Los abusos de Repsol: las tareas pendientes a más de año y medio del descomunal derrame de petróleo en mar peruano

Una imagen imborrable. Hace un año y ocho meses 11.900 barriles de petróleo cayeron sobre las costas de Lima y la multinacional española Repsol, dueña del material, dejó mucho que desear con sus primeras respuestas. Luego siguieron las mentiras y finalmente una serie de movidas para evitar pagar las millonarias multas.

Un nuevo informe explica cómo fueron vulnerados los derechos fundamentales de miles de personas y familias que dependían de la pesca artesanal como medio de subsistencia.

Aún queda una agenda pendiente, pues los pescadores artesanales del Callao, Ventanilla, Ancón, Aucallama y Chancay se siguen movilizando en demanda de unas justas compensaciones para este año y el próximo, así como demandan la limpieza de las playas pues aún no pueden retornar a sus labores de pesca.

La magnitud de la catástrofe y su impacto en la biodiversidad, el medio ambiente y los derechos de las personas afectadas, contravienen severamente los tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desarrollo sostenible y protección de áreas naturales sensibles, así como en materia de derechos humanos. Al abarcar un área rica en biodiversidad y hábitats frágiles, el derrame de crudo de Repsol implicó la pérdida de más de 1,850 especies de fauna silvestre, incluyendo varias consideradas en peligro de extinción.

La investigación, publicada por CooperAcción, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), EarthRights International (ERI) y con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), parte de un análisis del impacto del derrame sobre la vida y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones comprendidas en el área de afectación.

En el informe se resalta la importancia y necesidad de una respuesta integral y adecuada por parte de la empresa Repsol y de las autoridades estatales encargadas del manejo de esta crisis socioambiental. La magnitud de los impactos demanda medidas contundentes y efectivas que no solo reparen el daño causado, sino que también prevengan futuras catástrofes similares.

Otra de las recomendaciones que se precisa en el informe es que el Estado español debe cumplir con sus responsabilidades extraterritoriales (ETO) en materia de derechos humanos, colaborando con las entidades pertinentes, a través de la aplicación de lineamientos de debida diligencia empresarial.

El documento también destaca la necesidad de avanzar hacia una mayor y mejor regulación de la actividad empresarial frente a los derechos humanos a través de la aprobación de un marco normativo que salvaguarde dichos derechos y el medio ambiente en todo momento.

Luego de la catástrofe, Repsol enfrentó críticas por su respuesta insuficiente ante la crisis. Según se señala en el informe, la contratación de personal sin la debida experiencia y protección para llevar a cabo labores de limpieza generó problemas de salud para estos trabajadores. Además, la ineficacia de las acciones emprendidas provocó que el petróleo regresara al mar debido a las mareas.

Sin embargo, el impacto de este derrame no se limita únicamente al medio ambiente. Tiene también implicancias directas en los derechos al trabajo y a la alimentación. Las actividades de pesca y turismo, fuentes fundamentales de empleo en las comunidades costeras, se vieron severamente afectadas. A pesar de los esfuerzos iniciales, tanto Repsol como las autoridades estatales no han brindado soluciones adecuadas y sostenibles para abordar las consecuencias sociales y económicas del derrame.

Puedes acceder al informe a través de este LINK.