Dina Boluarte descarta que propuesta que busca criminalizar la difusión de protestas atente contra la libertad de prensa

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca modificar el Código Penal para criminalizar la convocatoria y difusión de protestas, bajo la figura de “instigación del delito de disturbio”. Esta propuesta se encuentra en el pedido de facultades legislativas que se encuentra en el Congreso de la República.

“Se propone modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”, se lee en el proyecto del Gobierno.

Tras conocerse esta propuesta, la opinión pública mostró su preocupación al considerar que esta iniciativa afectaría la libertad de expresión. Los periodistas también la desestimaron. Ante este panorama, la presidenta de la República, Dina Boluarte, despejó las dudas de la ciudadanía en torno a este tema.

En contraste con esta declaración, el Consejo de la Prensa Peruana indicó que esta pretensión, además de vulnerar el derecho de a la libertad de expresión, viola el derecho a la protesta.

“Este punto atenta no sólo contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto”, advirtió el CPP.

En esa línea, el gremio periodístico alertó que la iniciativa del Ejecutivo implicaría que ciudadanos y comunicadores sean procesados penalmente por simplemente informar o compartir actualizaciones sobre manifestaciones.

“La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas. Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional. Por otro lado, la modificatoria no puede dejar de leerse a la luz de ejemplos recientes: no pocos comunicadores, haciendo uso de su derecho a expresarse, no sólo informaron sobre manifestaciones, sino que promovieron una participación pacífica en éstas”, apuntó el CPP.

Por ello, el Consejo de la Prensa Peruana requirió que dicho extremo sea retirado o rechazado por el Congreso.

Durante una visita a Pichanaki, la presidenta Dina Boluarte insistió en no tener responsabilidad sobre las más de 60 muertes producto de la represión en las protestas antigubernamentales. Incluso, acusó a los protestantes de haber causado los fallecimientos.

“A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo: ‘Dina asesina’. Yo les respondo a aquellos que gritan esas palabras: Quienes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones fueron ellos mismos porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático. A ellos les digo: ‘no sigan matando el desarrollo de los pueblos’. A ellos les digo: ‘unámonos porque hasta en las diferencias podemos encontrar coincidencias para sacar a nuestro Perú adelante. A ellos les digo: ‘no les tengo miedo’”, alegó.

En esa línea, Boluarte atribuyó la responsabilidad al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo donde cumple dos órdenes de prisión preventiva.

“El asesino está bien preso en la Diroes, que él responda por las muertes. Dina va a responder al pueblo con obras, con trabajo, con decencia y en esta lucha frontal contra la corrupción”, aseveró.

Tras conocerse que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca modificar el Código Penal para criminalizar la convocatoria y difusión de protestas, bajo la figura de “instigación del delito de disturbio”, los periodistas mostraron su rechazo, puesto que consideran que la iniciativa del Poder Ejecutivo atentaría contra la libertad de expresión de los peruanos.

En otro apartado de su portal, la organización civil citó a Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del IPYS, para reforzar su juicio de valor. “No es necesario crear una figura de instigación para el delito de disturbios o el de entorpecimiento de los servicios públicos”, sostuvo el profesional.