Tras la inauguración de la Nueva Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lima, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, fue consultado sobre la “investigación sumaria” que el Pleno del Congreso de la República aprobó en contra de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Pese a la insistencia de los medios de comunicación, el funcionario evitó pronunciarse.
Como se recuerda, con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, la representación nacional respaldó la moción presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), a fin de que la Comisión de Justicia concluya si hubo o no intromisión por parte de los miembros del organismo tras emitir un comunicado rechazando el juicio político y antejuicio contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
“Quiero decirles a todos que guarden la calma. Yo tengo el deber constitucional de ir y presentarme ante el Congreso, y en ese momento diré lo que tenga que decir. No puedo responderles a ustedes nada porque sería una falta de respeto al Congreso que yo en una conferencia de prensa diga algo. Yo no tengo nada que opinar ni pronunciarme porque no me compete”, expresó Arévalo ante la prensa.
Cabe mencionar que entidades nacionales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y embajadas de Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, México, Francia, Argentina y Reino Unido, rechazaron la decisión tomada por el Poder Legislativo.
“En el marco del Día Internacional de la Democracia, apoyamos los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la democracia en el Perú y valoramos nuestra amistad duradera con el pueblo peruano”, se lee en el pronunciamiento publicado en redes sociales por los distintos gobiernos.
Incluso, organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Human Rights Watch, pidieron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Perú.
“Solicitamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos a considerar estos hechos, así como otros recientes ataques similares al sistema de justicia electoral, como elementos para reactivar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Perú, al tratarse de acciones parlamentarias que alteran el orden constitucional que afectan gravemente el orden democrático”, instaron.
“Consideramos que estos hechos son de máxima gravedad, y configuran un riesgo de quiebre del orden constitucional con efectos sobre el régimen democrático. El reciente ejemplo de Guatemala ya ha mostrado los efectos nocivos de usar indebidamente mecanismos jurídicos para atacar a la justicia y desactivar órganos de control, lo que no debe repetirse”, alertaron.
“No existen garantías”
El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, expresó que, si bien “el artículo 157 de la Constitución establece la potestad del Congreso de remover a los miembros de la JNJ […], dice por causa grave. No hay regulación ni el Reglamento del Congreso establece un procedimiento en relación con este tipo de situaciones, ni se ha tipificado qué significa la causa grave”.
“Nuestro mayor rechazo tiene que ver con la naturaleza de las imputaciones. Es decir, son cinco imputaciones que ya son materia de denuncias constitucionales que están actualmente en curso. Ninguna persona puede ser procesada dos veces por la misma materia”, dijo en diálogo con RPP.
Presidenta de la Comisión de Justicia reconoce apresuramiento
En diálogo con el medio mencionado, la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, reconoció que se apresuraron en citar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. “No se cumplió citarlos con el debido tiempo. Es un error que se cometió desde la presidencia de la Comisión de Justicia”, dijo con RPP Noticias.
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