El Poder Judicial desestimó este lunes la tesis fiscal referida al dinero incautado al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) después de su fallido autogolpe en diciembre de 2022, que decantó en su destitución y reclusión en el penal de Barbadillo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por rebelión y otros 36 por corrupción.
Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria, declaró infundado el argumento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, cuyo despacho alegó que los 1.700 soles hallados al exmandatario eran para financiar su decisión de cerrar el Congreso, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura.
El magistrado determinó que, en lo que va de la investigación, “no se evidencia o acredita” que este monto estuviera destinada para ese fin. “Se trata de una suma que en términos reales no tendría relevancia significativa en el contexto del delito que se imputa (rebelión o conspiración) que por su propia naturaleza implica recursos de mayor valor”, se lee en la resolución difundida por RPP.
“En ese sentido, los 17 billetes de cien soles cada uno incautados, en consideración de este Juzgado, no tienen relación con la investigación seguida contra [Pedro] Castillo, por lo que la solicitud de confirmatoria de incautación debe ser desestimada”, continúa el texto.
Checkley también remarcó que la incautación se realizó el 7 de diciembre del 2022; sin embargo, el Ministerio Público solicitó la confirmación de la medida más de ocho meses después, el 17 de agosto pasado, por lo cual, a criterio del magistrado, “el plazo resulta excesivo”.
Castillo permanece en prisión desde su fallido autogolpe y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara una primera prisión preventiva en su contra. El siguiente pedido fiscal de encarcelamiento preventivo se realizó por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
La investigación se oficializó después de que el Congreso aprobara el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba. La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, que aprobó el Legislativo, recomendó acusar a Castillo por organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
La presidenta Dina Boluarte aseguró esta semana que los fugitivos vinculados a su antecesor serían entregados a la Justicia. “[Debe haber] la plena seguridad de que estos señores serán prontamente capturados”, dijo en una rueda de prensa al ser consultada sobre la detención en la frontera de EE.UU. del empresario Alejandro Sánchez, denunciado por organización criminal.
La consulta se refirió igualmente al exministro de Transportes, Juan Silva, y al sobrino de Castillo, Fray Vásquez, quienes siguen con paradero desconocido, pese a estar incluidos en la red criminal presuntamente liderada por el exgobernante.
La Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC Interpol) tiene vigente hasta el 10 junio del 2027 la notificación roja contra Silva, pero negó en dos ocasiones activar la alerta roja para localizar y detener provisionalmente a Sánchez.
Según Punto Final, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú recibió una solicitud para emitir la notificación contra el empresario, sobre quien recae una orden de 30 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la sede central en Lyon (Francia) señaló que el caso era “predominantemente político” y el pedido fue desestimado en febrero pasado en aplicación al artículo 3 de su estatuto.
Ese mismo mes, la justicia peruana volvió a elevar el requerimiento con pruebas e indicios contra el dueño de la casa de Sarratea —donde Castillo mantuvo reuniones extraoficiales para coordinar presuntos ilícitos—, pero Interpol volvió a rechazarlo en un oficio cursado solo hace unas semanas.