Walter Albán cuestiona decisión del Congreso de someter a la JNJ: “La Constitución no ha previsto, en ningún caso, investigaciones sumarias”

La Comisión de Justicia inició esta semana la investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Tiene un plazo de 14 días para entregar un informe final que certifique o no que los integrantes de la JNJ cometieron faltas graves o no en el ejercicio de sus funciones. El último viernes se iba a realizar la primera sesión para ver el asunto, pero los problemas de salud de parte de la congresista Janet Rivas (Perú Libre) suspendieron todo acto.

A raíz de este evidente retraso y proceso express, Infobae Perú entrevistó a Walter Albán, exministro del Interior y exdefensor del Pueblo, quien calificó como una “pantomima” lo que se hará en el Congreso. Además, cuestionó los recientes cambios que ha realizado el defensor Josué Gutiérrez.

—Esta semana se inició la investigación sumaria contra la JNJ. El Pleno del Congreso otorgó un plazo de 14 días a la Comisión de Justicia para que realice el proceso, pero el viernes pasado que se iba a dar la primera sesión se suspendió y recién comenzarán el trabajo el próximo jueves 21. Si hacemos un calculo, cuatro días después deberían entregar el resultado final de sus averiguaciones. ¿Esto evidencia que no hay garantías del debido proceso para los magistrados?

—No hay ninguna garantía. Esto es una pantomima. La Constitución no ha previsto, en ningún caso, investigaciones sumarias. Esto es propio del lenguaje gansteril de la señora Patricia Chirinos. Lo que se trata, en buena cuenta, es de destituir a los siete miembros. Cuando ella presentó la moción sobre la base de la cual se está llevando adelante este procedimiento, muchos pensaron que era algo descabellado y ya era tan extremo que en el Congreso esto no se iba a poder respaldar.

Tanto así que la señora Chirinos, digamos, tenía su plan mínimo que era cambiar la ley para que, haciendo lo que ella calificaba como una interpretación constitucional, por lo menos pudiera destituir o cesar a la exjueza Inés Tello, miembro de la JNJ y es la que ha tenido a cargo dos de las tres investigaciones que se estaban llevando a cabo allí contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

—En la moción hay cinco presuntas graves que en la JNJ cometieron. ¿Alguna amerita iniciar un indagación?

—Es tan burdo el asunto que una cuestión como falta grave debería estar reglamentada en el Congreso, si hiciera bien su trabajo. Esto lo tendría que haber reglamentado para que se respete el principio de legalidad. Pero ha quedado abierto a hechos que pudieran tener una dimensión tan trascendente como para que sea evidente que alguno o de repente algunos de los miembros de la Junta pudieran haber incurrido en algo que justifique un procedimiento de esta naturaleza y una separación del cargo por el Congreso de la República en base al artículo 157 de la Constitución.

—Un argumento contra los magistrados es el pronunciamiento tras la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. ¿Le parece que sea una razón de peso para destituirlos?

—El Congreso está invadiendo los fueros de la JNJ porque saca una carta exhortando a que respete la separación de poderes. Es una carta, para muchos, excesivamente diplomática porque trataba de llamarlos de alguna manera a una reflexión. Pero que quieran interpretar esto como una falta grave que amerita que saquen a los siete miembros de la JNJ, sería un atropello. No es ningún procedimiento e investigación de por medio.

Ya sabemos que lo que han tomado como decisión es en este momento descabezar la JNJ, van a convocar a su defensor del pueblo, a su presidente del Tribunal Constitucional, a su fiscal de la Nación, a su contralor, etcétera, para sobre esta base tomar la decisión de colocar en esos cargos a gente que seguramente vendrá también de las mismas canteras del fujimorismo y cerronismo, en estos pactos mafiosos que se producen dentro del Congreso.

—Cuyo objetivo es la captura del sistema de justicia.

—Quieren el control del sistema de justicia. Ahora, quien entre y quien quiera permanecer tiene que mostrar estar totalmente a favor de lo que viene ocurriendo en el Congreso, y lo que es también más grave es que la JNJ debe elegir a quien presida la ONPE y el RENIEC. Eso es algo que va a ocurrir dentro de muy poco.

Entonces, estoy convencido que van a tratar cuanto capturar la JNJ y, a través de ella, también al sistema electoral para que en condiciones que sí le puedan resultar absolutamente favorables, la señora [Keiko] Fujimori pueda ensayar una nueva candidatura. Como repito, es capturar el poder no por el voto y por la elección ciudadana, sino por un golpe de Estado.

—Los defensores de esta investigación toman el caso del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2018.

—Recordemos el escándalo que se produjo en ese entonces. Todos los audios, en el caso de los Cuellos Blancos, evidenciaron que varias de estas personas en el Consejo Nacional de la Magistratura, si no todas, habían estado negociando y traficando cargos, haciendo alianzas con los ‘hermanitos’ que estaban vinculados a la Corte Suprema, sobre todo la del Callao.

Se quedó claro y demostrado que con el señor [José] Luna se había manipulado el procedimiento de selección en la ONPE para que fuera elegida una persona que le asegurara que su organización Podemos pudiera ser inscrita. Bueno, todos estos escándalos hicieron que el Congreso en ese momento aplique el artículo 157 y cesara a los miembros de lo que fue el CNM.

En términos estrictamente formales y constitucionales, este no era el mejor camino porque, como repito, no se ha regulado ese procedimiento y el principio de legalidad exige que no baste que se señale en la Constitución falta grave, habría que decir con mayor precisión qué cosa calificaría como falta grave. Eso es motivo de una reglamentación y desarrollo constitucional. Si el Congreso hubiera hecho su tarea tendríamos esto perfectamente delineado.

—¿Estamos ante una situación parecida a la de 1997 cuando se destituyó a tres magistrados del TC por negarse a convalidar la ley de la reelección de Fujimori?

—La interpretación auténtica, por supuesto, mire, en realidad la situación que tenemos en el país donde han pisoteado la institucionalidad y prácticamente ya no nos quedan recursos democráticos ni instituciones en pie, es muy parecida a la que tuvimos durante el régimen autoritario y corrupto de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, donde ciertamente una participación menor pero funcional la tuvo también Keiko Fujimori. Lo que creo es que ya estamos en una situación bastante parecida, solo que esta vez es mucho más evidente que el control más fuerte viene del Congreso, al cual se supedita incluso la presidenta [Dina] Boluarte y todo su Poder Ejecutivo. En consecuencia, esta situación nos coloca ante una nueva manera, diría yo, de dar un golpe de Estado. Y lo que es preocupante es que algunos sectores, incluso algunos medios importantes de comunicación, permanecen callados frente a este asunto.

—¿Preocupa que la ciudadanía no se movilice como en años anteriores cuando pasa este tipo de acciones en el Congreso?

—La opinión pública va a reaccionar. Hay mucha coincidencia con lo que fue creo yo el detonante del comienzo de la caída del régimen de Alberto Fujimori. Cuando destituyeron a los tres magistrados del TC, recordaremos que comenzaron a producirse las primeras marchas contra ese régimen de algún tipo ya de trascendencia e impacto. Y a partir de allí creo que vino la decadencia del régimen de Alberto Fujimori y luego su caída. Creo que ahora va a ocurrir algo bastante parecido, pero esta vez ya no va a ser tan pacífica la situación. Más peruanos y peruanas nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y vamos a hacer lo posible para que esto no pueda continuar. Para que esto finalmente no se produzca o en todo caso si se produce sea el comienzo del fin de este régimen de una dictadura congresal, como se le ha calificado ya por diferentes analistas.

—La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le pidió al Congreso que no la involucren en los actos contra la JNJ. ¿Cree que desde ese poder del Estado buscan favorecerla al remover a quienes la investigan?

—La señora fiscal de la Nación le ha mentido al país una y otra vez. Me parece una afirmación un tanto cínica porque ella [Patricia Benavides] sabe que lo que se está haciendo en el Congreso le tiene sin cuidado lo que puede decir al público, seguramente es más importante lo que puedan haber conversado en privado. Recordemos que le dijo a la JNJ cuando daba su examen para postular a ser fiscal suprema que jamás intervendría en el caso de la investigación que se seguía contra su hermana [Emma Benavides]. Y lo primero que hizo al llegar al puesto de fiscal de la Nación fue intervenir y remover a la fiscal que estaba investigando su hermana. Hoy día esa investigación ha sido archivada. Eso me parece una vergüenza. Y ella lo negó en el momento en el que la Junta le había preguntado cuál podría ser su actitud porque obviamente si hubiera dicho que iba a estudiar el asunto nunca habría sido elegida. Y hay grabación de eso, así que no puede negarlo.

Lo segundo es que cuando los periodistas, siendo ella fiscal de la Nación, le preguntaron por qué había removido a la fiscal [Bersabeth] Revilla, no tuvo ningún embacho en decir que era por un informe de rendimiento y productividad dentro del Ministerio Público y ella se había visto obligada a poner orden en la casa. Ese documento del Ministerio Público fue hecho después y me parece se difundió en IDL Reporteros. Y ese documento decía claramente que no era verdad que la fiscal Revilla tuviera una baja productividad, todo lo contrario. Quiere decir que le mintió al periodismo, le mintió al país como antes le había mentido a la JNJ. Y este es solo uno de los tantos temas de los cuales ella no tiene cómo salir librada y se llevará adelante una investigación a fondo.

—¿Qué piensa de los recursos que la titular del Ministerio Público ha presentado ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional?

—Es una vergüenza que quien representa a la institución que tiene que investigar todo en el país esté más bien recurriendo a todos los recursos posibles para impedir que la investiguen. Ciertamente, [Patricia Benavides] está mirando con mucha expectativa lo que pueda ocurrir por lo que decide ahora el Congreso en este procedimiento absurdo y que se lo han inventado contra la JNJ. Este problema es para destituir a la Junta, ella integrará a la Comisión Especial que nombra a los nuevos miembros. En esa situación nos encontraríamos y si no reaccionamos en el Perú para evitar tanto atropello, se podría de alguna manera ya consolidar el poder de lo que constituyen a mi juicio alianzas no políticas sino mafiosas.

—¿En esa cruzada por capturar las instituciones y obtener impunidad se encuentra el gobierno de la presidenta Boluarte que es investigado por las muertes en las protestas?

—El gobierno de la presidenta Boluarte hace agua por todas partes. Para comenzar no gobierna, hacen lo que el Congreso les pide que hagan. Y yo diría que en ese sentido de lo que tuvimos con [Pedro] Castillo lo que tenemos ahora con ella hemos cambiado mocos por babas porque están nombrando como ministros a gente que debería estar más bien rindiendo cuentas ante los tribunales. Están haciendo evidente que no tienen ninguna capacidad. No digo para aplicar políticas sino siquiera para comenzar a diseñarlas.

—Hace unos días se conoció que en la Defensoría del Pueblo se realizó cambios respecto a la reducción de requisitos para poder integrar la institución. ¿Cómo observa estas movidas que se ha dado en la gestión del señor Josué Gutiérrez?

—No me sorprende en absoluto. El señor Gutiérrez, como sabemos, ha llegado a ese cargo como prácticamente un mandado del Congreso para ocuparse de la Defensoría en los términos en los que les interesa. Es decir, dejar de cumplir sus funciones constitucionales y más bien, de alguna manera, avale o respalde las decisiones que el Congreso toma, cualquiera sea la que esta pudiera presentarse. Me da toda la impresión entonces que ya es un problema menor que en la Defensoría estén haciendo una reducción de los criterios que durante años permitieron que la institución, aun cuando pequeña, tuviera fortaleza y sobre todo mucha mística en sus trabajadores. Esta persona evidentemente no entiende de esas cosas, como es lógico, porque desea tener al lado a incondicionales y gente que no pueda tener más conocimiento o calificaciones que las que él posee, que son muy pocas como sabemos. Entonces, es casi como, digamos, crónica de una muerte denunciada.

—¿Cree que estos cambios podrían debilitar aún más la Defensoría?

—La Defensoría la han neutralizado por el momento, la tienen absolutamente controlada. Nadie que tenga el compromiso real y profundo con el mandato que la Defensoría tiene de defender derechos fundamentales puede permanecer por mucho tiempo allí, al lado de una conducción de esta naturaleza.

—¿Qué podría apuntar a lograr algunos fines políticos?

—Así es. Yo creo que la Defensoría ha sido capturada. Está impedida de actuar de acuerdo a lo que su mandato le señala porque no puedes tener al frente una institución de esta naturaleza, alguien con tan pocas calidades, no solo en el campo profesional, sino sobre todo en materia ética o de integridad. Yo quisiera describirlo de una manera que me parece que gráfica muy bien. En el Estado peruano hace tiempo que tenemos un tumor maligno que se llama el fujimorismo. Ese tumor maligno que conducen las mafias que se han aliado en el Congreso para conducir los destinos del país en este momento está siendo metástasis y entonces comienzan a colocar a su gente en todas partes. La Defensoría es una de ellas.