Si bien consideró que su accionar no era grave, este lunes 11 de setiembre, la Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria, decidió tomar cartas en el asunto y denunció al parlamentario David Jiménez (Fuerza Popular) por el presunto delito de peculado de uso.
A través de X, antes Twitter, el funcionario solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el fujimorista “tras conocerse que, presuntamente, una servidora de su despacho congresal labora en el horario regular de trabajo en la empresa privada del legislador”.
Ello, luego del reportaje de Contracorriente, donde se hizo un seguimiento a la trabajadora identificada como Ángela Noblejas y se constató que, pese a estar en planilla en el Congreso y ganar unos seis mil soles provenientes del Estado, labora al interior de su negocio privado: el instituto Franklin Roosevelt, ubicado en Av. Arequipa 2349, Lince, de 9 a 13 y de 15 a 17 horas de lunes a viernes.
Incluso, una colaboradora se hizo pasar por una alumna del centro de estudios y se confirmó lo que se presumía. “‘Hola, estudio farmacia y estoy preocupada porque no tengo plata para seguir pagando la matrícula, no quiero retrasarme’. El pago es en cuotas justamente para que no paguen el monto en bloque. Si deseas te puedes acercar, yo estoy a partir de nueve a una de la tarde y de tres a cinco de lunes a viernes, a menos que salga de comisión de viaje, así. Pero estos días estoy acá. ‘Ok. ¿Digo su nombre nada más, Ángela, la administradora?’ Sí, señorita, le van a indicar cuál es mi oficina”, se oye decir en la llamada.
“No está en su puesto de trabajo, en el lugar que le corresponde, en el horario que le corresponde. La Jornada principal que está señalada en ese contrato de trabajo para el Parlamento de la República está siendo totalmente vulnerado. Es un contrato fantasma”, mencionó la especialista Magaly Bobadilla en diálogo con el dominical.
Asimismo, el penalista Andy Carrión declaró que “a todas luces se trata de un aprovechamiento de los recursos del estado para fines privados”. “Existe una connivencia, es decir un pacto entre ambos de que ella realice labores en el propio instituto privado en el cual él es titular, el propio congresista es dueño. Que él simplemente la contrate, reciba una remuneración por parte del Estado —donde todos nosotros ponemos nuestro dinero ahí a través de los impuestos—, para un fin privado, es claramente un delito”, explicó el experto en conversación con el dominical.
Cabe mencionar que, pese a las pruebas, el parlamentario negó que la trabajadora ejerza funciones de administración fuera del despacho congresal. “Ella ha estado haciendo los quehaceres de la oficina, ella sale [del Congreso], hace diferentes cosas. ‘¿Ella no es la administradora de su instituto?’ No. ‘Usted está mochando el dinero de todos los peruanos para pagarle a una persona que no viene a trabajar. ¿No le parece grave?’ Tranquilo, no, no es grave. Hazle la entrevista en su oficina”, sostuvo bastante ofuscado.
Otro cuestionamiento contra Jiménez
Anteriormente, un informe del Portal Centro Liber reveló que el parlamentario fue uno de los ‘padres de la patria’ que, pese a tener licencia por motivos personales, recibió el bono de dos mil 800 soles correspondientes a la semana de representación sin cumplir con las actividades parlamentarias ni devolver el dinero.
Como se recuerda, de acuerdo a la página del Congreso de la República, la semana de representación sirve para que “los legisladores tomen contacto con las provincias y pueblos del país a fin de traer la problemática y realidad de esas zonas alejadas para la búsqueda de alternativas en su solución”.