El Consejo Metropolitano de Lima acordó este viernes, en una sesión extraordinaria, otorgar facultades al alcalde Rafael López Aliaga para que requiera al Ministerio del Interior la intervención de las fuerzas armadas (FF.AA.) en apoyo a la Policía Nacional (PNP).
El pedido fue impulsado por Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), y la regidora Ivonne Tapia, quienes alegaron que la institución policial carece de abasto “para el control interno en determinados sectores”, según un comunicado difundido por Canal N.
La solicitud se sustenta en el decreto legislativo N.º 1095, vigente desde 2010, que regula la participación de las FF.AA. durante un Estado de Emergencia o en situaciones de refuerzo a la PNP “en casos constitucionalmente justificados como la preservación de la vida” de los ciudadanos.
“Lima necesita estar segura y nuestro alcalde está tomando una iniciativa que trasladará al Ejecutivo y será el Ejecutivo que la adopte. [...] Por si hay algunos en contra de esta disposición, el Tribunal Constitucional ya se ha expresado a favor del apoyo de las FF.AA. a la PNP para casos de delincuencia, que es lo que estamos sufriendo hoy en la capital”, dijo Reggiardo durante la sesión.
Tras la votación unánime, la cartera de Vicente Romero será la encargada de presentar la iniciativa al Gobierno para su aprobación o denegatoria.
La semana pasada, durante la presentación de la iniciativa en la que estuvo acompañado por los burgomaestres Rubén Cano (La Victoria) y Ricardo Pérez (San Luis) —ambos integrantes del partido ultraconservador Renovación Popular, que lidera López Aliaga—, el funcionario indicó que se “había perdido el control de algunas localidades específicas”.
La autorización de facultades ocurrió el mismo día en que al menos diez personas resultaron heridas por una explosión en la discoteca Xander’s, ubicada en San Juan de Lurigancho, el distrito donde el burgomaestre inauguró una playa artificial, calificada como su obra emblema. El caso ha sido relacionado con la ola de violencia, que ya registra 80 personas fallecidas en lo que va del año en dicha municipalidad.
Jesús Maldonado, alcalde de SJL, pidió que su jurisdicción quede bajo Estado de Emergencia al señalar que el ataque es una muestra de cómo el sicariato y el cobro de cupos de bandas organizadas “toman las calles y los negocios, desincentivan y desmotivan la inversión privada”.
”Es un tema que nosotros no podemos controlar. Como municipalidad, no tenemos las facultades, ni las herramientas, ni la logística. Hasta la fecha, la PNP no ha dado una respuesta positiva en la disminución, desarticulación y captura de bandas organizadas”, sostuvo al pedir, como López Aliaga, la intervención militar.
”Tenemos 80 muertos a manos de la delincuencia y sicariato. Necesitamos que la presidenta Dina Boluarte incremente el número de policías en el distrito o permita que las Fuerzas Armadas ingresen para un patrullaje donde hay más de 1.200.000 habitantes”, denunció.
El mes pasado, la mandataria señaló que el país afrontaría los temas de seguridad interna y lucha contra la delincuencia de acuerdo a su propia “particularidad”, al descartar la posibilidad de aplicar las medidas adoptadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre ese ámbito.
Por esos días, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, habían planteado la posibilidad de aplicar medidas como las aplicadas por el líder salvadoreño. Sin embargo, Boluarte rechazó de plano la propuesta.
“Estamos pidiendo facultades legislativas al Congreso. Pido que lo puedan poner ya en agenda para que podamos delinear las políticas frente a esta delincuencia para poder otorgar a la población peruana la seguridad, paz y tranquilidad”, indicó. La Comisión de Constitución, encargada de ver el petitorio, le dio luz verde el último viernes.
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