Presidenta de la JNJ sobre recursos de Patricia Benavides contra investigaciones: “No hay nada mejor que una imputación se aclare”

Ayer, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó su plan de trabajo para investigar por 14 días a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia: Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry. Tras este plazo, todos podrían ser removidos de sus cargos por presuntamente haber cometido faltas graves, como la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) lo denunció.

En esta segunda parte, Infobae Perú le preguntó a la doctora Tumialán por las recientes acciones que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha tomado como ir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para suspender las sendas investigaciones que hay en su contra por presuntamente favorecer a su hermana, la jueza Emma Benavides, desarticular el equipo Cuellos Blancos, sus tesis desaparecidas y la polémica condecoración recibida de la Municipalidad de Lima.

—Un punto de la moción contra la Junta Nacional de Justicia se refiere a una presunta filtración de información de las investigaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a IDL Reporteros. Sin embargo, más allá de este punto, se les cuestiona cierta demora en los casos que hay contra ella. ¿Qué responde?

—Respondo dos cosas. Una es que todas las denuncias son tramitadas en la Junta Nacional de Justicia. Luego son calificadas -en este caso por los miembros que nos denominamos instructores del caso- revisamos, encontramos los indicios o elementos suficientes que nos exigen de una falta disciplinaria. Entonces, frente a ello, se elabora un informe y el pleno de la JNJ toma la decisión de abrir una investigación preliminar que tiene un plazo de 30 días. Si es compleja, puede ser 60 días o un tiempo más en la que se reúne todos los elementos. Y luego, él o la instructora elabora su informe que lo sustenta ante el pleno. Muchas veces en el pleno estamos de acuerdo con todos los elementos que han considerado para un proceso disciplinario o también señalamos si no estamos de acuerdo en algunos puntos.

—¿Siempre el plazo inicial para investigar es de 30 días?

—Así es. Y reitero, si resulta complejo, es 60 días. Las personas que son investigadas presentan recursos, declaraciones y aclaraciones a tales instituciones para que remitan tales documentos. Eso lleva un tiempo y tampoco podemos recortar los derechos de defensa. Entonces, actuamos ahí. En cuanto a la filtración de un medio de prensa [IDL Reporteros], soy respetuosa y tendrá una fuente. Pero lo que sí le puedo asegurar que el pleno no recibió ningún informe [del caso de la fiscal Benavides] hasta la fecha. Y otro tema es que, mediante una medida cautelar, ya el Poder Judicial señaló que suspendan las investigaciones y no tramiten ninguna denuncia contra la investigada.

—¿Están de acuerdo con la decisión judicial que suspende las investigaciones contra la fiscal Benavides?

—Nosotros tenemos que cumplir la decisión de la jueza en este caso. Pero hemos solicitado una aclaración y una apelación que luego el Supremo tomará una decisión en el tiempo necesario. Había 15 denuncias que estaban siendo tramitadas, pero no va a ser posible continuarlas. Y si algún congresista o ciudadano presenta una denuncia, tampoco podremos tramitarla. Entonces, es una situación preocupante.

—¿Sienten que les están impidiendo que hagan su trabajo?

—Así es. En ese caso concreto [la fiscal Patricia Benavides]. En los demás que tenemos seguimos actuando de acuerdo a lo planificado.

—¿Perciben que este antecedente podría repetirse en otros casos que ven en la JNJ?

—Eso es una preocupación muy grave. En realidad, muchos de los investigados podrían recurrir al mismo mecanismo. Espero que no lo hagan porque, efectivamente, aquella persona que ha actuado bien o ha infringido un deber o una prohibición están señaladas en la Ley de la Carrera Judicial y Fiscal. Nosotros no decimos si esta falta grave porque existe una base y se tipifica la conducta. Entonces, si estamos frente a ello, lo que más se quisiera es que se aclare y determine si efectivamente se puede probar que la autoridad administrativa -por el principio de veracidad material y que rige todo procedimiento de las garantías del debido proceso- puede ser sancionada o no. Nosotros hemos sancionado a 250 jueces, juezas y fiscales a nivel nacional. Muchos de ellos a propuesta de los órganos de control porque investigaban preliminarmente y remitían una resolución con un pedido de destitución. En muchos casos evaluamos, realizamos investigaciones complementarias y hemos sancionado. Todas están debidamente motivadas y fundamentadas.

—Otro cuestionamiento que se le señala directamente a ustedes es sobre las tesis de maestría y doctorado de la fiscal Benavides. ¿Ustedes verificaron en profundidad si estos documentos realmente existieron porque varios medios de comunicación han tratado de encontrarlas y no hay rastro alguno en las universidades que supuestamente se hicieron?

—Para el reglamento de todos los jueces, juezas y fiscales, exigimos acreditación académica. ¿Cuál es la base de esa acreditación académica? Si la persona ha culminado sus estudios, tiene la condición de egresado. Si la persona ha obtenido el grado, la institución que garantiza eso es la Sunedu. Están inscritos en Sunedu los grados de maestría y doctorado. Es más, los postulantes declaran que tienen sus grados de maestro y doctor, que son evaluadas con un puntaje de acuerdo a lo establecido. Ahora, nos preocupa lo que después se viene conociendo [respecto a la ubicación de las tesis].

—¿Usted percibe que la fiscal Patricia Benavides, con estas acciones de ir al PJ y al TC, busca bloquear las investigaciones que realizan desde hace meses?

—Todas las personas investigadas tenemos derecho a interponer los recursos necesarios. Y frente a las resoluciones judiciales tenemos que dar cumplimiento. Eso es clarísimo. Ahora, dentro de ese marco, si una persona está ejerciendo su derecho a la defensa y está logrando ello, la JNJ no va a tener en cuenta esos aspectos subjetivos y que luego serán evaluados oportunamente frente a las instancias pertinentes. En mi experiencia profesional, y la de todos los miembros de la JNJ, no hay nada mejor que una imputación se aclare y verifique si es veraz o no. Creemos que es necesario obrar con todas las garantías y sobre todo con el respeto personal. Los que somos altas autoridades del país tenemos que dar lección de vida, de un comportamiento ético, de que los derechos se respetan en este país, del cumplimiento de la Constitución, y de la transparencia de nuestros actos.