Obispos, políticos e instituciones se manifiestan contra el Congreso y defienden independencia y autonomía de la JNJ

Perú está en el ojo de la tormenta luego de que desde el Congreso de la República se impulsara una moción para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de que esta pida explicaciones sobre la medida cautelar que suspende la investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. De acuerdo a un pronunciamiento de la parlamentaria Patricia Chirinos, la intención sería destituir a todos sus integrantes.

El Poder Legislativo continúa dando que hablar. Desde que inició su actual gestión, viene impulsando una serie de proyectos de ley sumamente controversiales que perjudica importantes sectores y reformas. Una muestra de ello es el bajo nivel de aprobación de la ciudadanía hacia esta entidad: apenas el 6% de la población peruana está de acuerdo con el accionar de los ‘padres de la patria’.

Una de las últimas iniciativas más cuestionadas del Parlamento es la intención de destituir a todos los integrantes de la Junta. La decisión se tomó en medio de una serie de investigaciones que enfrenta la titular del Ministerio Público con respecto a las presuntas irregularidades que habría cometido para destituir a la fiscal Bersabeth Revilla y proteger a su hermana, Emma Benavides.

De acuerdo al medio Epicentro, la Junta Nacional de Justicia venía recaudando importantes indicios de faltas que habría cometido Benavides Vargas que podían terminar con la destitución de la fiscal de la Nación, hasta que llegó la orden de suspensión de las investigaciones de parte del Poder Judicial (PJ).

Según la opinión de expertos e instituciones, la intención del Congreso de la República al investigar a la Junta es blindar a Patricia Benavides y así evitar que su cargo esté en riesgo, además de buscar un grupo de funcionarios que vayan acorde a sus intereses.

La legisladora Patricia Chirinos comunicó que iniciaría un proceso en contra de la Junta por presuntas faltas graves. Mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, señaló que el poder del Estado tiene la capacidad de remover a sus integrantes.

“Tenemos la responsabilidad de poner un alto a una Junta Nacional de Justicia que se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares y ha incurrido en faltas muy graves, cometiendo presuntos delitos e infracciones constitucionales. Los miembros de la JNJ pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso”, dijo.

Conforme han transcurrido los días, el Parlamento ha acelerado los procesos para investigar a la JNJ y ello ha ocasionado que una serie de instituciones y especialistas del rubro político se pronuncien en contra de la decisión de los ‘padres de la patria’. Una de estas ha sido la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), quien ha alertado que la democracia está en peligro con este tipo de iniciativas legislativas.

“Debemos evitar que se agudice la crisis que afecta a nuestra ya golpeada estabilidad democrática. La JNJ es un órgano constitucionalmente autónomo cuyos miembros se eligen mediante concurso de méritos. Tiene la responsabilidad de nombrar y destituir jueces y fiscales de todos los niveles, aspecto clave para el funcionamiento del sistema de justicia”, mencionó.

“Como ha advertido la Facultad de Derecho de la PUCP, la posible remoción de los integrantes de la JNJ sin un debido proceso y sin aplicar criterios de razonabilidad es inconstitucional y atenta contra la estabilidad política y jurídica. Exhortamos al Congreso de la República a reconsiderar una medida que, al quebrar la independencia de poderes, implica el grave riesgo de la instalación del autoritarismo en el país”, agregó.

Las organizaciones religiosas también se hicieron presente en esta situación. La Conferencia Episcopal Peruana a través de un comunicado aseguró que esta problemática evidencia un enfrentamiento que podría ocasionar “grave daño a la institucionalidad democrática y pone en riesgo la legalidad y lo establecido en nuestra Constitución”.

“El Perú necesita que sus autoridades superen los enfrentamientos porque llevan a la división, caos, ruptura de la legalidad y legitimidad. El instrumento de la Justicia es el derecho y la ley es el instrumento del derecho. La ley no es sustituto del derecho, ni el derecho sustituye a la justicia”, añadió.

De igual manera, personajes de la política peruana también se pronunciaron alzando su voz en contra de las decisiones del Congreso. Así lo hizo el exlegislador Gino Costa, quien afirmó que la decisión del Parlamento responde a sus intereses de proteger a la fiscal de la Nación para evitar que enfrente a la justicia por las investigaciones que le sigue la Junta.

“La moción contiene varias mociones para la remoción de la Junta Nacional de Justicia, pero ninguna constituye falta. Mucho menos falta grave. Expresa sí la inquina que le tiene a la Junta. Se trata de una iniciativa desvergonzada, arbitraria y prepotente”, detalló en un video.

“Por ahora, el Congreso ha puesto de lado las 4 denuncias constitucionales que tenía contra la Junta, presentada tres de ellas por Patricia Chirinos, porque prefiere el procedimiento sumario de la remoción que no está regulado, por lo que se presta más al atropello. La remoción no es una iniciativa aislada. La propia fiscal de la Nación ha recurrido a la vía constitucional para que se ordene detener las investigaciones de la Junta contra ella, y lo ha logrado”, añadió.