La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció desde Estados Unidos la declaratoria del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (en Piura), y la salida de las Fuerzas Armadas como apoyo de la Policía Nacional del Perú. La medida generó polarización en el país, pues se dejó en evidencia que no existe un plan claro para aplicar la figura que recorta derechos y libertades de la ciudadanía. Uno de los políticos que la cuestionan es Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).
En diálogo con RPP, el parlamentario calificó los hechos de extorsión informados por la prensa como “actos terroristas” y opinó que el ente encargado de ofrecer un plan operacional es “la inteligencia policial”.
“La extorsión, utilizando explosivos, es un acto terrorista y así lo tiene que determinar el juez, porque se está empleando algo violento para generar temor. No es el terrorismo clásico con intención política, es un terrorismo para amedrentar a las personas a las que va dirigida la acción delincuencial”, mencionó.
Precisó que “sacar a los soldados significa que los policías no pueden combatir la delincuencia común, que es su función básica”, lo que brinda “un mal mensaje y debilitamiento de la policía porque en vez de fortalecer sus capacidades, mejorar sus competencias, lo que les decimos es que ahora deben compartir su tarea con los soldados y los dejamos como están”.
“¿Dónde está ese plan Boluarte que supuestamente se ha hecho conociendo la situación particular que los alcaldes han dispuesto? Ellos no tienen responsabilidad de esto porque ellos deben dedicarse a espacios públicos seguros, reducir los factores de riesgo social, incrementar la calidad de vida de su distrito. Sin embargo, vemos que invierten sus recursos en equipar a la policía, cuando la policía es una responsabilidad del Ministerio del Interior, entones no tenemos una estrategia”, explicó.
En ese sentido, mencionó que, mientras no se tenga una estrategia, no debe recurrirse a la declaratoria de emergencia, ya que anteriormente se ha implementado sin respuestas ni beneficios para la población.
“Tenemos una presidenta que cuando ha empleado las Fuerzas Armadas en eel estallido social dijo ‘yo mando, pero no comando’. Un ministro de Defensa actual que guarda silencio y no se pronuncia, ¿ese es el respaldo que le está dando a los soldados?”, cuestionó.
“Creo que aquí los que tienen que darnos una respuesta en la parte operacional es la policía, además, debemos romper ese divorcio entre la PNP, el Ministerio Público y Poder Judicial”, agregó.
Jorge Montoya también en contra
No es el único legislador en contra. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, también se sumó al rechazo de la decisión anunciada por el Ejecutivo. En declaraciones a la prensa, sostuvo que el gobierno “se está equivocando completamente con las medidas que están tomando”.
“El país está viviendo una ola de crímenes grandes, la gente está con mucho temor, la percepción de seguridad es altísima, pero eso no obliga a que se hagan cosas que no deben de hacerse. Se están sacando a las Fuerzas Armadas a realizar una tarea para la cual no están preparadas. Ese es un trabajo policial y tiene que ser hecho con orden, con una estrategia bien planificada y de la manera que saben hacer las cosas los policías”, cuestionó.
“No estamos combatiendo un grupo armado que puede ser identificado para que las Fuerzas Armadas intervengan, estamos hablando de gente que vive en un barrio y que sale a robar, se viste igual que todos y no hay forma de identificarlo, salvo que funcione la inteligencia y esa es labor de la PNP”, acotó.
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