La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes una denuncia de oficio contra el legislador Paul Gutiérrez (Perú Libre), quien presentó un proyecto de ley para incorporar la exoneración automática de alimentos, con lo cual eventualmente quedaría sin efecto la aportación económica que brinda mensualmente a su hija.
La propuesta por presunto conflicto de intereses obtuvo ocho votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones. Gutiérrez planteó que el alimentista —como se llama a la persona beneficiaria de la asignación— no sea mayor de 25 años o no evidencie un promedio ponderado no menor a 13 en sus estudios superiores, los mismos argumentos que empleó en instancias judiciales para desfavorecer a su hija, que actualmente tiene 24 años.
Su primer intento ocurrió en 2009, cuando interpuso, sin éxito, una demanda ante el Poder Judicial, según documentos difundidos esta semana por el Centro Liber. La segunda, en agosto del 2021, cuando ya era parlamentario, fue declarada inadmisible por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tamburco (en Apurímac, su región natal) por contener diferentes observaciones.
Aunque el juzgado le otorgó tres días para subsanar las contemplaciones, el parlamentario no cumplió, de modo que su solicitud fue rechazada y archivada. El diputado volvió a presentar una tercera demanda en enero de 2022, que sí fue admitida preliminarmente. En mayo de ese año se realizó la audiencia única del caso, donde Gutiérrez argumentó que su hija cumplió la mayoría de edad y sigue estudios superiores con notas desaprobatorias.
La alimentista, por su parte, sostuvo que sus calificaciones se deben a altibajos causados, entre otros motivos, por la carencia de una figura paterna, problemas neurológicos y psicológicos, frustración personal por no estudiar la carrera deseada por falta de apoyo de su padre. Además, mencionó que en ese momento mantenía un promedio ponderado de 11,06.
Tras evaluar las pruebas de ambas partes, el Juzgado de Paz Letrado del Pueblo Joven de Centenario declaró infundada la demanda. “Siempre he cumplido mis obligaciones con mi hija, desde que ha nacido, a pesar de que no tenía un trabajo estable. Desde el año 99, en que me nombré, vengo cumpliendo. [La negativa] fue por la actitud de la mamá”, dijo el diputado en una entrevista para Al estilo Juliana, donde admitió que cometió “un error”.
La semana pasada, Susel Paredes (Cambio Democrático -JP) cursó un documento a Janet Rivas (Perú Libre), presidenta de Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para invocarle a que envíe al archivo la iniciativa de Gutiérrez. En el oficio aparecen los nombres de las diputadas Ruth Luque, Sigrid Bazán y Flor Pablo (no agrupada).
“Entre todos los descaros que existen, usar el poder para negarle alimentos a un hijo o hija debe ser el peor. Mi más rotundo rechazo a la iniciativa del congresista. Invito a mi colega a la reflexión”, anotó en su plataforma de X, antes Twitter.
De promulgarse la ‘Ley Gutiérrez’, miles de jóvenes peruanos se verían afectados, según la abogada de familia Milagros García. “Si existen jóvenes que están estudiando una carrera universitaria, con esta ley se les recortaría los años en que se mantendría la obligatoriedad del otorgamiento de una pensión alimenticia. Se quedarían a mitad de carrera o, de repente, faltando uno o dos ciclos”, dijo.
El mes pasado, Gutiérrez también presentó una iniciativa para modificar el nombre de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) por Sunes (Superintendencia Nacional de Educación Superior), y ampliar el alcance de la entidad, que no solo certificaría los títulos otorgados por las universidades, sino también los de los institutos de educación superior públicos o privados.
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