció, se ha logrado recuperar a favor del Estado aproximadamente dos millones de dólares; que están en proceso de repatriación desde México y todo eso es gracias al proceso de extinción porque lo convierten autónomo De tal manera que incluso las personas que son procesadas en los procesos penales, aun cuando hayan fallecido podemos nosotros ir contra los bienes y lograr que se recupere a favor del Estado.

El caso más resaltante que te puedo decir ahora, es el caso del señor Malca Villanueva que falleció y tenía cerca de 2 millones de soles en una cuenta en México producto de los pagos ilícitos que le habían hecho por aceptar sobornos en algunas licitaciones. Ya hay una sentencia fundada a favor del Estado y estamos en proceso, a través de cooperación judicial, de poder repatriar ese dinero.

Y en el otro caso, el de Ibárcena, en el proceso penal él se fue del país y estuvo como reo contumaz. No se le podía continuar el proceso penal, porque hay que tener a la persona en el proceso penal para poder juzgarlo, pero nosotros seguimos el proceso contra el dinero que tenía en la cuenta en Luxemburgo y al final se sacó la sentencia de extinción fundada y se logró repatriar el dinero a favor del Estado.

Eso son mucho de los casos en los que la extinción de dominio vienen funcionando como una herramienta eficaz de y de política criminal contra la corrupción y delitos graves.

- Respecto al inicio de procesos contra personajes que ya fallecieron. En el aspecto penal, no se les puede investigar, pero por medio de la fiscalía de extinción de dominio si es posible. ¿Se podría hacer eso en el caso del expresidente Alan García, existe algún proceso contra él?

Por casos en particular no te podría hablar, porque hay muchos casos que están en etapa de indagación, pero, de aprobarse este proyecto ley tendría implicancia en todos los casos que aún están en trámite y que están en etapa prejudicial.

En la extinción de dominio precisamente uno de los supuestos es poder ir contra los bienes; porque no se dirige contra las personas; ir contra los bienes de personas que incluso han fallecido, sin mencionar un caso en particular. Pero como te decía, en este caso del señor Malca Villanueva que falleció y dejó esa cuenta con ese dinero en México, se siguió el proceso de contra ese dinero de la cuenta y se les notificó a su sucesión.

Ellos ejercieron la defensa como sucesión y al final el Estado terminó siendo favorecido con la extinción. Se declaró fundada la demanda y ahora ya estamos en una etapa en la que estamos tratando de repatriar el dinero desde México hasta Perú. Ese es el ejemplo más claro de cómo funciona en estos casos.

- ¿Considera que la aprobación de esta ley sería un atropello a la autonomía del subsitema de extinción de dominio?

- El éxito que está teniendo este proceso de extinción de dominio, se debe básicamente a que es un proceso autónomo, y eso lo contempla la Ley. Este proyecto que se pretende aprobar lo que hace es ceñir el proceso de extinción al proceso penal y te exige, como la anterior ley de pérdida, que previamente este tenga una sentencia condenatoria o que se acredite la comisión de un ilícito penal para poder ir contra los bienes de cualquier persona.

Así no va a ser efectivo, sería un retroceso y prácticamente se convierte en un proceso que va a ser, por así decirlo, ineficaz, no se va a poder continuar, va a ser ineficaz poder lograr una sentencia a favor del Estado.

- ¿Cómo quedaría la labor de la Procuraduría General del Estado ante una decisión que afecte a la actual ley?

En realidad, perjudica la labor que viene realizando la Procuraduría en defensa del Estado en esos procesos. Pero no solamente la Procuraduría, como te digo, existe todo un sistema de extinción. Hay fiscales de extinción, que ellos son incluso los que formulan la demanda; entonces todo el trabajo que se ha venido haciendo a través del sistema se vendría abajo.

Sería el retroceso a todo lo ya avanzado, porque no solamente es la Procuraduría; es también la Fiscalía y también la policía que apoyan en todo este sistema y hay jueces también de extinción de dominio, que son los que emiten sus sentencias.

Trae abajo todo el sistema, en extinción de dominio. Es todo un subsistema que ha venido avanzando aún con las dificultades o las carencias a veces de presupuesto o administrativos que se puedan tener, pero el éxito de esta ley se debe básicamente por su autonomía. Si se rompe la autonomía, que es lo principal en este proceso, convierte en letra muerta el proceso de extinción. Va a existir la ley, pero no vamos a obtener las sentencias fundadas y los resultados a favor del estado.