Mucho se ha hablado respecto a las consecuencias que el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, podría enfrentar por presuntamente plagiar sus tesis de maestría y doctorado. Como se sabe, hace unas semanas, Infobae Perú reveló que la tesis de doctorado del titular del Legislativo presentaba un 67% de similitud con otros textos académicos; posteriormente se supo que Alejandro Soto se había plagiado a sí mismo, al encontrarse la tesis de maestría con contenidos similares.
En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Eleazar Crucinta Ugarte, se pronunció explicando las acciones que se podrían adoptar en el aspecto educativo de confirmarse que ambos trabajos de investigación elaborados por Alejandro Soto sí habrían sido plagiados.
El académico declaró para Correo que, como consecuencia de la denuncia, la Escuela de Posgrado de la UNSAAC se encuentra en proceso de realizar la investigación de las tesis de maestría y doctorado realizadas por el presidente del Congreso, pero sin precisar una fecha tentativa de cuándo se podrían emitir los resultados.
“Nosotros siempre estamos cuidando el aspecto académico en todo sentido, si es que se encuentran acciones dolosas, indudablemente la universidad tiene que tomar las acciones necesarias. (...) el Consejo Universitario que da los grados académicos verá si se le retiran los grados correspondientes”, indicó Crucinta a dicho medio.
Como se sabe, previamente Crucinta Ugarte había detallado en una conferencia de prensa que tras haber sometido la tesis de maestría de Alejandro Soto al programa Turnitin, la UNSAAC entregó un porcentaje de similitud del 66% respecto a otros trabajos de investigación.
Alejandro Soto negó plagio porque la universidad “no tenía Turnitin”
Tras revelarse esta denuncia, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, intentó minimizar el presunto plagio alegando que si bien “la universidad no contaba con el programa” para revisar el índice de similitud con otros trabajos de investigación “aprobó todos los filtros académicos exigidos” por los cuales incluso se le otorgó “una nota sobresaliente”.
Asimismo, aseveró que “las omisiones identificadas posteriormente en algunos pies de página fueron involuntarias e inadvertidas y no deben desmerecer el trabajo de investigación realizado por ninguna persona”. “Rechazo enfáticamente que haya cometido plagio”, insistió el titular del Parlamento, antes de que se supiera que esa misma tesis doctoral mantenía una similitud más que cercana con la que realizó años antes para la maestría y que ni siquiera citó.
Rector de la UNSAAC duda de excusa de Soto
El rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco no evitó mostrar su duda respecto a lo declarado por el titular del Parlamento. En la entrevista para Correo, Eleazar Crucinta consideró que el caso de Soto era, por lo menos, “interesante”, pues este se había graduado antes de que existan sistemas antiplagios como el programa ‘Turnitin’ en la UNSAAC.
No obstante, minimizó la responsabilidad que tendría el centro educativo e indicó que quienes tendrían que responder ante este presunto caso de plagio son los jurados. “Yo si soy jurado y encuentro problemas de citado, plagio, errores ortográficos o que no se resuelven las hipótesis o problema, tengo que observarlo, y son cuatro personas las que revisan. Antes, incluso participaba el asesor, quien estaba en la sustentación y tenía la posibilidad de ser parte del jurado”, afirmó a la prensa.
“Yo no conozco la vida académica de cada uno de nuestros estudiantes y bueno, ahora resulta que hay este problema, y tengo que llegar a la investigación, pero para mi punto de vista, si ha obtenido un grado, es porque hay un jurado que lo respaldó”, mencionó.
Autores piden al Ministerio Público que actúe de oficio
En diálogo con este medio, los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino instaron a la Fiscalía de la Nación a que actúe de oficio al verse vulnerados sus derechos autorales, lo cual califica como plagio.
“Lamento mucho que existan personas que tengan este tipo de actitud, esta conducta debe ser reprochable y sancionable porque el Código Penal tipifica, con toda claridad y a todas luces, que esto es un delito con pena entre cuatro y ocho años, además de 180 días multa”, explicó Urquizo a nuestra redacción.
“El Ministerio Público tiene que actuar de oficio y el Congreso de la República debe considerar este tema como uno más de los varios que tiene para su sanción. O sea, ¿se metió a mi cabeza y accedió a todos los conocimientos que tengo por estudiar y participar de la elaboración de la ley orgánica de municipalidades como representante del ilustre colegio de abogados de Lima? Espero que el Parlamento también considere este tema”, mencionó Castiglioni en diálogo con Infobae Perú.
Acusan a Soto de fraude académico
Luego de una nueva revisión de la investigación académica de Soto Reyes realizada por el programa Panorama, ha salido a la luz nuevas posibles irregularidades en la obtención de sus títulos académicos. El informe emitido durante la noche del domingo 10 de septiembre acusa a Soto Reyes de supuesto “fraude académico”.
Según las investigaciones de Panorama, Soto Reyes habría obtenido tanto su grado de maestría como su doctorado a partir de la misma tesis, a pesar de que esto está prohibido por la ley universitaria. El incidente se remonta a 2016, cuando el actual titular del Parlamento presentó su tesis ante la Universidad San Antonio de Abad de Cusco con el fin de obtener el título de magíster. Sin embargo, según el informe, en 2017 utilizó exactamente la misma investigación para gestionar la obtención de su doctorado.
Expertos consultados por el dominical han llegado a la preocupante conclusión de que el trabajo académico de Alejandro Soto presenta un alarmante 38 % de contenido plagiado, según los resultados del software Turnitin. Este hecho, sumado a la evidencia de que la misma tesis se utilizó tanto para la maestría como para el doctorado, sugiere una infracción flagrante de las regulaciones universitarias. Esta revelación plantea serias preguntas sobre la integridad académica y la ética del congresista, así como sobre las posibles repercusiones legales que podría enfrentar.