María Cordero exigía joyas y viáticos a trabajadores que recortaba sueldo: “Si te portas mal, sales; muérdete la lengua”

La legisladora María Cordero Jon Tay, expulsada de Fuerza Popular e investigada por el delito de concusión, no solo recortaba el salario de sus trabajadores, sino que además les exigía joyas y la cobertura total de gastos durante la semana de representación en Tumbes, según una nueva denuncia difundida este domingo en Punto Final.

El economista Rafael Cabrejos, quien hizo público el caso inicialmente de manera incógnita, expuso una serie de audios y fotografías hasta ahora desconocidos, ante la negativa de la congresista de acudir a las citaciones en la Comisión de Ética y el Ministerio Público, que le abrió una investigación preliminar en abril pasado y la convirtió en la quinta legisladora procesada por presuntos cobros irregulares dentro de su despacho.

“Su trato en todo momento fue humillante y amenazante, como se escucha en los audios, siempre me extorsionaba con que si no hacía algo me iba a despedir. Siempre demostró una actitud agresiva y abusiva, la amenaza era de que me iban a sacar del trabajo e iban a difundir con todos los miembros del Parlamento para que no me contraten”, señaló Cabrejos.

En abril de 2022, según el informe, la congresista acudió a una bisutería del Centro Cívico y obligó a sus trabajadores a comprarle una joya valorizada en más de mil soles. “Ella pedía regalos, iba a una joyería, decía: ‘eso me gusta’ [...] Nos obligó a los trabajadores a pagarlo entre todos”, precisó el economista, que tomó una fotografía del juego entregado a la diputada.

En otro momento, mencionó que los asalariados debían costear la estadía durante la semana de representación en la región norteña y que, en algunas ocasiones, él mismo fue obligado a realizar funciones ajenas para las que había sido contratado. “Entre todos pagábamos sus gastos para que ella no gaste nada. El sobrante, que había que devolver al Congreso, ella lo pedía [...] Yo la llevaba de compras, a recoger ropa, al salón de belleza”, denunció.

El delito de concusión contempla de dos a ocho años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial. Cordero no respondió para el dominical ni lo ha hecho hasta ahora en réplica al reportaje.

Junto con ella, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Heidi Juárez y el propio presidente del Parlamento, Alejandro Soto, han sido acusados de recorte salarial, una práctica por la que a fines de agosto el excongresista Michael Urtecho fue condenado a 22 años y cinco meses de cárcel.

Urtecho tiene una discapacidad en los miembros inferiores que le obliga a movilizarse en silla de ruedas. Los jueces consideraron que, sin la ayuda de su cónyuge, no habría podido realizar los delitos en agravio de Gladis Flores Galves, Estela Bocanegra Alayo, Karla Paredes Vera y Evelyn Goicochea Miranda,