El asesor principal de la Beneficencia de Lima Metropolitana, Rafael Santos, acusó el martes a la gestión del destituido exalcalde Jorge Muñoz de defalcar los fondos asignados a la Casa de Todos, el refugio implementado en la histórica plaza de toros de Acho para acoger, durante la pandemia, a la población en situación de calle.
“Lamentablemente, un programa con un fin social se convirtió de la Casa de Todos a la casa de robos, porque se han robado el dinero de manera más escandalosa y vomitiva. El exalcalde Muñoz tiene mucho que responder”, denunció el excandidato presidencial en diálogo con el programa Milagros Leiva, entrevista.
Durante la inauguración, en 2020, el exburgomaestre indicó que el albergue acogería, en principio, a una treintena de indigentes hasta sumar 150. Todos, mencionó, recibirían alimentación, servicios de salud y seguridad gracias al “esfuerzo doble de la Municipalidad y la Sociedad de Beneficiencia”, además de donaciones particulares. Desde su instalación, la iniciativa tuvo éxito y devino en uno de los símbolos de la crisis de COVID-19 en Perú, que registró la mayor tasa de mortalidad del mundo.
“Cuando se empieza este programa [...] se gastaron más de 800 mil soles en montar la instalación temporal. [...] Definitivamente, hay algo que no está bien y hay un movimiento oscuro atrás de todo esto porque se asoció la Municipalidad de Lima, que es una empresa pública, con la Beneficencia de Lima para cometer [algo que] en conjunto”, siguió.
Según Santos, el exalcalde limeño desistió de dar explicaciones a 19 regidores que lo increparon ante estos supuestos ilícitos. “Se puso a defenderlos. [...] No solamente son más de 800 mil soles en la implementación del albergue temporal, sino que se han gastado más de nueve millones de soles para atender un promedio de 50 personas. [...] Es descomunal”, dijo.
Señaló, de igual modo, que su gestión halló documentos que exponen, por ejemplo, la adquisición de una cocina por “más de 400 mil soles”. La mitad de ese monto, refirió, ya fue pagado a la firma proveedora. “Todos los documentos ya lo hemos enviado a la Contraloría, y lo vamos a enviar a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial. Esto tiene que parar. No puede ser posible que estos delincuentes terminen delinquiendo y no pasa nada acá”, enfatizó.
Posteriormente, consideró que las administraciones de Muñoz y de Susana Villarán (2011-2014), investigada por aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, han “dilapidado” la institución que asesora y la tuvieron “como un brazo para cometer irregularidades”.
Muñoz, destituido el año pasado por ocupar en simultáneo un cargo en el directorio de la empresa estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), envió una carta notarial a Santos en la que fijó “48 horas de plazo” para que se rectifique por lo “falso, doloso” y sin “sustento fáctico” vertido en la entrevista.
El político, vacado por cobrar dietas en Sedapal hasta en cuatro oportunidades —con unos 3.000 soles por sesión semanal, a la vez que recibía su sueldo mensual como alcalde—, asumió en enero de 2019 tras ganar los comicios para Lima como representante de Acción Popular, al que renunció en noviembre de 2020.
Luego de la denuncia, dimitió al directorio y, aunque anunció que devolvería el dinero percibido, estimó que la demanda era “inconsistente”. “¿Dónde está el conflicto de intereses ahí? Todo lo contrario, ahí lo que hay es unir esfuerzos, tender puentes y buscar soluciones. Si eso es un conflicto de intereses, entonces que me vaquen, pues”, dijo.
Su gestión fue muy criticada por la falta de acción para solucionar los problemas de la capital, a la que prometió convertir en “Limaflores”, tras haber ocupado la alcaldía de este distrito, uno de los sectores más acomodados.
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