El exministro del Interior Rubén Vargas criticó la declaratoria de estado de emergencia ordenado por el gobierno de Dina Boluarte, con el fin de frenar actos delictivos en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana. Recordemos que la medida entró en vigencia la madrugada del 20 de setiembre ante los últimos casos de extorsión y asesinatos por ajuste de cuentas en los distritos mencionados.
Para el especialista, el Poder Ejecutivo no tiene claro cómo combatir estos delitos. Opinó que sobre todo el premier Alberto Otárola viene tomando a la ligera y de forma irresponsable esta situación.
En entrevista con Al Estilo de Juliana, el experto aseguró que la solución no es que los militares controlen determinadas zonas, ya que el delito de extorsión requiere un abordaje específico por sus características.
Este crimen necesita ser combatido mediante trabajos de inteligencia de parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Rubén Vargas explicó que los delincuentes detrás de este delito operan desde la clandestinidad, por lo que no podrán hallarlos en un contexto de estado de emergencia.
“La extorsión tiene una naturaleza, un modus operandi, que tiene que ver con organizaciones criminales que actúan subterráneamente. Los extorsionadores no están con un chaleco con franjas reflectoras en las esquinas de las calles. Son estructuras criminales que actúan de manera subrepticia y subterránea, que utilizan básicamente la tecnología y los teléfonos”, precisó.
En ese sentido, negó que un estado de emergencia frene estos hechos delictivos. Propuso que el gobierno de Dina Boluarte fortalezca las unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) en lucha contra el crimen organizado.
También recomendó que las unidades de inteligencia del Ministerio del Interior, como la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Inteligencia de la PNP, se enfoquen en investigar a los líderes de las bandas criminales que cometen extorsión.
Señaló que actualmente el personal que labora en estas áreas está enfocado en monitorear a las personas que protestan contra Dina Boluarte.
“En este afán de enfrentar al crimen organizado necesitamos ‘Constelación’, que es una plataforma tecnológica que permite hacer interceptaciones telefónicas legales. Está en este momento casi abandonada”, indicó.
Para Rubén Vargas, no solo los alcaldes de los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana permanecen desconcertados ante la ola de crímenes. El Poder Ejecutivo tampoco sabe cómo resolverlo, por lo que recurrieron a la aplicación del estado de emergencia, medida que ya se ha aplicado en otros gobiernos, pero que no dio resultados.
En 2015, Ollanta Humala también ordenó que los militares tomen las calles del Callao, luego de que aumentaran los asesinatos por ajustes de cuentas.
Pedro Castillo hizo lo mismo cuando crímenes aumentaron en La Libertad, Piura, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y Callao.
“¿Sirvió de algo? absolutamente no porque el estado de emergencia se convierte en una salida demagógica, en un tiro al aire si no está en el marco de una estrategia mayor, sino se saben los objetivos para esa declaratoria de estado de emergencia”, agregó.
El exministro del Interior también criticó que Alberto Otárola haya prometido a inicios de año un proceso de reforma profunda de la PNP y que no lo cumpliera. Además, señaló que se haya hablado de la aplicación de un ‘Plan Boluarte’ y que no se tomaran medidas en ese sentido.
“Ahora nos sale con un estado de emergencia en algunos distritos, pero ¿qué es lo que va a hacer el estado de emergencia si no hay una estrategia, si no hay un plan? El señor Otárola es experto en ejecutar el plan huevear, porque nos están hueveando a lo lindo”, opinó.
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