Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, recibió dos visitas de la abogada Elizabeth Zea, vinculada al fujimorismo, antes de designarla como asesora y adjunta de los Asuntos Constitucionales del organismo. Las citas ocurrieron el 31 de agosto y el 1 de septiembre en la sede central, según un registro difundido este lunes por Wayka.
Cuatro días después del último encuentro, la Defensoría emitió una resolución en la que removió el requisito de cuatro años de experiencia en el sector público para acceder al cargo de adjunto, y el último jueves, Gutiérrez firmó las designaciones de Zea, quien no cuenta con el expertise en función pública.
La letrada integró el equipo técnico de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante las elecciones del 2021, postuló al Congreso con la agrupación de Renzo Reggiardo y fue asesora de legisladores fujimoristas en 2017 y 2018. Su nombre también aparece en la comisión de diez juristas que asesora a la presidenta Dina Boluarte en cuestiones constitucionales.
En este grupo figuran otros letrados allegados a la tienda naranja, como expresidente del TC, Óscar Urviola, quien asumió la defensa del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el supuesto fraude de 2021; y el constitucionalista Aníbal Quiroga, exabogado de la lideresa opositora.
Infobae Perú conoció que, tras la llegada de Gutiérrez, se sucedieron una ola de renuncias de quienes presidían las Adjuntías. La primera en irse fue la adjunta por los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés. Susana Silva, de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, renunció la semana pasada.
Alicia Abanto, quien era la primera adjunta, también se fue en la misma fecha y en su reemplazo fue nombrada Rina Rodríguez, trabajadora de la Defensoría desde hace varios años. Igualmente, dimitió Matilde Cobeña, quien se desempeñaba como adjunta de Niños y Adolescentes.
A través de una carta de protesta, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría ha pedido a Gutiérrez reevaluar la designación de Zea por sus “cuestionamientos públicos generados por sus conocidos vínculos con un partido político y comentarios contrarios a la posición histórica” del organismo “en la defensa de los derechos fundamentales”.
También cuestionaron “su falta de transparencia al no responder las interrogantes de medios de comunicación sobre su experiencia laboral”. El aval del fujimorismo fue crucial para que, en mayo pasado, Gutiérrez llegara a presidir el organismo: 23 de los 87 votos requeridos fueron de esta tienda, junto con 14 de Perú Libre y otros 14 de Acción Popular, que varió su sufragio.
Políticos de diferentes tendencias habían cuestionado que el defensor haya sido abogado de Vladímir Cerrón, líder del partido con el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones de 2021.
“Para mí, el apoyo de Fuerza Popular sería un honor. [...] me encuentro sumamente agradecido de que me haya invitado a una reunión. Considero que ha sido un gesto de mucha relevancia en el quehacer político”, mencionó un día antes de que su opción fuera respaldada, entre aplausos, en el pleno.
El abogado, de 51 años, también fue elegido congresista en 2011 por Gana Perú, que llevó a la presidencia a Ollanta Humala (2011-2016), ahora imputado por presunto delito de lavado de activos a raíz de supuestos aportes ilegales de la empresa brasileña Odebrecht.
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