Casi la mitad de la Comisión de Justicia, encargada de investigar a la JNJ, enfrenta investigaciones fiscales

La Comisión de Justicia del Congreso recibió el “encargo” del Pleno para llevar a cabo una “investigación sumaria” contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta falta grave. Aunque la presidenta de este grupo de trabajo, la perulibrista Janet Rivas, reitere una y otra vez que la imparcialidad y el debido proceso están garantizados — pese a reconocer un apresuramiento de su parte —, las dudas incrementan si se mira al resto de la comisión.

Y es que, de los 24 integrantes titulares de la Comisión de Justicia, 11 enfrentan investigaciones a nivel fiscal. Es decir, casi la mitad del grupo de trabajo viene siendo investigado por la presunta comisión de diversos delitos.

¿Por qué es importante esto? Pues, luego de que se reciban los descargos de los integrantes de la JNJ, 4 jueces supremos y constitucionalistas invitados, se deberá redactar un informe final que recomendará al Pleno del Congreso si corresponde remover a los consejeros Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez (vicepresidenta), Henry Ávila, Inés Tello, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.

Este informe final deberá ser debatido y votado por los miembros de la Comisión de Justicia. Dicho de otra manera, el destino de la entidad facultada para nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales de todos los niveles estará, en gran medida, en manos de parlamentarios involucrados en carpetas fiscales.

De los 11 congresistas de la Comisión de Justicia investigados por el Ministerio Público, 4 lo son por el caso ‘Los Niños’. Se trata de los acciopopulistas Luis Aragón y Elvis Vergara, y los perulibristas Pasión Dávila y Américo Gonza. A los referidos parlamentarios se les atribuye los delitos de tráfico de influencias en el marco de una organización criminal por presuntamente haber respaldado al Gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo a cambio de favores ilícitos, como obras direccionadas o designación de allegados en ministerios u otras entidades.

Gonza Castillo también está involucrado en el caso Ascensos irregulares en la PNP y las Fuerzas Armadas; sin embargo, no fue incluido en la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exministro Walter Ayala y el exmandatario.

También integran la Comisión de Justicia 3 legisladoras acusadas de recortar el sueldo a trabajadores de su despacho. Estas son la congresista de Alianza para el Progreso, Rosio Torres; la también apepista y hermana de César Acuña, María Acuña; y la congresista de Podemos Perú y última ministra de la Mujer en el gobierno castillista, Heidy Juárez.

También vienen siendo investigados la integrante de Cambio Democráticos - Juntos por el Perú y secretaria del grupo de trabajo, Nieves Limachi, y el parlamentario de Perú Libre, Flavio Cruz. A ambos se les imputa el presunto delito de peculado doloso por los viajes financiados por el Congreso al interior del país en fechas próximas a Año Nuevo 2023, cuando no había semana de representación.

Estos hechos fueron revelados por Panorama, que también abordó a los legisladores. Cruz dijo que “en Año Nuevo, por motivos familiares tienes que estar en tu región”; mientras que Limachi alegó que los parlamentarios tienen a su disposición pasajes para viajar “en cualquier momento” y afirmó no recordar las actividades parlamentarias que cumplió.

Cabe precisar que Cruz también arrastra una sentencia civil por demanda de alimentos, por lo que el Congreso le retiene 2.750 soles mensualmente (equivalente al 17% de su remuneración).

Finalmente, tenemos al fujimorista Héctor Ventura y al exjuez José María Balcázar, quienes son investigados por presunta desobediencia a la autoridad.

En el caso de Ventura, la denuncia tiene fecha 17 de noviembre de 2022, día en el que el suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú Santos Michel Ramírez Cabanillas, lo denunció ante la Comisaría de San Andrés por supuestamente haberle propinado una patada cuando prestaba servicio de seguridad en los exteriores del Palacio Legislativo, específicamente en el cruce de la Avenida Abancay con Jirón Junín.

“Al ser responsable del puesto (de seguridad) y teniendo la luz roja del semáforo de la intersección, no abrí la reja de forma inmediata, por lo que el congresista descendió del vehículo y sin decirme palabra alguna me dio una patada en mi pie, lado derecho, causándome una lesión”, relató el efectivo según el parte policial.

De acuerdo con la versión de Ramírez, el fujimorista “gritaba enérgicamente ‘Estamos en guerra’”. Probablemente se refería a la cuestión de confianza que planteó el entonces premier Aníbal Torres ante el Congreso para derogar la norma que limita el referéndum.

Respecto al caso de José María Balcázar, éste surge por su labor como presidente de la Comisión Especial para la selección de candidatos aptos para magistrado del Tribunal Constitucional, entre septiembre de 2021 y la primera mitad del 2022.

Cuando Balcázar se desempeñaba en este cargo, la comisión censuró cerca del 80% de los informes de la Contraloría sobre las hojas de vida de los postulantes, documentos que requirió, vía solicitud de acceso a la información, el periodista Wilber Huacasi, del Diario La República.

Cabe precisar que la comisión especial se negó en un inicio a entregar los informes de la Contraloría, por lo que el caso llegó al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este último remitió el expediente al Ministerio Público.

De esta manera, la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima inició diligencias preliminares contra José María Balcázar en septiembre de 2022. Según reportó La República, en enero de 2023 el fiscal a cargo elevó el expediente al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debido a que es la única facultada constitucionalmente para investigar a altos funcionarios. Sin embargo, de acuerdo al citado medio, a junio de este año, el caso seguía pendiente de calificación.

La Comisión de Justicia citó para este jueves 21 de septiembre a todos los integrantes de la JNJ para que den sus descargos respecto a las imputaciones contenidas en la moción de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

Para el viernes 22, se convocará a los jueces supremos Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial y de la Sala Plena de la Corte Suprema; Elvia Barrios, presidenta de la Sala Suprema Penal Transitoria; César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente; y Janet Tello, presidenta de la Primera Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

Todos los magistrados supremos deberán dar su versión sobre las supuestas presiones de la JNJ para pronunciarse a favor de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, pese a que Arévalo y Barrios ya lo han negado.

La Comisión de Justicia también contempla invitar al periodista y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, por supuestamente recibir información filtrada por la JNJ. Sin embargo, mediante una contundente columna, el hombre de prensa adelantó que no acudirá a “esa farsa”.