Consejo de la Prensa advierte que facultades legislativas aprobadas por el Congreso amenazan la libertad de expresión

Este viernes, el Congreso de la República en un nuevo intento por atentar contra los principios democráticos del país aprobó un predictamen que criminaliza el derecho a la protesta y la cobertura periodística de estas. En el documento del Parlamento se detalla, específicamente, que esta iniciativa no atentará contra la libertad de expresión, sin embargo, esto resulta contradictorio, según el Consejo de la Prensa Peruana.

Como una medida para acabar con la inseguridad ciudadana, el Gobierno de Dina Boluarte ha presentado ante el Poder Legislativo la delegación de facultades para establecer una serie de medidas que presuntamente acabarán con los altos índices de violencia. Sin embargo, detrás de estas peticiones se esconde una iniciativa sumamente cuestionada que atentaría contra derechos fundamentales de la población, además de vulnerar la labor de la prensa.

Ante esta medida, distintas organizaciones como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se pronunciaron en contra de la criminalización de las manifestaciones y la labor periodística. Luego de ello, la solicitud cambió y expresó explícitamente que no atentaría contra la libertad de expresión.

“Esta comisión, con el fin de resguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y evitar una delegación de facultades legislativas inconstitucional que pretenda modificar encubiertamente nuestra carta magna, se propone una modificación a la materia solicitada en el literal examinado, con el fin de señalar que los tipos penales que se creen sean sin afectar la libertad de expresión, del derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. Con esta precisión si se superara el control de constitucionalidad”, detalla.

Para el CPP, que se haya añadido este párrafo haciendo alusión al supuesto respeto de los derechos de los ciudadanos no garantiza que se dejará de criminalizar las protestas y la cobertura periodística. Por el contrario, representa una contradicción.

“La propuesta, una modificación al Código Penal, permitirá que cualquier ciudadano que convoque a una manifestación, o cualquier periodista que la cubra, sea procesado como instigador del delito de disturbio. De esta forma, se criminaliza no solamente el derecho a la protesta pacífica, sino el de información y expresión al reportear sobre ella. El delito de disturbio ya está considerado en el Código Penal; lo aprobado esta tarde es la inclusión de los comunicadores a esta figura”, mencionó.

“La Comisión de Constitución del Congreso pretende hacer creer que el agregado “sin afectar la libertad de expresión […] u otros derechos fundamentales” en el texto sustitutorio aprobado hoy pone un candado a la medida. En realidad, lo que hace es contradecirse a sí misma y abrir la puerta a la interpretación de un juez. En el Perú, la libre interpretación ha jugado en contra de la libertad de expresión en numerosas ocasiones”, expresó.

La organización solicitó la presencia de organismos internacionales que contribuyan con la defensa de los principios democráticos en el país.

La crisis política que enfrenta el país ha generado preocupación no solo de asociaciones peruana, sino que entidades internacionales como el Sistema de Naciones Unidas (ONU) y hasta embajadas en el país se han mostrado a favor de que se conserve el orden democrático.

“En el marco del Día Internacional de la Democracia, apoyamos los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones”, escribieron.

La exprimera ministra, Mirtha Vásquez, fue una de las figuras políticas que se pronunció sobre este comunicado. “Las diferentes embajadas empiezan a marcar distancia de las prácticas que están destruyendo la democracia en el país. ¿El Congreso ordenará retirar a sus embajadores?”, escribió.