El Poder Judicial comunicó este miércoles que el requerimiento de localización y captura a nivel internacional contra el prófugo exministro Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), investigado por colusión y organización criminal, fue renovado hasta el 10 junio del 2027.
El Juzgado Supremo de Investigación indicó que la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC Interpol) tiene vigente hasta esa fecha la notificación roja contra el exfuncionario, quien se encuentra con paradero desconocido desde mayo del año pasado, cuando el Ministerio Público le abrió la investigación.
Los hechos imputados están relacionados con el caso conocido como ‘Puente Tarata’, en el que también está involucrado el expresidente Pedro Castillo, por presuntas irregularidades en la licitación de obras y contratación de funcionarios, entre otros.
“La alerta roja ha sido actualizada y se encuentra vigente hasta junio de 2027 o hasta que la autoridad judicial disponga lo contrario”, se lee en el documento firmado por Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria.
Silva, sobre quien recae una orden de prisión preventiva por 36 meses, reapareció en abril pasado desde la clandestinidad para rechazar las acusaciones que enfrenta. “Mi persona jamás ha participado en ninguna licitación pública del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) ni de otra institución estatal”, dijo en un video de TikTok.
“¿Cómo puede haber organización criminal si está demostrado que [la relación de] mi persona con Pedro Castillo ha sido netamente laboral, mi designación como ministro [...] no obedece a ningún favor político”, siguió.
Después de desaparecer el ojo público, el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas, que ofrece 50 mil soles por detalles de su paradero. La medida tampoco ha surtido efecto para encontrarlo, mientras la Fiscalía le atribuye la supuesta intención de copar la cartera que presidía con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos”.
La Corte Suprema ya ha declarado inadmisible un recurso de casación presentado por su defensa legal para anular el pedido fiscal de 36 meses de prisión preliminar. En diálogo con El Comercio, el abogado Jorge Castro sostuvo que su patrocinado se pondría a disposición de la justicia cuando se anule la orden judicial.
Según Checkley, “Castillo tuvo una participación clave” en estas “conductas ilícitas”. En tal sentido, señaló que el exgobernante enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel.
Contrario a lo ocurrido con Silva, Interpol negó en dos ocasiones activar la alerta roja para localizar y detener provisionalmente a Alejandro Sánchez, exasesor de Castillo y detenido la semana pasada por una patrulla fronteriza en Texas (Estados Unidos), cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera con México.
Según Punto Final, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú recibió una solicitud para emitir la notificación contra el empresario, sobre quien recae una orden de 30 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la sede central en Lyon (Francia) señaló que el caso era “predominantemente político” y el pedido fue desestimado en febrero pasado en aplicación al artículo 3 de su estatuto.
Ese mismo mes, la justicia peruana volvió a elevar el requerimiento con pruebas e indicios contra el dueño de la casa de Sarratea —donde Castillo mantuvo reuniones extraoficiales para coordinar presuntos ilícitos—, pero Interpol volvió a rechazarlo en un oficio cursado solo hace unas semanas.
“Aquí sucede algo grave y como país debemos hacer una protesta enérgica a la actuación sesgada de Interpol. [...] Es una falta de igualdad de armas en un procedimiento administrativo completamente sesgado, en donde ninguno de los funcionarios competentes podemos interactuar, salvo el órgano dependiente de esta entidad, que es Interpol Perú”, dijo al dominical el procurador anticorrupción, Javier Pacheco.