Fiscalía intervino cuartel del Ejército en Trujillo por contratación irregular por S/4,4 millones

El lunes 18 de septiembre, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y la Contraloría General de la República intervinieron el cuartel de la 32° Brigada de Infantería del Ejército peruano (EP) como parte de una operación policial, la cual tenía el objetivo de recavar información por los presuntos delitos de administración pública, banda criminal y colusión agravada.

Roberto Lecaro Alvarado es el fiscal anticorrupción de La Libertad que está cargo de las pesquisas del caso. Este último has sido vinculado con tres contrataciones, que llegan al monto de S/4,4 millones a favor de la compañía Corporación CAGE, la cual pertenece a Jaimito Mego Díaz.

Una investigación de La República reveló que, en medio de las elecciones regionales y locales que se dieron en octubre de 2022, los comandantes generales Wilfredo Gallegos Rengifo (3° Brigada de Fuerzas Especiales - Tarapoto), César Claudet Morote (32° Brigada de Infantería - Trujillo) y Henry Acosta Bernuy (7° Brigada de Infantería - Chiclayo) concedieron el servicio de transporte de las tropas, que tenían el objetivo de proteger los establecimientos, a la firma de Mego.

De acuerdo a dicho medio, Gallegos fue quien firmó el acuerdo por el monto de S/1 millón 687 mil el 22 de septiembre. En tanto, Claudet hizo lo propio por S/2 millones 163 mil el 26 de septiembre y Acosta por S/ 558 mil 600 el 28 de septiembre. Sin embargo, la empresa en mención apenas había sido registrada el 27 de agosto de ese mismo año, lo que iría contra la norma, y tendría un capital de S/1.000.

La versión que maneja la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios refiere que las adjudicaciones estuvieron influenciadas por las autoridades militares a fin de favorecer a Corporación CAGE.

La República añadió que la Fiscalía tiene pistas de que Jaimito Mego había contactado a otra empresa con el objetivo de cumplir con los contratos suscritos, ya que su firma no posee lo necesario para el traslado del personal a los locales de sufragio.

A primera hora de la mañana, un grupo de 15 representantes de la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú y la Contraloría General de la República se dio cita en las instalaciones de la 32° Brigada de Infantería para llevar a cabo el allanamiento del local.

La mencionada investigación se da en medio de otras pesquisas por actos de corrupción en el interior del Ejército. Dichas acciones han sido aprobadas y ordenadas por las autoridades en diferentes cuarteles a nivel nacional frente a la acusación de presuntos delitos, entre los que se encuentran organización criminal pública, contra la administración pública, contra la tranquilidad pública y colusión agravada.

De la misma forma, en julio se pudo atrapar a 23 integrantes del EP que habrían actuado en estos actos irregulares.

Todo empezó con el allanamiento de la 7° Brigada de Infantería, en Chiclayo, liderada por el general Henry Acosta Bernuy. Este último también firmó un contrato con la firma de Jaimito Mego Díaz por S/558.600, con fecha del 28 de septiembre de 2022.

Según reportó La República, fue por esas fechas en que se suscribieron los contratos entre las otras infanterías y la Corporación CAGE, lo que generó alerta en la Fiscalía. Esto debido a la imposibilidad de que la empresa sea capaz de atender los tres contratos al mismo tiempo.

En agosto, el general Henry Acosta Bernuy fue detenido durante siete días debido a su envolvimiento con la presunta contratación manipulada de transporte de combustible del EP. De momento, la autoridad cumple comparecencia restringida.