Este lunes 11 de setiembre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso exigió a la titular de la Cancillería, Ana Gervasi, que expulse inmediatamente del país al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic.
El presidente del grupo de trabajo, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), cuestionó duramente el accionar del funcionario y lo acusó de entrometerse “en asuntos internos de Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen”.
“Personajes de esta naturaleza no requerimos, aquí que vengan en representación de organismos tan importantes como Naciones Unidas, para que vengan a violentar el respeto la independencia de poderes, el respeto al marco constitucional”, expresó el fujimorista.
¿Quién es Igor Garafulic?
Igor Garafulic es un alto funcionario de la ONU, designado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con el fin de asumir " la responsabilidad general y coordinación de las actividades en el país para asegurar su coherencia en conformidad con los objetivos y prioridades del Gobierno, y con los mandatos y objetivos del Sistema de las Naciones Unidas”.
Asimismo, en situaciones de emergencia o desastres por fenómenos naturales, se convierte en el coordinador humanitario y lidera la gestión y entrega de recursos para la nación en la que se encuentra.
Garafulic, quien es economista de profesión y cuenta con un máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, se encuentra en el país desde octubre del 2019, pero anteriormente ocupó el mismo cargo en Honduras y fue director del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo en Guatemala (2014-2018). Además, se ha desempeñado como asesor principal para la oficina regional de América Latina y el Caribe.
¿Por qué la Comisión de Relaciones Exteriores exige su salida inmediata?
La Comisión de Relaciones Exteriores exige su salida porque el Sistema de Naciones Unidas en el Perú expresó su “preocupación” ante la decisión del Congreso de aprobar una moción para realizar, por un plazo de 14 días, una “investigación sumaria” contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con la posibilidad de que sean removidos y reemplazados al antojo del Poder Legislativo.
La medida, que alcanza a Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, “podría derivar en su remoción total”, advirtió la entidad y recordó que sus principios básicos relativos a la independencia indican que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia”.
“La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país, que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país”, se precisa en el comunicado de la ONU.
Respaldo de Alto comisionado de la ONU
Pese a que desde el Legislativo se criticó lo expresado por el funcionario e, incluso, lo acusaron de usurpar el nombre de la ONU, otro alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, declaró en la misma línea.
Durante el Consejo de Derechos Humanos, Türk enfatizó que la apertura de la diligencia a los miembros de la JNJ puede tener un impacto en la independencia judicial y en la separación de poderes. Asimismo, mencionó que, desde enero, el organismo documentó trece leyes y cinco acusaciones constitucionales que interfieren en entidades a las que la Constitución reconoce su autonomía.
“Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la Judicatura y respeto al equilibrio de poderes”, señaló en su discurso de inauguración de la 54º sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH).
¿Por qué el Congreso abrió una investigación contra la JNJ?
Como se recuerda, el Congreso decidió que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria luego de que los jueces y fiscales se pronunciaría, en mayo paso, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por la representación nacional por un periodo de cinco años al presuntamente incumplir sus obligaciones al suspender la investigación contra el expresidente Pedro Castillo.
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