La presidenta Dina Boluarte y el titular del Parlamento, Alejandro Soto, acumulan 76% y 70% de desaprobación, respectivamente, según una nueva encuesta divulgada este martes por Ipsos para Perú21. La aceptación hacia la jefa de Estado aumentó ligeramente esta vez y alcanzó un 16%, solo dos puntos más que el sondeo de julio.
El diputado de Alianza para el Progreso (APP), quien enfrenta tres denuncias de oficio en la Comisión de Ética, registra solo un 10% de aprobación en este estudio realizado entre el 7 y 8 de septiembre, en el que participaron 1213 personas de zonas urbanas y rurales.
El Congreso, en tanto, suma 81% de rechazo; y el Poder Judicial, 71%. La encuenta también incluye impresiones ciudadanas respecto a la norma aprobada por el Legislativo para que más de 14 mil maestros interinos —que fueron retirados por no haber aprobado sus exámenes― sean repuestos en el Magisterio. Magnet Márquez renunció a la cartera de Educación por considerar que esta iniciativa afecta la educación pública.
Igualmente, el 91% de encuestados señaló que solo se debe nombrar a los maestros que aprueban los exámenes correspondientes. El estudio ha sido difundido un día después de que Boluarte y su Gabinete Ministerial presentaran el IV informe de avance de su Gobierno.
En su presentación, la presidenta declaró que la prioridad de su administración es la “recuperación sostenida de la economía e inversiones”, la mejora de servicios de educación, saneamiento, orden y seguridad, y el desbloqueo de proyectos.
“En este último período hemos tenido como prioridad, la recuperación sostenida de nuestra economía y las inversiones, al igual que la atención de sectores claves como salud, educación, agua y saneamiento, la prevención frente al Fenómeno El Niño y el impulso del orden y la seguridad ciudadana, entre otros asuntos no menores que demanda la ciudadanía”, dijo.
“La inversión total para estos proyectos asciende a más de 641 millones de soles en beneficio de millones de peruanos y peruanas que tienen hoy la posibilidad de atenderse en infraestructura moderna y con equipos de última generación”, siguió.
Boluarte también aseguró que los fugitivos por delitos de corrupción, vinculados a su antecesor Pedro Castillo (2021-2022), serán capturados y entregados a la Justicia. De esa manera, hizo mención al exministro de Transportes, Juan Silva, y al sobrino de Castillo, Fray Vásquez, prófugos de la Justicia después de ser incluidos en una investigación por organización criminal.
A fines de agosto, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad investigar tres denuncias de oficio contra Soto por presunta contratación irregular al beneficiarse de una ley y por el supuesto uso de sus asesores para mejorar su imagen en las redes sociales.
En una sesión extraordinaria, los 17 parlamentarios participantes votaron a favor, sin votos en contra o abstenciones, iniciar las pesquisas contra el diputado. Una de las tres denuncias es la presunta contratación de la hermana de la madre de su hijo como miembro de su oficina congresal, y se tendrá que determinar si este hecho vulnera la ética parlamentaria.
La segunda es por el presunto uso de aportes de sus trabajadores para mejorar su imagen en redes sociales, y la tercera denuncia es por presuntamente haberse beneficiado de la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción en un caso de peculado y falsificación.
Tras el final de la sesión, el presidente de la Comisión, Diego Bazán (Avanza País), afirmó que “irá hasta el final”, en cuanto a la investigación contra Soto. “Seré contundente, incluso la votación por unanimidad demuestra que hay la voluntad de que se investigue e iremos hasta el final, porque no queremos omitir nada”, aseguró.
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