Repsol asegura que 96% de afectados por derrame cobró sus compensaciones económicas, pero pescadores artesanales afirman lo contrario

El 6 de septiembre, los afectados por el derrame de petróleo ocasionado por la multinacional española Repsol en enero de 2022, enviaron una carta al premier Alberto Otárola para volver a expresar su preocupación ante la falta de atención a sus demandas, a cerca de cumplirse dos años del mayor desastre ambiental en el mar peruano.

Los más de 3.000 de trabajadores perjudicados, entre asociaciones de pescadores artesanales, astilleros, comerciantes, entre otros, de las playas de Ventanilla, Chancay, Ancón, Pachacútec y Santa Rosa, demandan se instale una mesa de diálogo con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, la empresa Repsol, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales afectadas.

Con el objetivo de asegurar que se cumpla con el empadronamiento complementario de las familias afectadas y se apruebe e implemente los protocolos para realizar la evaluación y seguimiento de los posibles impactos a la salud física y mental del sector pesquero golpeado, se espera que la reunión pueda concretarse mañana miércoles 13 de setiembre.

Los afectados también solicitan al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) realicen estudios científicos para determinar el impacto en la cadena alimentaria y la biomasa en las zonas impactadas, y la inocuidad para su consumo humano, es decir, constatar si existe la posibilidad que el consumidor sufra daños en su salud por ingerir los alimentos marinos extraídos de dichas áreas.

Especialmente, teniendo en cuenta que, en abril, el Ministerio de Producción, entidad a cargo del proceso de valorización económica de los daños provocados en el medio ambiente, la fauna marina y la población en perjuicio, informó que todavía no existen condiciones seguras para desarrollar actividades económicas como la pesca en las playas de Ventanilla.

Además, los pescadores artesanales han solicitado a Jaime Fernández Cuesta-Luca de Tena, actual presidente del Directorio de Refinería La Pampilla, —quien la Fiscalía ha impedido salir del país por 18 meses—, así como a otros cuatro directivos de la empresa responsable, que garantice las compensaciones en su totalidad para el 2023.

El 9 de julio, Repsol emitió un comunicado donde aseguró que “el 96% de afectados por su derrame ha cobrado sus compensaciones económicas”. Dicha cifra correspondería a más de 9 mil personas afectadas, entre comerciantes, pescadores artesanales, dueños de restaurantes, estibadores, y otros.

Para cumplir con ello destinaron más de 1.000 millones de soles con el fin de realizar todos los trabajos de limpieza, remediación, monitoreo ambiental y compensación social.

Acerca de este punto, la multinacional española ha asegurado que a las personas afectadas de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay se les otorgó más de 10 mil vales de consumo de 500 soles a más de 4 mil personas, priorizando a pescadores artesanales y comerciantes.

Sin embargo, las asociaciones de pescadores artesanales, representadas por Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo, señalan que todavía existe un número importante de pescadores artesanales que no han sido incluidos en el padrón único consensuado, elaborado y entregado a Repsol por la PCM y el Instituto de Nacional de Defensa Civil (Indeci), debido a que no calificarían como afectados.

“Lo que se está haciendo acá es dilatar el tiempo. La relación que nosotros les hemos pasado se la han remitido a Repsol, quienes han notificado que estos no califican para ser reconocidos como afectados. Hubo un mal empadronamiento por parte de Indeci. Hay gente que no merece estar en el padrón y, sin embargo, están cobrando como si fueran pescadores”, agregó Germán Melchor.

Por tal motivo, con el propósito de abordar la problemática, los afectados se reunieron con la congresista Ruth Luque Ibarra, del partido Cambio Democrático y Luis Arturo Alegría García, de Fuerza Popular, quienes se han comprometido en establecer puentes que contribuyan al diálogo entre las partes involucradas.

Hasta la fecha, no se ha logrado remediar adecuadamente todos los ecosistemas marinos, costeros y playas impactadas con más de 12 mil barriles de petróleo, bajo la responsabilidad de la refinería La Pampilla, operada por la empresa extranjera, que cayeron sobre el litoral peruano.

De acuerdo al Ministerio del Ambiente, aún queda un total de 19 zonas impactadas y no solo en el mar, sino también en las estructuras de los muelles, rocas y áreas cercanas a las orillas de las playas mencionadas.

Sobre ello, se sabe que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) viene ejecutando talleres informativos para exponer los resultados de las evaluaciones ambientales a la ciudadanía y autoridades locales de las áreas afectadas.

Cabe recordar que la empresa española tiene hasta el 4 de octubre para presentar ante las autoridades competentes un Plan de Remediación, según la legislación vigente.

“Si este no es aprobado por el Minem, entonces, las playas seguirán contaminadas y no han hecho ni el intento de limpiarlas. A nosotros lo que nos interesa es que las playas sean iguales a como estaban antes”, recalcó Germán Melchor, pescador artesanal de Pasamayo.