Siguen saliendo datos que ponen en duda la idoneidad de la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga. A los cuestionamientos sobre su gestión, se le suman los informes de la Contraloría General de la República, la cual advierte que la funcionaria habría cometido graves irresponsabilidades funcionales y supuestos actos de corrupción.
Por la “adquisición de hitos de concreto de señalización para la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos para la dirección general de patrimonio arqueológico inmueble”, no solo se consideró necesario denunciarla ante el Ministerio Público, sino que se encontraron elementos suficientes para abrir una investigación penal preparatoria. Sin embargo, continúa en el cargo.
De acuerdo a la fiscalía, Leslie Urteaga Peña, quien era Directora General de Defensa del Patrimonio Cultural-DGPA, Ausejo Castillo, Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Luis Enrique Espinoza Gálvez y José Luis Salcedo Quispe se habrían coludido para defraudar sistemáticamente al Estado. No solo sobrevaluaron la construcción de los hitos, sino que utilizaron a José Suárez, anciano en situación de pobreza extrema, para hacerlo pasar como proveedor del sector Cultura y supuesto propietario de una ferretería que, en papeles, recibió 200 mil soles.
“A mí me pagaron 60 soles por día y lo hice en tres días. Yo fui a las cajas donde pagan al personal, nunca abrí una cuenta en el Banco de Crédito ni tengo ninguna empresa. Todo es falso”, asegura Suárez Ramos.
“Ferretería yo no conozco, somos pobres. Nosotros comíamos arroz con camote”, menciona entre lágrimas la esposa del anciano, quien denunció que, a raíz de la investigación, perdió el bono que les daban por su situación y la de su hijo de 47 años con habilidades especiales.
La pareja de adultos mayores culpan a Luis Enrique Espinoza Gálvez, quien en ese año se desempeñaba como coordinador de administración a nivel nacional de la DGPA, y gozaba de la confianza de la actual ministra. De acuerdo a José, con engaños, le hacía firmar documentos e incluso fue él quien le tramitó su número de RUC y la tarjeta del banco con la que cobraba el dinero en el Ministerio de Cultura.
Cabe mencionar que, pese al apuro que tienen los ancianos porque todo se esclarezca, la fiscalía ha declarado la investigación que involucra a la titular del Mincul como compleja, porque hay elementos fácticos para hablar de una organización criminal, motivo por el que se amplió el periodo de recolección de testimonios y pruebas por ocho meses más. Hasta el momento, José Juárez se ha puesto a derecho, mientras que la funcionaria aún no se ha presentado a la fiscalía.
“Ya no estamos en una investigación preliminar, sino que ya de ese primer sondeo, la fiscalía ha evidenciado elementos que consideró relevantes y por eso ha formalizado la investigación contra la ministra. Hay que tener en cuenta que, con la formalización, ya se pueden pedir medidas contra la titular del Mincul”, mencionó la penalista Romy Chang.
“Es muy importante que se esclarezca para darle transparencia al puesto público, la base para que no exista corrupción es justamente la transparencia y al ser estos cargos de confianza, se entiende que deben ser ocupados por personas transparentes, que no tengan cuentas pendientes que rendirle al Estado, donde no quede duda ni quepa duda de su correcto desenvolvimiento en sus funciones, porque lo que se busca proteger es el adecuado funcionamiento de la función pública”, agregó la experta en diálogo con el dominical.
De acuerdo al dominical, la protección que tiene la funcionaria se debe a su exrelación sentimental con Morgan Quero, actual jefe del gabinete de asesores de la presidenta Dina Boluarte. En diálogo con el medio, confirmó que tuvo un vínculo amoroso con la funcionaria, pero negó que haya influido en su designación y permanencia.