Perú registra más de 500 denuncias relacionadas con extorsión agravada en lo que va del 2023, ¿y el plan Boluarte?

De acuerdo al Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (Datacrim), elaborado en el marco de las actividades del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), presidido por el Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú, entre enero y abril de este año, se registran 180 mil 286 denuncias. De estas, 539 se interpusieron por el delito de extorsión agravada.

Solo en Lima Metropolitana se reportan 293 denuncias. Mientras que, fuera de la capital, la región más afectada por la misma actividad delictiva es La Libertad, donde se observa la cantidad de 112 denuncias por este delito en el mismo periodo de tiempo.

De acuerdo al Código Penal, en el país, el delito de extorsión puede castigarse con penas privativas de la libertad que van entre diez años hasta cumplimiento de cadena perpetua, la máxima sanción establecida. Este tiene que ver directamente con hacer uso de la violencia, causando daño a alguien, sobre todo, personas con fuertes ingresos económicos. Esto a fin de obtener beneficios de cualquier índole.

Sin embargo, con los años, esa realidad ha ido cambiando. Hoy, las presuntas bandas extorsionadoras atacan también a ciudadanos que no acceden a este tipo de ganancias y viven sin acceso a servicios básicos.

Esto se evidencia con casos polémicos, como el de las más de 1.000 familias del asentamiento Juan Sotomayor, ubicado en el distrito de Mi Perú, en el Callao, que denunciaron el mes pasado a través de un reportaje de Punto Final, que eran extorsionadas por Lucero Hoces Cahuana. Ella lideraba ‘Los Deformes de Ventanilla’, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, extorsión, estafa y tráfico de terrenos. Los agraviados revelaron que eran obligados a pagar mensualmente distintos montos de dineros para tener luz y un balde de agua diario.

Y, por otro lado, están los recientes ataques contra locales y establecimientos en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde ya se han registrado hasta tres episodios en los cuales se utilizaron artefactos explosivos como amenaza hacia orquestas de cumbia y chicha, y hasta el dueño de una pollería en el mismo distrito, sin importar el estado de emergencia declarado por el alto riesgo de criminalidad.

Ante la situación, a fines del mes pasado, el Gobierno sustentó más de 30 medidas para enfrentar a la delincuencia e inseguridad ciudadana, las cuales se resumen en el llamado ‘Plan Boluarte’, como respuesta a los reiterados pedidos de algunos políticos, entre otras autoridades por instaurar medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.

Este propone que la Policía Nacional del Perú combata de manera frontal la criminalidad para garantizar la seguridad ciudadana. En ese marco, el Ministerio del Interior ha asegurado que dispondrá el 100% de su presupuesto con el objetivo de tener un control territorial frente al delito en las zonas más críticas por medio de las estrategias “Barrio Seguro”, que plantea disminuir las tasas de robos, homicidios y violencia familiar; y “Vecindario Seguro” dirigida a mejor el servicio policial en 1.269 comisarías del país.

En relación a otros delitos, el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (Datacrim), señala que, entre enero y abril del 2023, se han registrado 1.591 asaltos y robo de vehículos; 1.194 denuncias por coacción; 3.241 por la comisión del delito de desobediencia o resistencia a la autoridad; 617 denuncias por la fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, tales como armas y explosivos.

También, se reportan 372 denuncias por el delito de homicidio por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF); y 12 mil 233 denuncias por hurto agravado.