El Poder Ejecutivo ordenó que el estado de emergencia inicie la madrugada de hoy miércoles 20 de septiembre, en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, en Piura. La medida se planteó para evitar que actos delictivos continúen cometiéndose en zonas de estas jurisdicciones.
Después de la medianoche, quedará prohibido que ciudadanos y ciudadanas que residan en los distritos mencionados se reúnan. El decreto supremo 105-2023-PCM, que oficializa esta medida, prohíbe la realización de eventos sociales hasta las 4 de la madrugada.
Específicamente ya no podrán respetarse los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, inviolabilidad de los domicilios, la libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
El estado de emergencia se cumplirá durante 60 días contados desde el miércoles 20 de septiembre, debido a los altos índices de delincuencia registrados en determinadas jurisdicciones.
El ministro del Interior, Vicente Romero, detalló que esta medida se ejecutará a raíz de que en los últimos días se reportaron crímenes cometidos por bandas delictivas vinculadas al sicariato, extorsión, trata de personas y delincuencia internacional.
“Esta situación nos obliga como gobierno a radicalizar nuestras acciones para combatir la complejidad y ferocidad que ha adquirido la delincuencia en esta zona declarada en emergencia. Se ha llegado al extremo incluso de colocar bombas y granadas en locales abiertos al público, como se hacía en los peores momentos o épocas del terrorismo. Como gobierno no lo vamos a permitir”, declaró.
Para hacer cumplir el estado de emergencia, Vicente Romero aclaró que los policías y militares podrán usar armas.
¿En dónde se aplicará el estado de emergencia?
El estado de emergencia se aplicará en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima Metropolitana.
Mientras que en la provincia de Sullana, ubicada en la región de Piura, se ejecutará en los distritos de Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa de la provincia de Sullana.
Durante 60 días, la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el control del orden interno. La institución policial será la encargada de indicar en qué zonas específicas de los distritos mencionados necesitarán la presencia de los militares.
En ese sentido, en San Juan de Lurigancho, las Fuerzas Armadas se encontrarán en Pasamayito, túnel Santa Rosa, Jicamarca y Campoy.
En tanto, en el distrito de San Martín de Porres, los militares se encontrarán en la carretera Canta Callao y las avenidas Tomás Valle, Angélica Gamarra, Universitaria, Perú, Zarumilla, Vía Evitamiento, Caquetá y en el puente del Ejército.
El general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Roger Pérez, informó que los efectivos policiales, con el apoyo de militares, no solo se dedicarán a permanecer en las calles.
Durante el estado de emergencia, también continuarán investigando a las organizaciones criminales para dar con sus líderes en las operaciones policiales.
“(Esta labor se realizará) no solamente en los distritos que están declarados en emergencia, sino en todos los lugares donde se comenta hechos delictuosos. De manera paralela, las Fuerzas Armadas y la Policía seguirán realizando el trabajo que corresponde hacer en estos lugares. Así que no se va a dejar de trabajar para seguir identificando a los líderes de estas bandas y organizaciones criminales. Si en algún momento se ha capturado a personajes de segundo o tercer nivel de una organización o banda criminal, eso no significa que haya terminado la investigación, se continúa hasta llegar a los cabecillas de estas organizaciones”, explicó.
Según el decreto supremo publicado, la Policía Nacional del Perú podrá coordinar con distintas entidades la aplicación de operaciones policiales en los alrededores de los establecimientos penitenciarios.
Deberán apoyar en ese sentido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio Público, el Ministerio Público, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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