La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) expresó su rechazo al pronunciamiento emitido por las embajadas de Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Italia, México, Francia y Reino Unido, en defensa de la separación de poderes e independencia de instituciones. A través de X (antes Twitter), la autora de la moción que planteaba remover a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) calificó el comunicado de “inaceptable”.
“En el marco del Día Internacional de la Democracia, apoyamos los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la democracia en el Perú y valoramos nuestra amistad duradera con el pueblo peruano”, fue el mensaje expuesto por los ocho gobiernos.
Consideró que “debe ser rechazado”, ya que “es una completa injerencia en la soberanía del Estado peruano y constituye una flagrante violación del artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, de la Resolución 2625 de la propia ONU y del artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.
En ese sentido, hizo un llamado a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, a “convocar a los jefes de misión en el acto y expresarles el malestar del Estado peruano”. “El gobierno tiene la obligación de defender la soberanía nacional, conforme lo manda la Constitución”, sentenció.
Como se recuerda, el Congreso de la República decidió abrir una investigación sumaria contra la JNJ por supuestas faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones al emitir un pronunciamiento contra el juicio político y el antejuicio a los que fue sometida la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por la representación nacional.
La decisión adoptada en el parlamento ha sido sumamente cuestionada por partidos políticos, organizaciones sociales, laborales, de derechos humanos, gremios empresariales, universidades y entes como la Organización de las Naciones Unidas, hecho por el que el Legislativo pidió la expulsión del alto funcionario en Perú, Igor Garafulic.
“La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país, que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país”, fue el comunicado expuesto por la ONU.
“Personajes de esta naturaleza no requerimos, aquí que vengan en representación de organismos tan importantes como Naciones Unidas, para que vengan a violentar el respeto la independencia de poderes, el respeto al marco constitucional”, expresó al respecto el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).
Asimismo, se pronunció la Comisión Nacional Evangélica y la Conferencia Episcopal Peruana, la cual advirtió que “estos conflictos se deben afrontar en base al respeto irrestricto del orden constitucional, el principio de legalidad, la tutela procesal efectiva y la garantía del recto ejercicio de la defensa. Sin la aplicación de estos principios no se puede llegar a la objetividad de los hechos, la debida calificación y valoración de los mismos y menos a la verdad y la justicia”.
“El Perú con urgencia necesita que sus autoridades superen los frecuentes enfrentamientos, porque estos nos llevan a la división, al caos, a la ruptura de la legalidad y la legitimidad, agudizando los conflictos y llevando los problemas al abuso del Derecho y a la irrazonabilidad en el ejercicio del poder, situaciones que en otras ocasiones han hecho mucho daño al país”, agregó.
“Es un despropósito constitucional”
Pese a que el Congreso insiste en realizar las diligencias contra la JNJ, el abogado de la fiscal de la Nación, el constitucionalista Aníbal Quiroga, calificó una eventual destitución de los consejeros como “una exageración y un despropósito constitucional”.
“Es altamente inconveniente para el país y para la propia institucionalidad porque la Constitución establece no solo el derecho al debido proceso, sino también el proceso de proporcionalidad y razonabilidad, lo mismo que se le exige a la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, pretender que por lo que tiene la moción de la señora Chirinos toda la Junta debe ser defenestrada parece una exageración y un despropósito constitucional. Nadie puede estar de acuerdo, sanamente, con eso”, declaró Quiroga en entrevista con RPP.