Un informe periodístico puso al descubierto el fracaso de los Centros de Emergencia Mujer en el Perú (CEM), un sistema especializado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que viene siendo impulsado desde hace varios años por las diferentes gestiones del gobierno central.
Son servicios públicos especializados y gratuitos distribuidos a nivel nacional, que brindan atención integral, con el objetivo de proteger, recuperar y facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas por violencia familiar o sexual. A pesar de ello, se ha registrado una triste estadística de mujeres asesinadas, quienes previamente buscaron ayuda en este sistema con la esperanza de evitar tal desenlace.
De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, entre el 2021 y 2022, un total de 28 mujeres perdieron la vida a manos de sus agresores, a pesar de haber denunciado en el sistema de protección a las víctimas de la violencia, los intentos de feminicidio que sufrieron. Ellas no debían morir así.
Los rostros del fracaso del Centro de Emergencia Mujer
Rosa Lizano es un número más en la estadística de mujeres asesinadas en el Perú. Su esposo, Jorge Alberto Gerova Rojas, fue el autor de su asesinato el pasado 16 de noviembre de 2021.
Dos meses antes de morir de forma tan cruel, cuando tenía 55 años de edad, Rosa acudió al Centro de Emergencia Mujer de Villa María del Triunfo para denunciar el maltrato que sufría por parte de su agresor. Lamentablemente, esta valiente acción no tuvo el efecto esperado.
Según relatan sus familiares, tras presentar la denuncia, el organismo del Ministerio de la Mujer y las autoridades policiales “tardaron demasiado. No hubo resultados, no hubo respuestas, hasta que llegó el día en que el sujeto cerró la puerta para que ella no saliera y empezó todo el abuso, quería violarla”, contó un familiar de la víctima.
En Villa María del Triunfo, la familia de Rosa lo recuerda todo. Durante los dos meses en que Rosa aguardó una respuesta por parte de las autoridades, señalan que nunca hubo presencia oficial. “Por eso afirmo que se retrasaron demasiado. No hubo respuestas, ni medidas de restricción, tampoco citaron al agresor”, dijo un testigo del caso.
En el otro extremo de Lima, en Puente Piedra, se vivió una historia similar. “La primera denuncia fue porque él intentó atacarla con un cuchillo”, relata una familiar de Teodosia Torres León. Ella señala que no hubo un seguimiento adecuado por parte del Ministerio de la Mujer en el caso de la víctima.
Debido a la falta de celeridad y mayor compromiso del MIMP con el caso, Francisco Ramos Vázquez, un policía retirado, logró acabar con la vida de Teodosia asestándole seis cuchilladas en la casa que compartían en la urbanización Santo Domingo.
Al igual que Rosa, Teodosia también había acudido al Centro de Emergencia Mujer para denunciar. “No obtuvieron ninguna resolución, nunca lograron detener al agresor”, afirma la familiar, quien cree que este feminicidio pudo haberse evitado.
Este sombrío escenario se repite en el interior del país. En Ancash, una mujer que denunció violencia el 13 de febrero de 2021 fue asesinada el 23 de marzo de 2022. Situaciones similares ocurrieron en Cajamarca, San Martín, Cusco, Lima y Callao entre los años 2021 y 2022.
¿Qué dijo la ministra de la mujer Nancy Tolentino?
La titular del MIMP, Nancy Tolentino, afirmó que los asesinatos de estas mujeres, quienes acudieron a denunciar maltrato ante la autoridad siguiendo el protocolo establecido, no fueron durante su gestión.
“Es un informe de Contraloría que ha dado recomendaciones, y ha sido un periodo de evaluación de los años pasados. Eso queremos señalar: 2021-2022. No es de esta gestión”, subrayó.
Lo único que queda a su cargo, en su actual gestión, es cumplir con las recomendaciones dadas por el organismo contralor, así como proporcionar capacitación al personal y realizar una supervisión adecuada.
Ocho denuncias y autoridades liberan a agresor
A nivel nacional se han registrado 712 feminicidios y 1554 tentativas en los últimos cinco años. El Ministerio de la Mujer insiste en la importancia de que las víctimas denuncien la violencia que están experimentando para así evitar sus muertes. Sin embargo, muchas víctimas que han denunciado sufren por la espera de una respuesta contundente.
Tal es el caso de una mujer de 30 años de edad que vive en Carmen de La Legua, en el Callao. Según dijo, ha denunciado ante la Policía Nacional (PNP) y la Fiscalía a Marco Antonio Orbe Inga, su expareja y padre de su hija, quien no la deja vivir tranquila.
El señalado sujeto la acosa constantemente, la amenaza de muerte, incluso la agrede a ella y a su familia. La víctima tuvo que dejar su negocio de venta de picarones por la situación lamentable que vive.
A pesar de tener ocho denuncias y contar con una orden de restricción y alejamiento en su contra, el agresor persiste en burlarse de estas medidas, manteniendo una constante amenaza sobre la víctima. Esto la coloca en una posición de alto riesgo, y no es descabellado pensar que en un futuro cercano, este medio podría estar informando sobre un nuevo caso de feminicidio.
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