La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidió este martes al Congreso respetar “las garantías constitucionales” de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, José Ávila, Antonio De La Haza, Iviarta Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Inés Tello—, quienes enfrentan una investigación sumaria por causa grave en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo.
Tumialán, titular de la JNJ, consideró en la víspera que esta pesquisa aprobada por el Congreso busca la remoción de todos los integrantes del organismo y es una medida que “no tiene ninguna garantía”, lo cual implica “un quiebre al orden constitucional”.
“Reitero, no me involucren en las decisiones parlamentarias. A diferencia de mis críticos, como demócrata y profesional del derecho, yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos. [...] Pido que se respete las garantías constitucionales a los miembros de la JNJ porque todos, preciso, todos somos iguales ante la ley”, señaló Benavides en un clip difundido por Canal N.
Para la JNJ, organismo autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, el proceso contra sus integrantes carece de regulación. De hecho, el Sistema de Naciones Unidas ha expresado su “preocupación” frente a este panorama y remarcó que “solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática”.
La Junta también consideró que la eventual remoción de sus miembros, impulsada por Patricia Chirinos (Avanza País), “constituiría un quiebre del equilibrio de poderes”, ya que no hay un procedimiento preestablecido ni causal tipificada.
La diputada incluyó en sus fundamentos un pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.
Bajo su óptica, la JNJ “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”. En agosto pasado, el Poder Judicial suspendió las investigaciones preliminares abiertas por el organismo contra la fiscal general, tras aceptar una medida cautelar que presentó.
El Sexto Juzgado Constitucional de Lima dispuso la suspensión inmediata de forma provisional de las investigaciones, hasta que la autoridad judicial establezca si dos miembros del organismo ―Tello y Vásquez—, son separados del caso por falta de idoneidad.
Benavides elevó un recurso judicial en el que solicitaba que se quedaran sin efecto todas las actuaciones en las que intervinieron ambos magistrados, ya sea como instructores o parte de las indagaciones, “por razones de imparcialidad y decoro”.
La titular del Ministerio Público cuestiona a Tello, quien tiene abiertas tres investigaciones en su contra, por haber superado la edad estipulada en la legislación para ser miembro de la JNJ, y a Vásquez por adelantar opinión al comparar su caso con el de otras autoridades investigadas.
La primera pesquisa llegó a inicios de año “por hechos presuntamente irregulares” en los cambios realizados en el equipo especial de la Fiscalía que investiga una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del puerto’, una mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.
Posteriormente, inició un segundo proceso por el cambio de la fiscal Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana, Emma Benavides, por presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico. Y la tercera investigación preliminar fue abierta en abril pasado, por haber recibido una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien enfrenta un proceso por presunto lavado de activos.
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