La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, consideró este domingo que la investigación del Congreso que busca la remoción de los miembros del organismo es “un quiebre al orden constitucional” que “no tiene ninguna garantía” y podría decantar en un “grave” escenario de impunidad.
La letrada declaró que es “preocupante” que el Legislativo no haya “tipificado la causa grave” que motiva la pesquisa sumaria encargada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que tiene un plazo de 14 días para presentar su informe. La iniciativa ha sido rechazada por el Sistema de Naciones Unidas y por el propio ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien advirtió de un eventual riesgo en la democracia.
“Si vamos a los cargos [...] el primero, en que se nos hace la imputación de una comunicación que la JNJ remitió al Congreso a mediados de mayo. Frente a esa investigación y sobre la decisión que ya pesaba, hicimos un análisis y, efectivamente, la JNJ existe para la garantía de la independencia judicial y fiscal. Si somos garantes de esa independencia que debe existir, decidimos elaborar un documento y muy respetuosamente solicitar al Congreso que se reflexione sobre el tema”, dijo en diálogo con RPP.
“Se nos atribuye que hemos presionado al presidente del Poder Judicial, pero no hay ningún indicio que amerite ello [...] Estamos sujetos a la investigación y seremos los primeros en pedir que se nos escuche y se nos permita presentar toda la argumentación y documentos necesarios, porque algunas de las imputaciones no tienen ningún argumento”, agregó.
Tumialán solicitó al Parlamento que se les permita presentar sus argumentos frente a las cinco imputaciones que les atribuyen. “Nosotros entendemos, como en los diversos procesos de investigación que se llevan a cabo en las diferentes instancias, que se notifica primero a la parte investigada y luego seguirán las diligencias que se actúen [...] Como mujer de derecho y defensora de los derechos, creo que se puede modificar una decisión a través de un proceso justo, con las garantías mínimas para tomar una decisión”, anotó.
La titular del JNJ remarcó que, ante un panorama adverso, podrían recurrir al Tribunal Constitucional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de las Naciones Unidas.
“Apelaremos a todos los medios, [...] lo elemental es que, de por medio, están los valores democráticos y la independencia del sistema de justicia. [...] Esta decisión es política. Hay necesidad de una reflexión mayor por parte de los integrantes del Congreso sobre la decisión adoptada”, puntualizó.
El pleno del Congreso aprobó esta semana, con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, por causa grave, a los integrantes de la JNJ. La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó la moción bajo el argumento de que “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.
Como fundamentos de hecho, la moción presentó un pronunciamiento del organismo sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.
La ONU ha expresado su preocupación por la iniciativa y afirmó que el organismo judicial tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país.
Por su parte, el ministro Arana expresó que la “posición del Ejecutivo es de preocupación” ante el riesgo que implica para la democracia. “Desde el Gobierno exhortamos al Congreso a que se conduzca esta investigación dentro de los cánones constitucionales y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente”, dijo.
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