El atentado contra una discoteca en San Juan de Lurigancho ha develado uno de los tiempos más críticos en materia de inseguridad ciudadana que atraviesa el distrito más grande y poblado de la capital. Esto luego que el 15 de septiembre la explosión de una granada en el interior de la discoteca Xander’s, ubicada en la concurrida avenida Los Jardines, dejara un saldo de 15 heridos con cortes e incrustaciones de vidrios producto de la explosión, entre ellos dos menores de edad de 14 y 8 años, y una mujer embarazada.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ha solicitado al Gobierno central que ejecute una medida extraordinaria para declarar en emergencia al distrito y sean las fuerzas armadas (FF.AA) las que vigilen las calles, ya que la cantidad de efectivos policiales no sería suficientes para garantizar la integridad de los vecinos y vecinas, que marcharán el próximo miércoles 20 de septiembre para reclamar a la presidenta Dina Boluarte se establezcan acciones eficientes para frenar la ola de violencia.
Sin embargo, pese a la compleja situación, hasta ahora, las autoridades han descartado activar un posible régimen de excepción para afrontar la problemática. Esto pese a que el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la región policial Lima, Roger Pérez, ha mencionado que es necesaria la cooperación entre las autoridades locales para garantizar la seguridad en la zona, así como implementar más cámaras de seguridad.
Pues, aún se desconoce quién es el sujeto que lanzó la granada y la falta de cámaras de videovigilancia dificulta aún más dar con su identificación. Las tomas que se tienen corresponden tan solo a un lado del local, que ya fue clausurado.
Mientras tanto, la PNP está trabajando en intensificar las diligencias para hallar a los responsables del ataque. De acuerdo a las primeras investigaciones, los culpables podrían conformar una banda de extorsionadores, quienes estarían involucrados en las amenazas hacia uno de los miembros de la agrupación musical chica los Cómplices de la cumbia. Se trata de Sergio Romero, más conocido como ‘Chechito’.
El joven cantante, de apenas 18 años, iba a presentarse en el local de SJL el día que ocurrió el atentado. No obstante, el pasado 9 de agosto el artista comunicó se retiraría de los escenarios, ya que era víctima constante de extorsiones por parte de mafias extranjeras dedicadas a cobrar cupos. Además, un productor de la orquesta ha informado que los actos de amedrantamiento e intimidaciones iniciaron en el mes de julio, a través de mensajes por WhatsApp.
Tres heridos continúan en condición grave y los otros estables
Acerca de la situación de las personas heridas, el ministro de Salud, César Vásquez, informó que tres de ellas presentan lesiones graves. Por otro lado, el titular de esta cartera indicó que las otras víctimas se encuentran estables, precisando que algunas ya fueron dadas de alta tras haber sido ingresadas a los hospitales de San Juan de Lurigancho e Hipólito Unanue.
“Los pacientes afectados por este atentado y agresión delincuencial están siendo atendidos. Tres de ellos están en una clínica y se encuentran en estado grave. Se le están brindando todas las atenciones necesarias. Hemos enviado a personal del Ministerio de Salud para verificar su atención”, confirmó Vásquez.
Asimismo, hoy, 17 de septiembre, el Gobierno dio a conocer que el ministro del Interior, Vicente Romero se reunió con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, para coordinar acciones concretas a fin de mantener la seguridad ciudadana en el distrito, perteneciente a Lima Metropolitana.
En esa línea, se ha ordenado desplegar un total de 250 policías, de los cuales 100 forman parte de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y 150 de la División Policial de San Juan de Lurigancho a miras de hallar a los responsables de la explosión en el breve plazo.
Solo de enero hasta septiembre se han desarticulado 296 bandas criminales en San Juan de Lurigancho. También, se han detenido a 4 mil 133 personas, 332 ciudadanos extranjeros, y se han incautado 115 armas de fuego. Además, existe una lista de 426 requisitoriados, llamados así por constituir la lista de personas buscadas por la justicia peruana actualmente.