El juez supremo y coordinador del nacional del Subsistema Especializado en Extinción del Dominio, Manuel Luján Tupez, expresó su rechazo al intento del Congreso de la República de aprobar el dictamen que limita el proceso de extinción del dominio, proceso mediante el cual bienes producto de actividades ilícitas pasan a ser posesión del Estado.
Un ejemplo de extinción del dominio es la reciente incautación de la vivienda que entregó Sada Goray a Salatiel Marrufo como parte de los sobornos para copar el Fondo MiVivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
“Hoy día celebran los 201 años de su aniversario de creación del Congreso de la República. Pero es curioso que, en este día, que los saludo, ustedes hayan decidido no solamente hacer un pleno sobre seguridad ciudadana, sino de incluir la aprobación del dictamen 3577-2022. Ese proyecto de ley al incluir las palabras actividad ilícita delictiva y tipo penal impide seguir trabajando por el Perú, seguir extendiendo los bienes ilícitos que provienen del sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y el narcoterrorismo”, indicó Luján Tupez.
“Todos estos delitos tienen en común que generan dinero, dinero que va a los bancos, dinero que compra vehículos, dinero que compra inmuebles. Esos inmuebles, no sean ingenuos, no van a nombre de los delincuentes, van a nombre de terceras personas. Ni siquiera esas terceras personas en muchos casos saben que tienen esos bienes a su nombre. ¿Nosotros qué hacemos? Extinguimos esos bienes para el país, esos bienes que le hacen daño a la sociedad y que impiden que un trabajador y una trabajadora honesta que le sirve para comprar sus cosas, el sudor de su frente y el esfuerzo de su vida pueda ver al frente a una persona que con el ilícito se enriquece y tiene cosas que esta en su vida nunca podría tener”, agregó.
Por ello, el magistrado supremo invocó al Congreso a que “piensen en el país” y no aprueben el proyecto de ley del fujimorista Jorge Morante. “Permítannos seguir trabajando para conseguir una patria mejor que el Perú de nuestros hijos y nuestros nietos se merecen”, señaló.
La iniciativa legislativa implica agregar dos palabras al decreto legislativo N° 1373, específicamente a la definición de “actividad ilícita”. El impacto de esta modificación es que el Estado no podrá tomar posesión de bienes producto de la delincuencia hasta que exista una sentencia del Poder Judicial.
Procuraduría se pronunció
En abril de este año, la procuradora pública Especializada en Extinción del Dominio, Liliana Meza Quito, se pronunció en contra de la pretensión del Congreso de debilitar el proceso de extinción del dominio.
“Al día de hoy, el subsistema de extinción de dominio viene siendo exitoso y es un referente a nivel internacional en la recuperación de activos ilícitos. Aprobar la nueva propuesta significaría un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción, el lavado de activos, la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas que, sin llegar a ser delito, generan patrimonios obtenidos fuera de los límites de la ley”, reclamó Meza Quito.
“Solicitamos al Congreso considerar la opinión advertida en el informe emitido por esta procuraduría -así como la de las demás instituciones que conforman el subsistema de extinción de dominio, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y el PRONABI- para que sea ponderada tanto en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como en cualquier instancia previa a su programación para debate en el pleno”, exhortó la procuradora.