El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, consideró este martes que la negativa de la presidenta Dina Boluarte a declarar a la prensa en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas, es una posición “prudente” para no espantar a los inversionistas en el extranjero.
“Estamos en un espacio donde venimos, por ejemplo, a promover inversiones. Algunos trapitos sucios hay que trabajarlos en casa; ventilarlos acá pueden empañar la imagen que estamos trasmitiendo [del Perú] y que es real”, dijo el titular en diálogo con Canal N.
“Creo que es prudente lo que dice la presidenta en el sentido que hay temas que es preferible declararlos a la interna y no acá […] Hay temas externos que tienen que ver con la promoción, permítannos la oportunidad de convocar esa inversión que necesita tanto el país”, siguió.
En la víspera, desde Estados Unidos, Boluarte declaró en Estado de Emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para combatir la delincuencia, pero no respondió a una reportera del mismo canal que le pidió abundar detalles sobre la decisión, tomada después de que una discoteca en San Juan de Lurigancho fuera atacada con un artefacto explosivo, en una acción que dejó diez personas heridas.
“Estamos en un evento internacional, le voy a agradecer que los temas del Perú lo vamos a tratar en Perú […] Yo con todo gusto la voy a atender como corresponde atender a la prensa, no en estos ajetreos de cumplir una agenda”, dijo. Ante la insistencia de la reportera, añadió: “Está usted un poco agresiva con su pregunta, señora”.
Boluarte llegó el domingo a Nueva York para participar en la 78 Asamblea de la ONU y reunirse con jefes de estado, organismos y empresarios, en el que es su segundo viaje al exterior desde que asumió el cargo, en diciembre de 2022.
Su visita estuvo marcada por una protesta de peruanos residentes, que le gritaron genocida —en referencia al presunto delito que se le imputa en una investigación fiscal por las muertes en protestas—, aunque ella les lanzó saludos y, durante su intervención oficial, señaló que el Perú transita por un proceso de “pacificación”.
“Tuvimos que pararnos firmemente en defensa de la democracia, en el respeto al Estado de derecho”, dijo escuetamente, pese a que las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes con bombas lacrimógenas, perdigones y armas de fuego.
Conteos oficiales indican que hubo 67 muertos —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halló ejecuciones extrajudiciales— y más de 1.900 heridos.
Un día antes de su arribo, ciudadanos, organizaciones, colectivos e incluso parlamentarios marcharon por las calles del centro de Lima por la reciente decisión del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La aprobación del Legislativo de iniciar una investigación sumaria a los siete juristas del organismo —para decidir si recomienda destituirlos— provocó pronunciamientos en defensa de la independencia de poderes por parte del sistema de las Naciones Unidas de Perú, la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo.
Para la JNJ, el proceso carece de regulación y “constituiría un quiebre del equilibrio de poderes”, ya que no hay un procedimiento preestablecido ni causal tipificada. La propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidió al Congreso respetar “las garantías constitucionales” de los implicados en la pesquisa.
“Reitero, no me involucren en las decisiones parlamentarias. A diferencia de mis críticos, como demócrata y profesional del derecho, yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos. [...] Pido que se respete las garantías constitucionales a los miembros de la JNJ porque todos, preciso, todos somos iguales ante la ley”, señaló.
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