El Poder Judicial rechazó, en primera instancia, la solicitud del exjuez César Hinostroza, fugitivo y acusado de liderar un grupo criminal que se infiltró en la Judicatura, para que prescriba una de las investigaciones que enfrenta por presunto patrocinio ilegal en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, como se denominó a la mafia formada por magistrados que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.
Según una resolución difundida por El Comercio, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el requerimiento del prófugo investigado, quien se había acogido a la Ley 31751 —que reduce a un año el plazo de prescripción— para exigir la extinción de la acción penal por presuntamente haber influenciado, a través del destituido Walter Ríos, para que la Corte de Callao nombre a un allegado como juez.
En su recurso, Hinostroza alegó que, con la norma —respaldada e invocada por el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto—, su proceso por patrocinio ilegal prescribió en enero del 2022, por lo cual pidió a Checkley diponer el archivo.
La semana pasada, el prófugo exjuez apareció en una audiencia e invocó dicho principio debido a que, en abril de este año, la Fiscalía de la Nación había variado el delito —de patrocinio ilegal a cohecho activo específico, sancionable hasta con ocho años de prisión y con mayor plazo de prescripción—; sin embargo, Checkley aprobó la recalificación recién en agosto.
Según el fiscal superior Isidoro Prado, desde que el Ministerio Público dispuso la recalificación de la imputación, la pesquisa contra Hinostroza por patrocinio ilegal dejó de existir. Incluso indicó que, en caso se mantuviera el cargo, debería extinguirse cuando hayan transcurrido ocho años, pues, según la legislación vigente, la prescripción ordinaria se duplica en casos de funcionarios a los que se les atribuya pertenecer a una presunta organización criminal. El Poder Judicial ha respaldado este argumento.
“Desde la emisión de la disposición fiscal hasta pronunciamiento judicial, ya sea aprobatorio o no, la actividad investigativa no se suspende, sino que continúa bajo la nueva calificación fiscal; en caso de desaprobarse, aquellos actos de investigación dirigidos a la nueva calificación jurídica perderían eficacia [...] El control de prescripción de la acción penal opera estrictamente sobre el delito de cohecho activo específico”, se lee en el documento.
Checkley recordó que el último acto atribuido a Hinostroza fue en enero del 2018. Además, como el delito que se le atribuye es sancionable hasta con ocho años de prisión y fue presuntamente cometido como parte de una red criminal, el plazo de prescripción se duplica, con lo cual llega a 16 años, más uno adicional que establece la Ley 31751.
“Teniendo en cuenta la fecha 23 de enero de 2018, el presente hecho atribuido a Hinostroza como presunto autor del delito de cohecho activo específico, prescribirá el 23 de enero de 2035. En ese sentido, se advierte que aún se encuentra vigente la acción penal, en consecuencia, el presente medio técnico de defensa interpuesto se declara infundado”, concluyó.
El escándalo que involucra al exjuez, fotografiado esta semana en Bruselas (Bélgica), estalló durante el Gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020) y generó una serie de medidas para reformar la Judicatura y desarticular a la mafia que tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubica el puerto del mismo nombre.
Los vínculos de estos controvertidos jueces y fiscales llegaron hasta sonados casos de la política peruana, como la investigación por lavado de activos abierta contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Según Hildebrandt en sus Trece, Hinostroza recibe actualmente una suma aproximada de 7.870 soles mensuales por ser un “pensionista jubilado” desde 2021. La Justicia peruana, que presentó hasta tres pedidos de extradición a España, donde fue ubicado, trata de repatriarlo desde hace cuatro años.
Sin embargo, cuando conoció que sería detenido, el extribuno se movió a Bélgica, y aunque el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 150 mil soles por su paradero, la Interpol dejó de buscarlo desde mayo pasado tras la desactivación de la notificación roja.
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