Este 19 de septiembre, tres gremios se unieron en solidaridad y publicaron un recuento de la pérdida de dinero que les supone el abuso de la autoridad municipal. La cifra fue escandalosa: entre los tres gremios se pierde aproximadamente medio millón de soles cada mes; es decir, cerca a los 17 mil soles diarios. El comunicado emitido fue firmado por la Asociación Empresarial Gamarra Perú (AEGP), la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN).
Arbitrariedad de las autoridades
La crítica apunta a la arbitrariedad con la que las distintas autoridades fiscalizan los negocios, siendo estas abusivas, y buscando un beneficio propio e inmoral. Al respecto, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, señaló que un puesto formal situado en el emporio comercial pierde tres mil soles al día cuando es cerrado. Además, precisó que las razones de clausura o suspensión de un local suelen ser cuestiones absurdas como “un maniquí ubicado a diez centímetros sobre la puerta” o “que al fiscalizador le parezca que la pintura en una señalización está mal”.
La representante gremial comentó que el año pasado, por lo menos el 50% de las galerías fueron cerradas en algún momento. Siguiendo el cálculo, una galería cuenta con unas doscientas tiendas en promedio, por lo que el empresariado pierde un monto cercano a los 600 mil soles diarios. “Así es imposible mantenerse; cualquier empresario se va a la bancarrota” señaló Saldaña.
Bodegas son afectadas para el cobro de licencias
El gremio de bodegueros también resaltó que, a la par de sus labores, los dueños de las bodegas deben sobrellevar las cargas de abuso y juicio arbitrario por parte de los fiscalizadores y agentes de la municipalidad. Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú y cuya labor es velar por los intereses de los bodegueros a nivel nacional, indicó que en los distritos de Comas, Independencia y otros se registran por lo menos diez negocios cerrados al día. Para reabrir sus negocios, los emprendedores requieren de asistir a la municipalidad para pagar la licencia de funcionamiento, cuyo mínimo costo es cercano a los 150 soles.
“Como mínimo, más o menos, las municipalidades se llevan 1.500 soles por día. Lo que al mes significa, algo de 45 mil soles. Las principales observaciones son que los equipos de frío como neveras y refrigeradoras no cuentan con los conectores de tres, con cable a tierra, algo que no sucede, obligan a alterar el aparato nuevo, para cumplir con sus requisitos”, declaró.
Gremio de panaderos solicita intervención desde el marco legal
El presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, Pío Pantoja, no dudó en mostrar su descontento tras las graves afectaciones a su sector. Es que, como indicó, su gremio está sufriendo cierres injustos y necesita una ley que lo proteja. Asimismo, Pantoja recordó que la asociación cuenta con ocho mil panaderías en Lima y doce mil panaderías en otros departamentos (veinte mil panaderías en total); la gran cantidad de labores que esto implica hace que las panaderías generen en total unos 300 mil puestos de trabajo.
“Los cierres temporales arbitrarios en promedio duran siete días para una panadería pastelería; ello representa en pérdida de ventas diarias en promedio de 1.500 soles; existe un estimado promedio de 500 panaderías mensuales en su mayor cerradas por arbitrarias y discrecionales fiscalizaciones municipales; esta realidad representa al mes para el sector panaderías y pastelerías una pérdida en ventas de 5 millones 250 mil soles que al año se transforman en pérdidas en ventas de 63 millones de soles”, mencionó.
Además, agregó que algunos panaderos acceden a pagar las coimas que algunos funcionarios solicitan para no cerrar sus establecimientos. “Esta plata mal ganada por parte de malos fiscalizadores, calculamos que al año asciende a 2,4 millones de soles”, precisó.
Los tres gremios afirmaron la necesidad de ponerle límites a las arbitrariedades de las municipalidades; por ello, solicitaron al Congreso del Perú que se apruebe el Proyecto de Ley N° 4952, que busca condicionar a las autoridades para evitar que cometan abuso.
“No podemos continuar luchando solos. Necesitamos un marco legal que nos ampare y que las municipalidades no nos sigan viendo como su caja chica. Hoy está en manos de los congresistas de la República cambiar esta situación”, finalizó.
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