La organización feminista Manuela Ramos pidió este jueves garantizar el acceso al aborto terapéutico a una niña embarazada por violación, quien se encuentra internada en un hospital de Áncash, mientras su agresor está en libertad después de que se enviaran al archivo dos denuncias previas en su contra.
Soledad Rodríguez, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región, informó a RPP que la menor era abusada sexualmente por su padrastro desde los cuatro años y que una junta médica evaluará si procede la interrupción terapéutica del embarazo, legal en el país desde 1924.
El caso, denunciado el sábado pasado, está a cargo de la Fiscalía Provincial Penal del distrito de Ocros. “Estamos recabando todos los elementos de convicción que vinculen al denunciado [para] solicitar mandato de prisión preventiva en su contra y asegurar su presencia en la etapa de investigación preparatoria y posterior juicio oral”, dijo Willie Pineda, representante del Ministerio Público, a Áncash Noticias.
La niña ya pasó por la cámara Gesell y, según su hermana mayor ―quien hizo pública la denuncia—, el agresor había sido denunciado en 2017 y 2018, aunque los casos fueron archivados.
“Estamos haciendo un seguimiento a nivel del Ministerio Público para saber cuál ha sido el accionar y comportamiento de esta entidad, porque según el testimonio de la hermana mayor, ya habría existido denuncias”, indicó la funcionaria de la Defensoría.
El caso ocurre un mes después del precedente de Mila, una niña de Loreto a quien le fue permitido el acceso al aborto terapéutico solo después llamados internacionales ante una negativa preliminar. La menor acudió embarazada a sus 17 semanas de gestación, fruto de una violación de su padrastro, pero la junta médica del hospital que la atendió le negó ese derecho.
Naciones Unidas, Save the Children y CHS Alternativo remarcaron que Mila no había tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, creció en una familia en la que su madre también fue víctima de violencia.
Perú es el único país de Latinoamérica sancionado tres veces por cortes internacionales por negar aborto a menores en riesgo mortal, un caso paradigmático en una región donde el acceso a este derecho todavía es desigual, pero que tiene a Argentina y Colombia a la vanguardia.
Aunque suena paradójico, la regulación representa un obstáculo para quienes solicitan el servicio sanitario, según un estudio elaborado por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), que analiza y compara leyes y protocolos de 16 países de la región, incluido Perú, para identificar si se ajustan a los estándares sobre aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para acceder a un aborto terapéutico en el país, por ejemplo, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Sin embargo, esa designación de personal específico representa por sí sola una barrera.
“Hace más de una década que los organismos de rectoría sanitaria recomiendan no restringir la ejecución de abortos a personal de salud de alguna especialidad particular. Sin embargo, en Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay la práctica sigue restringida a un grupo particular de especialistas, generalmente de ginecología, pero en algunos casos también de cirugía u otras especialidades”, expone el documento.
De igual modo, hace hincapié que la legislación nacional tiene otros dos puntos considerados altamente restrictivos: los tiempos de espera obligatorios o más de una consulta; y la sustitución de consentimiento o representación de personas con discapacidad, niñas y adolescentes.
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