Congreso agenda proyecto fujimorista sobre extinción de dominio que afecta al sistema de justicia

El Congreso de la República ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la extinción de dominio por parte de la Procuraduría General del Estado (PGE), beneficiando a los investigados. En el marco de la agenda del pleno temático sobre seguridad ciudadana que se llevará a cabo de este miércoles 20 de septiembre, se ha priorizado el proyecto de ley 3577, propuesto por Fuerza Popular, que podría resultar provechosa para gran cantidad de personajes políticos inmiscuidos en investigaciones polémicas que han adquirido bienes con dinero presuntamente malhabido.

En la propuesta de ley 3577, planteada por el legislador fujimorista Jorge Alberto Morante Figari, se plantea modificar el texto del decreto legislativo N° 1373; y aunque no parece existir un gran cambio en él, al pretender agregar apenas dos palabras; el contenido y el sentido de estas podrían acarrear pérdidas para el Gobierno de miles de soles, así como los bienes que políticos investigados adquirieron mediante la presunta comisión de delitos como lavado de activos y más.

El documento que se encuentra en agenda para ser debatido este miércoles agrega dos palabras en el artículo III del decreto 1373, exactamente en la definición de lo que es una “actividad ilícita”, a la que precisa como “toda acción u omisión delictiva contraria al ordenamiento jurídico penal relacionada al ámbito de aplicación establecido en el artículo I del Título Preliminar del presente decreto legislativo”.

Si bien el cambio parece mínimo, el hecho de que se intente agregar la condición de delictiva a esta propuesta o el denominativo de “ordenamiento jurídico penal” implica que la Procuraduría General del Estado (PGE), encargada de las solicitudes de extinción de dominio que permiten que el Ejecutivo recuperen para el Perú miles de soles en incautaciones e indemnizaciones, no pueda realizar acción alguna hasta que no exista una sentencia por parte del Poder Judicial.

Esta disposición va en contra de todo ordenamiento del sistema judicial de extinción de dominio, en el que existen no solo procuradores, sino también fiscales y salas del poder judicial especializadas en este ámbito que funciona de manera autónoma al sistema penal.

Ya en abril de este año, la Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento en el que advertía la peligrosidad existente en esta propuesta que, según declaraciones de la procuradora especializada en extinción de dominio, Liliana Meza, para Infobae Perú, significa un retroceso en la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente.

En el comunicado de inicios de año, la procuraduría claramente alertó que “la actual ley de extinción de dominio no se limita a una actividad ilícita penal-tal y como se regulaba en el pasado con el derogado DL N.º 1104, el cual no tuvo eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada”.

Un ejemplo claro de esto, es que mediante la ley actual, la PGE tiene la posibilidad de ejecutar procesos de extinción de dominio sobre los bienes de personajes investigados que ya han fallecido, a diferencia de lo que se estila en el ámbito penal, en el que las investigaciones se detienen completamente de producirse la muerte de la persona investigada.

Otro ejemplo de las principales pérdidas que Meza detalló en exclusiva para este medio y que puede representar la aprobación de este proyecto de ley, es el de Alejandro Toledo. Este es uno de los casos más emblemáticos en el sistema de extinción de dominio, por el que existe un procedimiento iniciado en contra suya y de su familia, tanto por el caso Ecoteva, como las otras investigaciones a las que el expresidente se encuentra sujeto.

El juez Supremo Manuel Luján Túpez, Coordinador Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, también se pronunció respecto al hecho presto a ser aprobado este miércoles en el pleno, y pidió a los miembros del Congreso “que piensen en el país” y rechacen la propuesta fujimorista.

“Es curioso que en este día que los saludo, ustedes hayan decidido no solamente hacer un pleno sobre seguridad ciudadana, sino incluir la aprobación del dictamen 3577-2022. Ese proyecto de ley nos impide seguir trabajando por el Perú, seguir extinguiendo los bienes ilícitos que provienen del sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y el narcoterrorismo”, aseveró el magistrado.