Los abusos sistemáticos contra las infancias y adolescencias persisten desde el Estado peruano para impedir que las niñas sigan convirtiéndose en madres. Un mes después de que Mila, una niña de 11 años de Loreto, denunciara que no la dejaron acceder a su derecho al aborto terapéutico, dos menores más se ven envueltas en una situación parecida y lejos de la capital.
Se trata de Milagros* y Juana*, dos niñas de 11 años que quedaron embarazadas, producto de una violación sexual. Hasta el momento, en el caso de Milagros*, quien recientemente fue trasladada al Instituto Nacional Perinatal de Lima (INMP), para recibir cuidados especializados.
La niña permanecía internada en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz, donde la junta médica del nosocomio mostró una opinión favorable para que la menor acceda al aborto terapéutico. Desde 1924, dicho procedimiento médico es legal en el país para aplicarlo que corresponde aplicar a cualquier menor cuya vida se encuentre en peligro por tener un embarazo que represente un riesgo para su salud.
No obstante, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo solicitaron a los familiares de Milagros* que sea trasladada desde Áncash, su tierra natal, hacia la capital. Sin embargo, lo mismo no parece que vaya a ocurrir en el caso de Juana*. Pues, al ser trasladada al Hospital de Ilo, ciudad ubicada en Moquegua, región en la que vive, los especialistas rechazaron practicarle el aborto terapéutico luego que estos consideraran que ‘no había daño’ en la menor, por lo que no podía ser sometida a este procedimiento.
Junta médica aún no decide si Milagros accederá a aborto terapéutico
El ministro de Salud, César Vásquez, ha informado que la decisión final será tomada bajo el criterio médico correspondiente, en el marco jurídico peruano, para asegurar la protección de Milagros*, quien, producto de la agresión, ahora se encuentra con 21 semanas de gestación.
“La decisión final del avance de su gestión es una que no la toma el ministro, tampoco el Minsa como institución, sino un grupo de profesionales que forman parte de la junta médica que serán seleccionados y tendrán la responsabilidad de decidir con el criterio médico y las leyes vigentes”, declaró Vásquez para Radio Existosa.
Asimismo, sobre este caso en particular, las primeras investigaciones apuntan que el agresor que perpetró los abusos sexuales sería su padastro. En esa línea, de acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía Provincial Penal de Ocros, en adición a sus funciones por la defensa de la mujer, ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Roy Cruz Lozano Castillejo, investigado por el presunto delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de once años.
Padres de Juana no están de acuerdo
Hasta el momento, los padres de Juana* no han autorizado que se le realice el procedimiento médico. Por tal motivo, no se podría formalizar la evaluación de la Junta Médica. Sobre ello, el exdirector de la Red de Salud de Ilo, Juan Herrera Chejo, explicó que como unidad de servicio médico esta debe contar antes con la autorización de la familia a cargo de la menor.
“La Junta Médica solo formaliza cuando hay solicitud de por medio para al conducta de aborto terapéutico, si no hay el pedido del parte no podrían formalizarse ningún procedimiento y lo único que queda es que el médico tratante haga el control del embarazo y el psicólogo brinden el apoyo en su salud mental”, declaró Herrera para Prensa Regional.
En ese sentido, el doctor sostuvo que si lo padres cambiaran de opinión, el procedimiento deberá realizarse de manera inmediata, siempre y cuando la niña aún se encuentre dentro de las primeras 22 semanas de gestación, advirtiendo que que si Juana* continuara el embarazo existen altas probabilidades que se presenten riesgos en su salud física.