Estado de emergencia: restricciones y todo lo que se sabe de la medida implementada en SJL, SMP y Sullana

En las próximas horas empieza a regir la declaratoria del estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres (Lima), así como en la localidad de Sullana (Piura), ante el preocupante avance de la criminalidad en el Perú. El detonante ha sido la explosión de dos granadas de guerra en menos de 72 horas al este de la capital por extorsionadores y los altos índices de delito en esas jurisdicciones.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, dio el anuncio desde Nueva York, en los Estados Unidos, donde participa de la 78º Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Hemos decidido esta mañana declarar en Estado de Emergencia, en esa lucha contra la criminalidad, a tres distritos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (en Piura). Para que podamos, de manera decidida y más cercana a la población, que esté la Policía, pero también va a entrar el Ejército como apoyo, dentro del marco legal que ambas instituciones tienen”, dijo la mandataria peruana a TV Perú.

Tras su anuncio, expertos recordaron que la medida ya fue aplicada en anteriores gestiones, como la de Pedro Castillo, pero sin resultados realmente valiosos. Es más, el actual gobierno también dispuso el Estado de Emergencia en Lima y Callao, pero con fines políticos, para frenar las protestas ciudadanas que, entre otras cosas, exigía la renuncia de Boluarte.

En el marco de esta declaratoria, la ciudadanía ha vuelto a preguntarse por cuáles son las restricciones que regirán en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, donde los índices de la criminalidad parecen haberse desbordado. No solo porque en menos de 72 horas han explotado dos granadas de guerra por extorsionar a dueños de comercios, sino por los asaltos, asesinatos y robos al paso que ocurren diariamente. “Ya estamos hartos, nos sentimos abandonados”, es la frase que se repite entre la población afectada.

Infobae Perú revisó diversos decretos supremos de gobiernos que declararon en el pasado el Estado de Emergencia e, incluso, del actual cuando lo implementó por las multitudinarias movilizaciones. Apoyados en estos se pudo determinar que los militares juegan un papel significativo para asistir a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el control del orden.

En los diversos decretos se señala que “la Policía mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, lo que en otras palabras quiere decir que los militares quedan facultados de intervenir a cualquier ciudadano, junto con la PNP, para “resguardar” el orden público.

Cuando el gobierno de Boluarte decretó el Estado de Emergencia en Lima y otras regiones, en enero de este año, se suspendió varios derechos constitucionales de la ciudadanía. Lo mismo sucederá ahora en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.

Cabe señalar que la población podrá continuar con su vida normal, pero -en teoría- con el Estado de Emergencia en vigencia debe haber más presencia de policías y militares en las calles de los distritos señalados. Además, las intervenciones deberían ser más seguidas para desbaratar al crimen organizado y las mafias. Esto, de acuerdo a entendidos en el tema, puede ser una arma de doble filo, porque la delincuencia muchas veces migra a distritos aledaños para seguir operando.

La aplicación de un estado de emergencia en un espacio territorial implica:

- La suspensión o restricción del libre tránsito.

- La suspensión o restricción a la libertad de reunión.

- La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio (por sospecha el policía o militar puede ingresar a tu casa sin orden judicial).

-La intervención de las Fuerzas Armadas para el control y vigilancia.

Aunque la medida aún no ha sido oficializada a través de la publicación de un decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano, por los dichos de la mandataria peruana, se sabe que -por el momento- son solo los distritos capitalinos en los que iniciará este régimen de excepción. Estos son San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno, consultadas por Infobae Perú, no descartan que la medida pueda replicarse en otros distritos o pueda extenderse por más tiempo en los lugares donde se empezará a aplicar.

El excongresista y exministro Juan Sheput se mostró desconfiado que este nuevo Estado de Emergencia en estos tres distritos vaya a tener algún resultado que verdaderamente valga la pena.

En la misma línea se mostró el politólogo Juan de la Puente: “En los últimos años, el Callao fue declarado tres veces en estado de emergencia para combatir el delito. La última vez lo hizo Castillo en 2022. Los resultados fueron absolutos fracasos que empoderó a las mafias. El crimen organizado es un desafío para la PNP, no para las FF.AA.”.

En tanto, el excomandante general del Ejército y excongresista, Otto Guibovich, señaló: “¿Cómo combatir el crimen con 43 cabezas y 43 planes de seguridad en Lima? Se declara en emergencia y si el objetivo es ahuyentar delincuentes de SJL y San Martín de Porres ya se logró. Pero los delincuentes se mudarán a otro distrito. ¿Jugando ‘al gato y al ratón’?”.

El Decreto Supremo 105-2023-PCM, que oficializa el estado de emergencia en SJL, SMP y algunos distritos de Sullana, precisa la restricción de reuniones sociales; no obstante, dicha medida no es lo mismo que decretar la inmovilización social obligatoria o toque de queda.

Como en el documento no se menciona esto, implica que no hay una restricción de movilización para los residentes de dichos lugares; es decir, no será necesario un pase laboral o de cualquier tipo para circular en dichos distritos. Lo que se recomienda, sin embargo, es llevar siempre un documento de identidad.