El Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a Telefónica del Perú para contratar por el Estado por un periodo de 36 meses. Así lo dio a conocer la propia compañía a través de un hecho de importancia comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La empresa comunicó que esta decisión no cuenta con los fundamentos adecuados que la sustenten. Por ello, se encuentran evaluando acciones legales a fin de cuestionar dicha medida.
En su comunicado, precisaron que los contratos suscritos con las entidades públicas del aparato estatal a la fecha que se encuentran vigentes no se verán afectados. “Telefónica del Perú continuará prestando los servicios contratados conforme a los términos pactados”, indicaron.
¿Cómo surge la sanción a Telefónica tras un servicio al MTPE?
La sanción se debió luego de que la empresa brindara un servicio de conectividad al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por un monto de S/100.000, y en la lista de personas involucradas en el proyecto figuraba el trabajador identificado como Jorge Luis Quispe Cruz, a quien luego se le constató que sus grados académicos presentados como Bachiller en Ingeniería Electrónica no estaban consignados por la Universidad Nacional del Callao y ni siquiera figura como ingresante a dicha carrera.
Según detalló Telefónica a Infobae Perú, conocido los hechos, el involucrado fue retirado del proyecto, despedido de la empresa y denunciado penalmente.
Posteriormente, el Ministerio de Trabajo envió esta información al Organismo de Supervisión de Contrataciones con el Estado (OSCE), quien decidió establecer la sanción. “El servicio de Movistar al Ministerio de Trabajo se cumplió al 100% y el Ministerio dio su conformidad en su oportunidad. Es decir, se ejecutó sin ninguna afectación al Estado”, indicó la empresa.
Razones para que Telefónica sea inhabilitada de contratar con el Estado
De acuerdo a la resolución N° 3330 - 2023 - TCE del 17 de agosto de 2023, la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a Telefónica del Perú con suspensión temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el estado por un periodo de 36 meses por los siguientes motivos:
- Haber presentado documentación falsa e información inexacta ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el marco de la adjudicación simplificada N° 16-2020 MTPE- 2- Segunda convocatoria para la “contratación del servicio telefónico de cobro revertido automático 0800 para el MTPE”: Diploma de Bachiller en Ingeniería Electrónica de fecha 27.10.1995 supuestamente emitida por la Universidad Nacional del Callao a favor del señor Jorge Luis Quispe Cruz.
De acuerdo con el expediente del Tribunal de OSCE, la Jefa de la Unidad de Certificaciones y Resoluciones de la Oficina de Secretaria General de la Universidad Nacional del Callao confirmó que no se ha encontrado ningún diploma a nombre de Jorge Luis Quispe Cruz en los libros de grados académicos de bachilleres del año 1995, que obran en esa Unidad; así como que el formato de la copia del diploma que adjuntan, no es el utilizado por la Universidad Nacional del Callao, los que en esa fecha eran caligrafiados.”
Telefónica: “no hubo perjuicio al Estado”
De acuerdo con la compañía, entre el 2021 y lo que va del 2023, la participación de Telefónica en concursos públicos del Estado ha contribuido con un ahorro de alrededor del 25% por debajo de los precios base de referencia, lo que ha significado aproximadamente S/98 millones de ahorro para el Estado.
A través de un comunicado, Telefónica dio a conocer previamente que la resolución expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, en donde se la inhabilita de manera temporal, “resulta totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos”.
“Telefónica cumplió con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad requerido por el Ministerio de Trabajo y con todas las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con dicha institución. El servicio brindado no produjo ningún perjuicio para el Estado peruano. El monto contratado con esta institución fue de 100 mil soles”, señaló en su descargo.
Por las razones expuestas, la compañía informó que tomará las acciones necesarias ante el Poder Judicial para revertir esta “desproporcionada sanción”.
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