Igor Garafulic: ¿quién es el funcionario de la ONU y por qué el Congreso pide su expulsión?

Este lunes 11 de setiembre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso exigió a la titular de la Cancillería, Ana Gervasi, que expulse inmediatamente del país al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic.

El presidente del grupo de trabajo, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), cuestionó duramente el accionar del funcionario y lo acusó de entrometerse “en asuntos internos de Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen”.

Igor Garafulic es un alto funcionario de la ONU, designado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con el fin de asumir " la responsabilidad general y coordinación de las actividades en el país para asegurar su coherencia en conformidad con los objetivos y prioridades del Gobierno, y con los mandatos y objetivos del Sistema de las Naciones Unidas”.

Asimismo, en situaciones de emergencia o desastres por fenómenos naturales, se convierte en el coordinador humanitario y lidera la gestión y entrega de recursos para la nación en la que se encuentra.

Garafulic, quien es economista de profesión y cuenta con un máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, se encuentra en el país desde octubre del 2019, pero anteriormente ocupó el mismo cargo en Honduras y fue director del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo en Guatemala (2014-2018). Además, se ha desempeñado como asesor principal para la oficina regional de América Latina y el Caribe.

La Comisión de Relaciones Exteriores exige su salida porque el Sistema de Naciones Unidas en el Perú expresó su “preocupación” ante la decisión del Congreso de aprobar una moción para realizar, por un plazo de 14 días, una “investigación sumaria” contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con la posibilidad de que sean removidos y reemplazados al antojo del Poder Legislativo.

La medida, que alcanza a Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, “podría derivar en su remoción total”, advirtió la entidad y recordó que sus principios básicos relativos a la independencia indican que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia”.

Pese a que desde el Legislativo se criticó lo expresado por el funcionario e, incluso, lo acusaron de usurpar el nombre de la ONU, otro alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, declaró en la misma línea.

Durante el Consejo de Derechos Humanos, Türk enfatizó que la apertura de la diligencia a los miembros de la JNJ puede tener un impacto en la independencia judicial y en la separación de poderes. Asimismo, mencionó que, desde enero, el organismo documentó trece leyes y cinco acusaciones constitucionales que interfieren en entidades a las que la Constitución reconoce su autonomía.

Como se recuerda, el Congreso decidió que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria luego de que los jueces y fiscales se pronunciaría, en mayo paso, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por la representación nacional por un periodo de cinco años al presuntamente incumplir sus obligaciones al suspender la investigación contra el expresidente Pedro Castillo.