El estado de emergencia declarado por el poder Ejecutivo en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y la provincia de Sullana, podría movilizar la delincuencia hacia otros distritos, advirtió, en entrevista con Infobae Perú, Enrique Castro Vargas, especialista en seguridad ciudadana y coordinador de proyecto del Taller de Asuntos Públicos.
“(esta estrategia) no ha tenido efectos positivos en términos de sostenibilidad de una política adecuada. Si bien es cierto que la presencia militar o policial en exceso en un territorio disuade y disminuye la victimización en ese tiempo, ocurren otras cosas más, como el desplazamiento no solo de los delincuentes, sino también de las mafias”, afirmó.
Además, dijo que las organizaciones criminales no solo van a volver a estas jurisdicciones, sino que “en un análisis de costo - efectividad, es mayor el gasto en mover tropas, que el delito a disminuir”. Asimismo, indicó que los gobiernos locales podrían aprovechar esta oportunidad para realizar compras “sin tanta observación ni fiscalización”.
“El desplazamiento militar ya se puede hacer por la Ley 1095, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública: puede ser durante un estado de emergencia y cuando la Policía lo solicite para determinados puntos”, estableció.
De acuerdo al especialista, no se puede mantener al Ejército en las calles, por lo que este tipo de medidas no se pueden sostener en el tiempo.
“Se está apuntando equivocadamente con el estado de emergencia clásico, donde aumentas el pie de fuerza. Si se tratase de uno donde, con carpetas fiscales y judiciales, puedas hacer infiltraciones, trabajos de escucha, podrías hacer un mejor trabajo de inteligencia, si lo que quieres es combatir el crimen organizado”, añadió.
Críticas a medidas planteadas por López Aliaga
Ante el anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de que impulsará la aprobación de una ley contra el “terrorismo urbano”, Castro calificó esta declaración como “populismo penal”.
“El terrorismo urbano es por granadas o artefactos explosivos que se han utilizado en extorsión. Esto está tipificado como extorsión agravada en banda y no baja de 10 años de cárcel. El término está mal usado, ya que el terrorismo es la acción violenta con fin político”, manifestó.
El burgomaestre de la capital también sugirió que los menores de 16 años que hayan cometido un delito puedan ir a la cárcel.
“Entonces, deberían darle derecho a votar a los niños de 16 años. Si le vas a dar responsabilidad penal, dale también responsabilidad política. Es demagogia punitiva. En nuestro país ya tiene penas para chicos de 15 años en casos de delitos graves, como homicidios. Hay un nuevo código de responsabilidad penal para adolescentes, lo que no existe es su implementación”, aseguró.
Medidas contra la delincuencia
De acuerdo a Enrique Castro, existen instrumentos políticos que pueden usar las autoridades, como las diferentes políticas nacionales contra las drogas, la trata de personas, de seguridad ciudadana y de las penitenciarias. “Esto lo digo en términos formales porque, de ese abanico, tú puedes seleccionar y priorizar”, explicó.
Asimismo, mencionó que se debe plantear estrategias distintas y análisis territoriales diferentes, ya que hay lugares donde el homicidio es mayor, por ejemplo.
“En Lince se planteó una mesa con las trabajadoras sexuales, el alcalde, ministerios diversos y la Fiscalía, para regular. Así eliminas a las organizaciones que manejan estos mercados y generan delitos”, aseveró.
Por otro lado, indicó que las organizaciones criminales han creado “una buena campaña para la extorsión”. “Que te pongan una granada no es nuevo, pero que la hayan hecho estallar, es distinto. Busca un mensaje. Entonces, el Estado tiene que mandar un mensaje, pero apuntando a las causas estructurales”, dijo.
En el caso de la extorsión, el especialista sugirió a los ciudadanos denunciar este delito al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la PNP, si desconfían de las comisarías.
“Lamentablemente, más del 70% de la población no confía en la Policía. Solo el 15% de personas denuncian por esto. Uno relaciona que, si voy a hacer una denuncia, los efectivos pueden tener algún tipo de lazo y me pueden presionar peor. Entonces, la gente prefiere pagar”, explicó.