Interpol se negó a localizar y detener a Alejandro Sánchez, pese a dos pedidos del Poder Judicial

La Policía Internacional negó en dos ocasiones activar la alerta roja para localizar y detener provisionalmente a Alejandro Sánchez, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) acusado de corrupción y detenido esta semana por una patrulla fronteriza en Texas (Estados Unidos), cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera con México, en la localidad de Eagle Pass.

Según un informe difundido este domingo en Punto Final, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú recibió una solicitud para emitir la notificación contra el empresario, sobre quien recae una orden de 30 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la sede central en Lyon (Francia) señaló que el caso era “predominantemente político” y el pedido fue desestimado en febrero pasado en aplicación al artículo 3 de su estatuto.

“Aquí sucede algo grave y como país debemos hacer una protesta enérgica a la actuación sesgada de Interpol. [...] Es una falta de igualdad de armas en un procedimiento administrativo completamente sesgado, en donde ninguno de los funcionarios competentes podemos interactuar, salvo el órgano dependiente de esta entidad, que es Interpol Perú”, dijo al dominical el procurador anticorrupción, Javier Pacheco.

Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradicciones, precisó que la Policía Internacional no “tiene la obligación de cumplir lo que dice el juez”, ya que tiene sus propias normas. “Si deciden no hacerlo, más allá de la insistencia, no hay un recurso propio [porque] no es una autoridad nacional”, anotó el fiscal.

Por su parte, Jorge Angulo, comandante general de la Policía Nacional (PNP), declaró que la institución desconoce cómo Sánchez fugó de territorio nacional. “Tenemos miles y miles de kilómetros de frontera, sería bien complicado decirle por donde salió o si salió caminando, en vehículo o vuelo comercial o privado”, dijo.

El empresario, recluido preliminarmente en un centro de Texas, está implicado en una presunta organización criminal que buscaba obtener “ganancias ilegales” a través de irregularidades en la adjudicación de obras públicas, un caso denominado ‘Gabinete en la sombra’.

“Necesariamente, [ahora] debe haber un proceso de deportación que dependiendo del caso puede demorar entre tres semanas o un mes”, señaló al dominical el cónsul general del Perú en Houston, Jaime Arróspide.

La Cancillería, en tanto, ha informado que “viene realizando gestiones con las autoridades norteamericanas” para que el imputado se enfrente a la justicia después de su expulsión. Sánchez es propietario de una casa en Lima que fue incautada en julio por el Poder Judicial. Castillo empleó este espacio para reunirse con sus allegados y empresarios poco después de su elección como mandatario.

También acusó a la organización de construir redes de protección, llevar a cabo el encubrimiento a investigados, actos de difamación y persecución contra las entidades investigadoras. En julio pasado, desde la clandestinidad, el exprófugo adelantó que no se iba a entregar porque, bajo su óptica, no había cometido ningún delito.

“Fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado, no con base en generalidades. Si mi abogado lo decide, yo no tengo ningún problema [en entregarme]. Por derecho a mi seguridad, a mi libertad y a mi vida, por ahora no puedo decirle dónde estoy”, dijo entonces en una entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva.

Luego de brindar un balance de su gestión junto a sus ministros, la presidenta de la República, Dina Boluarte, detalló que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya inició las coordinaciones para que Sánchez Sánchez sea enviado al Perú y no a México.

“Ya hemos tomado conocimiento, la Cancillería está activando. […] Lo único es que vamos a pararnos firmes como Gobierno para que toda aquella persona que esté escapando a las leyes tengan que venir a ponerse a derecho y vamos a luchar siempre contra la corrupción”, expresó la jefa de Estado.