Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, cuestiona investigación del Congreso: “Hay imputaciones sin evidencias”

El último jueves, el Congreso de la República aprobó una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Hoy comenzará este proceso en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se tendrá que elaborar un informe que certifique o no las presuntas faltas graves que habrían cometido los magistrados de la entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todo el país.

Infobae Perú entrevistó en exclusiva a la doctora Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, quien advierte que las indagaciones del Parlamento no ofrecen ninguna garantía del debido proceso y que la remoción de ella y sus colegas —Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry— ya estaría decidida. Respondió también a cada punto de la moción presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

—Tras la aprobación de la investigación sumaria por 14 días, algunos congresistas ya comenzaron a adelantar una opinión a favor de la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en redes sociales. ¿Esto no hace más que confirmar que no existe ninguna garantía del debido proceso contra ustedes?

—Desde la Junta Nacional de Justicia consideramos ello [la investigación sumaria] como un quiebre al orden constitucional. Y eso está en nuestro comunicado que hemos difundido el día jueves de la semana pasada. Somos respetuosos de las opiniones de las personas. Esperamos que esta investigación efectivamente se pueda llevar a cabo respetando el debido proceso, que es lo mínimo para toda persona que es investigada. El derecho a ser oído, a presentar nuestras pruebas, que ellas sean recibidas y evaluadas desde el punto de vista jurídico, principalmente, y del punto de vista fáctico. Hay dos imputaciones relacionadas a hechos en los cuales no hay ninguna evidencia y son falaces.

—En la Comisión de Justicia hay miembros denunciados por ‘mocha sueldos’, un involucrado en el caso ‘Los Niños’ y otro que tuvo expresiones a favor del matrimonio infantil. ¿Qué reflexión le deja los cuestionamientos de quienes los investigarán?

—Todo funcionario público, en este caso congresistas también, muchas veces tienen este tipo de acusaciones. Yo creo que la investigación que van a realizar a la JNJ les dará la calidad a ellos. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar al país y a sus electores que están procediendo en una investigación justa, necesaria, proporcional, frente a los cargos que contiene la moción. Es cierto, ¿Quién los juzga? Es el pueblo. El pueblo va a ver las actuaciones de todos los funcionarios públicos, y son los mejores jueces para determinar la imagen, la trayectoria y el accionar.

—Resulta una paradoja que un Parlamento, tan desprestigiado y con un rechazo histórico en la población, quiera someter a la JNJ que nació tras el escándalo de corrupción que supuso la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura.

—Usted mismo lo está señalando, la paradoja que hay. Pero creo que son momentos para el país que el Congreso pueda reivindicar ello. Son circunstancias que el Congreso puede demostrar que cuando toma una decisión lo tiene que hacer bien y de acuerdo a la Constitución y a las normas vigentes, sobre todo respetando el derecho y la dignidad de las personas. ¿La Constitución qué nos exige a todos los funcionarios del Estado? Justamente garantizar los derechos fundamentales de las personas, en todas las circunstancias. Y en estos casos también, frente a una causa grave que nos indican, que no está determinada, que no sabemos cuál es y no está tipificada. Reitero, de las atribuciones que nos dan, hay algunas que son por hechos falsos.

—Vayamos a los puntos de la moción. Se les acusa de presuntamente presionar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que saque un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Este dato apareció inicialmente en un programa de Willax. ¿Ocurrió tal situación?

—Nosotros a un medio de prensa respetamos. Sus fuentes pueden indicarle un hecho que pasó, pero si no hay una prueba y no hay una evidencia de la presión a un presidente de un poder del Estado, entonces ¿Cómo determina? ¿Cómo ve? Se nos atribuye que tres miembros [Antonio de la Haza, María Zavala, y ella] de la JNJ hemos, primero, llamado al presidente para presionar y que convoque a una sala plena a fin de que se pronuncie sobre la inhabilitación de la exfiscal [Zoraida Ávalos]. Segundo, se nos dice que los tres nos hemos reunido con él [Javier Arévalo] para presionarle.

—Algo que el mismo presidente Arévalo lo ha desmentido.

—Así es. Y tercero, que también hemos llamado a otros jueces. Totalmente falso. Porque nosotros en un comunicado también hemos expresado lo mismo. A título personal y con la mayor sinceridad, puedo señalar que al presidente no lo he llamado ni visitado, salvo dos hechos protocolares anteriores.

—¿Podría detallarnos las circunstancias?

—Nombramos a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Remitimos la comunicación y el presidente del Poder Judicial nos informó de que no tenía plaza ni presupuesto para ello. Una gran preocupación para nosotros. Entonces fuimos a una reunión en la que incluso ni siquiera hemos estado solos ahí con el presidente, porque fui acompañada del secretario general y de la directora de selección y nombramiento de la JNJ. Y él ha estado acompañado con todas las autoridades administrativas, el gerente general, el director de presupuesto y otras personas. Abordamos el tema. Y efectivamente se dieron cuenta, recapacitaron y nos dijeron inmediatamente, nosotros vamos a procesar esto. El segundo tema ha sido la presentación del avance de un proyecto de mejoramiento de la administración de justicia que lo financia el Banco Mundial. Fueron las dos únicas circunstancias.

—Solo fueran esas ocasiones.

—Que incluso fueron antes de la inhabilitación [de la exfiscal Zoraida Ávalos]. Pero hay otro motivo personal [para no reunirse con el presidente del PJ].

—¿Cuál es?

—Yo tengo abstención con el presidente del PJ para todos los casos que se vean en la JNJ. ¿Por qué? Porque mi señor padre en vida fue un exmagistrado del PJ y pidió su nivelación de pensión. Ese proceso duró 14 años. Y en una de esas etapas intervino el presidente [Javier Arévalo] como juez superior. Motivo por el cual yo me inhibo. Imagínese, 14 años. Mi padre no gozó de ello [la nivelación de pensión]. Es la primera vez que lo muestro porque quiero ser sumamente transparente en ello.

—¿No consideran que se extralimitaron en sus funciones al sacar ese pronunciamiento por el caso de la exfiscal Ávalos?

—No. ¿Por qué? Porque no fue un informe. No fue un documento convincente presentando una postura. La JNJ tiene un deber de garantizar la independencia de jueces, juezas y fiscales. Entonces, la JNJ consideró necesario pedir respetuosamente una reflexión. Nada más. ¿Y también por qué? Porque tenemos un derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución y en normas internacionales. Es por eso que nosotros emitimos. ¿Qué hubiéramos hecho si hay otra amenaza a la independencia judicial que en el caso concreto es de un criterio que aplica un juez y fiscal? No lo hacemos. Entonces, yo creo que ahí tampoco ha habido ninguna afectación ni una falta que hemos cometido. Porque estamos justamente cumpliendo un papel de la JNJ: ser garante de la independencia judicial que es un pilar fundamental para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan confianza.

—Descarta la tesis de la interferencia como lo sostienen desde el Parlamento.

—Así es, efectivamente. Es más, si nosotros revisamos de otras instituciones, efectivamente emiten igual comunicados al Parlamento por proyectos de ley y opiniones. Es igual porque estamos en una democracia. Todos tenemos que ser oídos, tenemos derecho al diálogo, y entre instituciones con mayor razón. Entonces, por ese motivo se ha emitido ese comunicado que efectivamente, y reitero, es sobre la independencia judicial y fiscal.

—Otro punto de la moción es que permitieron que la magistrada Inés Tello se mantenga dentro de la JNJ a pesar de que habría superado el límite legal de edad de los 75 años. Incluso, hay una denuncia constitucional contra el pleno. ¿Qué responde?

—Tendría que ser contra los seis miembros del pleno, porque la doctora Tello no intervino en esa decisión. Le digo, constitucionalmente, el artículo 156 nos señala que para acceder al cargo de miembro de la JNJ se debe tener entre 45 y 75 años. Y por otro lado tenemos el artículo 155 de la Constitución, que nos precisa ahí que el cargo de miembro de la JNJ es de 5 años. Entonces, es bueno recordar que en la entrevista que sostuvo la doctora Tello con la Comisión Especial, uno de los miembros de un poder del Estado le preguntó que estaría pocos meses en la JNJ.

Y ella [la doctora Tello] señaló que había hecho la consulta y que contaba incluso con un documento en el que le indicaban que no, porque el artículo de nombrársele, el 155, le protegía por los 5 años. Para ello hemos sido muy escrupulosos. Hemos pedido un informe de asesoría jurídica de la institución y también de Servir, que es el ente que regula nuestra permanencia administrativa en el cargo. Entonces, hemos tenido eso y nadie observó. Dicen, ¿por qué han dado esa norma? El suplente nunca observó hasta ahora. Hasta el día de hoy no hay observación a ello. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente nosotros, decimos, la vacábamos? Si nosotros revisamos el desarrollo constitucional que está plasmado en la ley orgánica de la JNJ, hay 37 causales de vacancias, pero ninguna está relacionada a la edad.

—Digamos, existe un trasfondo.

—Sí, y quiero agregar ahí que los mismos congresistas no se han dado cuenta de que hay un vacío, que no hay una determinación, una precisión, y lo que hemos hecho nosotros es una interpretación sistemática del bloque constitucional. Además, han presentado dos proyectos de ley que ya se han visto en la Comisión de Justicia la semana pasada, que limita la edad o precisa la edad de 75 años. Entonces, es contradictorio ello. Yo me pregunto ahí, y creo que muchos estudiantes de Derecho se preguntan, cómo puede ser una atribución de una falta si efectivamente lo que se hace es una interpretación sistemática, que tenemos que hacer todas las personas que estamos funcionarias y servidores en el Estado. Las altas autoridades también tenemos que hacerlo. Lo que si no podemos hacer es control difuso que lo realiza el Poder Judicial.

—En la moción se anota también que no han presentado informes anuales al Congreso. ¿Qué tan cierto es esto?

—Gracias por su pregunta. Eso me permite indicar que efectivamente hay una obligación de la JNJ de presentar un informe anual al Pleno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El primer informe de gestión del 2020, que estuvo a cargo del doctor Aldo Vásquez Ríos, se presentó en marzo del 2021. Recordemos que era época de pandemia, donde todavía muchas veces las instituciones teníamos que trabajar virtualmente. Y justamente también virtualmente se consultó y dijeron ‘bueno, mejor presente’. Y nosotros presentamos, teniendo en consideración que no nos llamaban y comunicaban. Nosotros no podíamos irrumpir en el Congreso llevando nuestros informes.

—Esperaban alguna comunicación.

—Claro, porque es al Pleno del Congreso, no es solamente a una comisión, ni administrativamente.

—¿Y esa comunicación debió venir de la misma Mesa Directiva?

—Exactamente. Si presentan un informe y es al Pleno del Congreso, entonces inmediatamente se tiene que consignar en agenda. Y ahí señalar día y hora para ir y sustentar eso. En 2021 y 2022 ya se habían culminado los informes. Esperábamos que nos digan pues o, al menos, que considerarán un día, como no se hizo en años anteriores, para presentar los informes de gestión de los citados años. Pero no se hizo. Entonces, nosotros sí hemos cumplido con presentar los tres informes de gestión: 2020, 2021 y 2022. Ahí hay un tema que nos preocupa e inquieta mucho que nosotros no podemos hacerlo de mutuo propio: en este caso, el Pleno decida cuándo debemos exponer. Eso no es ninguna falta. Así es sencillamente.

—Más allá de los puntos de la moción, los defensores de la investigación sumaria contra la JNJ sostienen que no son un poder del Estado y tratan de tomar como antecedente lo ocurrido con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2018.

—Nosotros consideramos que, efectivamente, el Congreso tiene la facultad y la atribución de poder realizar su control como institución. Efectivamente, no somos un poder del Estado dentro del esquema de lo que señala la Constitución, pero sí hay un desarrollo allí y que se incluye a los órganos constitucionales autónomos. Eso ya está en sentencia del Tribunal Constitucional del 2007 y otras, en las que se indica expresamente los tres poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos. Entonces, si tenemos ello, creo que no hay ningún elemento más para decir que ‘como no somos un poder, no tenemos las mismas funciones y atribuciones’.

Consideramos ahí que sí nos pueden controlar y vamos a someternos a todos [los controles] que se requieran y necesitan porque la JNJ, desde que se instaló el 6 de enero del 2020, muy consciente de lo que ya había pasado con el CNM, que en realidad fue muy difícil de asimilar para el Estado y la ciudadanía cómo se negociaba, llamadas e influía en procesos, nos ceñimos a un pacto ético y político. Nosotros no recibimos a personas cuando lo solicitan. Tenemos una norma que todo aquel que pueda solicitar una audiencia tiene que justificarla. Y si ya hay una denuncia y un procedimiento, todo a través de las audiencias de las diligencias que se llevan a cabo: un informe oral, presentación de documentos, etc. Todos nuestros actos son transparentes y debidamente motivados en selección y nombramientos como han podido verificar, las entrevistas son públicas, en ratificaciones igualmente, en los procesos disciplinarios y las ponencias también, nuestras votaciones son públicas.

Y, efectivamente, se aplicó la misma norma en el 2018 con los miembros del CNM. Pero, por favor, ahí fueron evidentes los presuntos actos de corrupción para algunos y para otros que ya están siendo juzgados y tienen sentencia. En la JNJ, las atribuciones son muy jurídicas y de hechos que no sucedieron. No puede haber ningún tipo de comparación.

—El doctor Aldo Vásquez ya dijo que irían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso sean removidos. Sin embargo, ¿no cree que deberían adelantarse y tomar otras medidas sabiendo el desenlace que tendrá la investigación sumaria? El doctor Jorge Luis Salas Arenas, titular del JNE, recurrió al sistema interamericano cuando veía que los ataques comenzaron desde el Congreso.

—Así como nosotros somos muy respetuosos del orden constitucional, de las instituciones del Estado y del equilibrio de poderes, efectivamente tanto a nivel interno como internacional vamos a proceder a solicitar los recursos necesarios. El doctor Salas, como efectivamente señala, pidió una medida cautelar porque afectaron su integridad y la de su familia. Nosotros también lo haremos porque se está alterando el orden constitucional. Sí vamos hacerlo [recurrir al sistema interamericano]. No olvidemos que instituciones nacionales e internacionales ya están levantando su voz. Son pocas, sí, pero creo que cuando levantan la voz más tendrán que ser oídos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya ha expresado su preocupación por esta investigación sumaria que quieren realizar. ¿Por qué? Porque efectivamente indican que se están vulnerando principios básicos de las Naciones Unidas, entre ellos la independencia judicial, fiscal y el respeto del equilibrio de poderes dentro de un Estado de derecho y constitucional. Entonces, son vías que ya se están activando. No porque hemos solicitado, sino por organizaciones que lo han hecho.

—En medio de los pronunciamientos de diversas instituciones, llama la atención el silencio de la Defensoría del Pueblo que, coincidentemente, preside la comisión especial que se encarga de elegir a los nuevos integrantes de la JNJ. ¿Qué piensa al respecto de la actuación del doctor Josué Gutiérrez?

—Tengo entendido que en estos días han estado muy ocupados porque estaban preparando su aniversario, pero la coyuntura le exige. Esperamos que, en algún momento, se pronuncie porque le corresponde y no esperar que organismos internacionales de derechos humanos lo hagan.

—¿Cree que no lo hace porque fue elegido por los sectores que impulsan la remoción de la JNJ?

—No quisiera basarme en el subjetivismo. Yo que he trabajado en esa institución y hemos puesto el cimiento de la Defensoría del Pueblo, sí me extraña que no haya tenido un pronunciamiento oportuno. Pero muchas veces hay instituciones que, antes las circunstancias que hay, todavía van madurando su posición y van viendo el momento en que se pronunciarán. Entonces, esperamos porque [la Defensoría del Pueblo] es una institución que protege los derechos fundamentales de todas las personas y la comunidad. Eso es clarísimo y tengo la esperanza.

—¿Evalúan ir al Tribunal Constitucional?

—Sí, hay varias vías, pero vamos a esperar que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos indique cuál va ser su actuación. Creemos que ellos, en cumplimiento de las garantías mínimas de un debido proceso, nos deberían oír y permitir presentar los recursos necesarios, y también puedan pedir todas las pruebas de otras investigaciones que se están llevando a cabo en otros entes como el Ministerio Público. Somos tres miembros de la JNJ que estamos con una investigación preliminar y penal ante la supuesta presión al presidente del Poder Judicial.

—Llama la atención que algunos puntos de la moción de la congresista Chirinos también sean objeto de denuncias constitucionales. Es decir, van a ser procesados dos veces por los mismos motivos.

—Así es. Efectivamente, tenemos las demandas constitucionales, competencial, las investigaciones preliminares, incluso hay una investigación contra la doctora Inés Tello por una denuncia de un ciudadano que es muy activo. Ha presentado más de 200 denuncias en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, aquí en la institución. Y un buen día dice ‘no se me ha respondido, estas denuncias’ que son aproximadamente 40. Entonces, verificando nosotros, solamente han llegado pocas. Creo que son cuatro o seis las que han llegado y que han sido respondidas al señor. El resto no los presentó, no hay cargos ni nada. Por eso, la doctora es investigada. Ahí hay elementos que debemos aportar a la comisión señalando que existe este tema que resulta necesario que conozcan y valoren en su debida oportunidad.

—En 1997, los entonces magistrados del TC —Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo— se negaron a apoyar una ley que facilitaba la segunda reelección de Alberto Fujimori. Algunos analistas señalan que lo que pasa con ustedes es un escenario similar, pero otros deslizan que este sería el inicio de la captura del sistema judicial por parte de algunos grupos políticos. ¿Más allá de las comparaciones históricos, usted cómo lo percibe?

—Muchas personas ya lo han expresado [una situación similar a la destitución de los magistrados del TC en 1997]. Otros sostiene que nuestra función ya está determinada y que la remoción se va dar. Pero yo como mujer de derecho que ha defendido a muchas personas durante más de 30 años, tal vez sea ilusoria, pero muchas veces he comprobado que tiene su tiempo estos hechos y espero que pueda existir una reflexión consciente y pensando en el país de los señores y las señoras congresistas. La historia nos juzgará a todos. Creo que nuestras decisiones tienen que ser siempre velando por la dignidad de las personas y por sus derechos fundamentales. ¿Cuánto va afectar ello [la remoción de la JNJ] al Estado? Primero, a los ciudadanos de a pie que no tienen voz, los vulnerables y claman justicia todos los días. ¿Cuánto va afectar a la economía del país? Se va percibir una inseguridad jurídica. ¿Y cuánto a lo que tanto luchamos que el ciudadano y la ciudadana tenga credibilidad en sus instituciones del Estado? Que las políticas públicas verdaderamente protejan los derechos de los ciudadanos. Entonces, [los congresistas a cargo de la investigación sumaria] tendrían que establecer una proporcionalidad y un balance de ello.