El pasado 19 de septiembre, la Comisión de Descentralización del Congreso, que preside el legislador Alejandro Cavero de Avanza País, aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley 4952/2022-CR, el cual propone el fortalecimiento de las libertades de empresa y comercio reconocidas en el artículo 59 de la Constitución y especifica las causales de clausura municipal de establecimientos comerciales.
Es apropiado señalar que distintos gremios como la Asociación Empresarial Gamarra Perú (AEGP), la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) habían demandado la participación de los legisladores, considerando que una protección legal era la única manera de combatir las arbitrariedades municipales. En ese sentido, el proyecto fue respuesta a las demandas populares de los trabajadores, quienes estaban “hartos” de tener que sobrellevar los abusos de las autoridades, pues las pérdidas ascendían a altas cifras. Para dar contexto, los gremios antes mencionados reportaron que los fiscalizadores y agentes municipales, al cerrar los locales con base en su juicio y no al marco legal, suponían una resta acumulada cercana al medio millón de soles de manera mensual.
Así, el congresista Cavero señaló que el proyecto propone limitar el discrecional accionar con el que procedían las autoridades administrativas para clausurar los diferentes establecimientos comerciales. Por supuesto, los agentes podrán clausurar aquellos establecimientos que sugieran una situación que lo justifique; es decir, cuando se pone en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, según el propio legislador.
¿En qué consiste la medida?
Para erradicar las arbitrariedades y el abuso, se propone una norma que fortalece el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, y las libertades de empresa y comercio, que regula el objeto, las definiciones, la finalidad, el ámbito de aplicación, la clausura temporal, la imposición de multas y la clausura definitiva.
Además, también apela a la modificación de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en la cual se modifica el tercer párrafo del artículo 46; el primer párrafo de los artículos 49 y 78; e integra el artículo 49-A a la Ley 27972, para condicionar las facultades que, previamente, permitían a las autoridades actuar con discrecionalidad protegidas desde su posición de poder.
Al respecto, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, comentó: “Esta medida evitará la arbitrariedad con la que pueden actuar algunas entidades y funcionarios del aparato estatal”.
Para evitar precisamente estas situaciones, la norma propuesta establece de forma clara, objetiva y específica cuáles son las causales de sanción, ya sea por clausura o por multa de establecimientos comerciales, en un determinado ámbito del Estado.
“Con este dictamen hemos dado un paso adelante para garantizar la predictibilidad, la proporcionalidad y la razonabilidad en la tarea de fiscalización de los gobiernos locales a los micro y pequeños empresarios. Necesitamos construir un Estado que sea amigable con la libre empresa, y quienes crean prosperidad y trabajo en nuestro país. Hemos buscado garantizar el orden y la autoridad, pero al mismo tiempo poner siempre al ciudadano como prioridad”, apuntó el congresista Alejandro Cavero.
Trabajadores se pronunciaron
Ana María Jiménez, quien es presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, señaló que la aprobación del dictamen es un paso nuevo para conseguir la justicia que los emprendedores peruanos merecen, pues en más de una oportunidad se ha visto obligada a pagar altas sumas de dinero en multas y coimas para seguir trabajando.
“Las empresas del sector salud estamos expuestas a una doble presión porque, por un lado, tenemos inspectores del Minsa (Ministerio de Salud) y, por el otro, a inspectores municipales con todas las arbitrariedades cometidas. Desde el sector de farmacias y boticas esperamos que el Pleno finalmente dé su respaldo al proyecto para proteger la inversión y sobre todo el emprendimiento que con tanto esfuerzo hay en el país”, anotó.
También se expresó al respecto José Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios y Restaurantes, quien mostró su satisfacción por la aprobación, ya que significará el freno de los malos agentes, quienes abusan de empresas pequeñas y medianas que muchas veces no cuentan con apoyo legal ni conocen sus derechos. “Esta aprobación ayuda a tener proyectabilidad en los negocios y sobre todo va a beneficiar a las micro y pequeñas empresas que son las más afectadas. El 98% son micro y pequeñas empresas, y están en un grado severo de vulnerabilidad ante las malas autoridades”, manifestó.