Apenas unas horas después de terminar de conversar con el exministro del Interior, Rubén Vargas, sobre la galopante inseguridad ciudadana en el Perú y otros temas relacionados, la explosión de una granada de guerra afuera de una discoteca en San Juan de Lurigancho, en la zona este de Lima, por un presunto caso de extorsión, recordó a la población que la delincuencia avanza aparentemente sin frenos a nivel nacional.
Durante la entrevista con Infobae Perú, el exministro ya había advertido que el país atraviesa su peor momento en materia de seguridad ciudadana y que no existe Plan Boluarte ni Plan Bukele que, por arte de magia, nos libre de extorsionadores, sicarios, asaltantes y estafadores. Mientras tanto, según dijo, no hay respuesta del gobierno y el Congreso pareciera legislar en favor del Tren de Aragua y otras mafias organizadas.
La criminalidad parece desbordarse en el Perú, ¿es la peor crisis de nuestra historia en materia de seguridad?
Vengo señalando exactamente eso. Es una percepción de desborde de inseguridad y las cifras son claras en términos de victimización, de presencia de organizaciones delictivas trasnacionales, de crecimiento de economías criminales y de la destrucción de la precaria institucionalidad de la Policía. El conjunto, inevitablemente, nos lleva a esa conclusión: estamos en la peor crisis de seguridad en toda nuestra historia republicana.
Nunca hemos estado más abandonados ante el crimen organizado que ahora.
¿El Plan Boluarte será suficiente para frenar al Tren de Aragua, los Tiguerones y el Comando Vermelho?
Es que no existe el Plan Boluarte. ¿Qué es el Plan Boluarte? Más allá del anuncio irresponsable del señor (Alberto) Otárola. No es más que el premier sacando, como esos magos de su sombrero, a un ‘conejo’ llamado Plan Boluarte. Estamos frente a un primer ministro que no tiene el sentido de responsabilidad frente a las extorsiones, el sicariato y estas organizaciones trasnacionales que están empezando a hacer control territorial en el Perú.
¿Es el crimen organizado la nueva amenaza contra la seguridad nacional y la democracia?
El desborde de la criminalidad es un factor que pone en amenaza no solamente nuestra seguridad, sino también a la gobernalidad. Veamos lo que ha pasado en países como Ecuador, México y Venezuela. Estamos exactamente en esa ruta, donde las organizaciones criminales han ido avanzando; de repente se produjo una implosión y el gobierno no sabe cómo controlar esas estructuras delictivas, que las han ido tolerando e ignorando hasta que finalmente resultó muy tarde.
Menciona lo de Ecuador, donde asesinan a candidatos presidenciales, ¿eso puede repetirse en el Perú?
Sin ninguna duda. Nuestra situación es mucho más crítica y vulnerable. Ecuador está sumergido en una situación anómica, porque las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico convirtieron especialmente su puertos en rutas de tránsito de la cocaína.
Acá en Perú, somos productores de cocaína y también están empezando a ser tomados los puertos como el de Paita (Piura). Es la misma ruta que ha llevado al despeñadero a Ecuador y debe preocuparnos.
En marzo de este año, el premier Otárola anunció la reforma de la policía, ¿ve algún tipo de cambio tras seis meses?
Nada, nunca existió. Es un anuncio demagógico y sin ningún contenido... Por si sola la reforma de la Policía no es la solución. Sí necesitamos que se modernice, que no esté penetrada por la corrupción, que sea institucional y eficiente. Pero eso es lo que exactamente no tenemos como consecuencia de todo lo que pasó en el gobierno de Pedro Castillo. Lo de la Policía es un elemento, es un factor...
Uno de muchos, entiendo...
Sí, y lo que es más lamentable es que el Congreso se está convirtiendo en funcional al avance del crimen organizado. Al petardear la ley de colaboración eficaz, al apoyar la llamada formalización de la minería ilegal y recientemente al aprobar una ley de ascensos de la Policía, con la que favorecen a los que tienen títulos de maestría y no a los oficiales con años de experiencia. Es decir, en la carrera de un policía, gracias a este Congreso, vale más un título de maestría de la Universidad Alas Peruanas que hacerle frente al Tren de Aragua.
¿Militares en las calles y más cárceles son parte de la solución para frenar la delincuencia en el Perú?
En situaciones como la que estamos suelen presentarse fórmulas milagrosas, recetas chamánicas y una de esas precisamente es lo que mencionas. Hay Planes Bukeles, penas de muerte o varitas mágicas que consiguen, según ellos, resolver todo. Estamos ante una absoluta falta de autoridad y eso, por supuesto, es terreno fértil para que siga enraizando el crimen cotidiano y el organizado.
¿Está en contra o a favor de la creación de la Policía de Orden y Seguridad?
Esa fórmula de crear una Policía de nivel inferior se ha puesto en práctica en países como Colombia, por ejemplo. Pero el problema es que acá los centros de formación de policías son absolutamente precarios. Colombia tenía superado eso. Entonces, si a los oficiales con tres años de formación no se les forma de manera profesional y suficiente, no va a funcionar.
Una vez más, militares han sido emboscados y asesinados en el Vraem hace menos de dos semanas, ¿estamos retrocediendo en la lucha contra el narcoterrorismo?
En el Vraem, la verdad es que nunca hemos avanzando en la lucha contra el narcoterrorismo. Se ha mantenido un statu quo. Estamos invirtiendo nuestros escasos recursos en una estrategia fallida. Lo que siempre he señalado que en el Vraem el problema es el narcotráfico y no podemos tener sesenta bases contra terroristas y dos precarias bases antidrogas en la principal zona productora de cocaína del país. Ochocientas toneladas se procesan anualmente en esa zona.
¿Se va a marcar un antes y un después, como dijo el premier, con la reanudación de la interdicción aérea?
Estamos hablando de la interdicción aérea no letal. Me pregunto, ¿dónde quedó el concepto de soberanía aérea? Y es más hay una ley aprobada por el Congreso que obliga a la fuerza aérea con un protocolo muy detallado a derribar aviones, a hacer precisamente interdicción aérea letal. Es decir, ¿no se va a cumplir esa ley? Es un anuncio absolutamente demagógico. El gobierno no tiene idea de cómo enfrentar este y los demás problemas en materia de seguridad.