El prófugo de la justicia peruana Alejandro Sánchez fue capturado el pasado viernes en la frontera de Estados Unidos (EE.UU) tras haber ingresado de forma ilegal al país desde México. Ahora, el Perú deberán esperar alrededor de un mes para su extradición.
En diálogo con Latina Noticias, Jaime Arróspide, cónsul del Perú en Houston, señaló que el tiempo aproximado para que Sánchez Sánchez sea expulsado de Estados Unidos es entre tres semanas a un mes.
“Cuando pasa a la agencia que es de Migraciones y Aduanas, lo dan como ingresado al país, eso necesariamente tiene que ser un proceso de deportación que, dependiendo del caso, puede demorar tres semana, un mes o menos”, señaló vía telefónica.
Cabe mencionar que, Alejandro Sánchez ingresó a Estados Unidos de forma ilegal pese a que él cuenta con la visa requerida. El haber salido del Perú de forma clandestina, sin seguir los procedimientos regulares, le dificultó formalizar su entrada a ese país.
Actualmente, el dueño de la casa en Sarratea, en Breña, se encuentra retenido en el Centro de Detención del Río en Texas. El consulado peruano ha iniciado las acciones correspondientes para que se logre expulsar al empresario al país, no obstante, existe un riesgo de que deportado a México.
El procurador anticorrupción, Javier Pacheco, señaló que hay un protocolo que establece que cualquier persona que haya entrado de manera irregular a Estados Unidos debe ser expulsada al país desde el cual intentó ingresar. En el caso de Alejandro Sánchez, esto implicaría su retorno a México y no a Perú.
No existe una orden de captura internacional contra Alejandro Sánchez
También es importante destacar que el empresario peruano no está sujeto a ninguna orden de detención a nivel internacional, a pesar de que las autoridades peruanas han pedido en dos ocasiones a la Interpol que se emita una alerta roja en contra de Sánchez.
De acuerdo a un informe de Punto Final, desde noviembre del año anterior, Interpol Perú ha recibido una solicitud para emitir una alerta sobre el empresario, quien enfrenta una orden de 30 meses de prisión preventiva. No obstante, la sede central en Lyon, Francia, argumentó que el caso tenía un componente “principalmente político” y rechazó la solicitud en febrero de este año.
Ese mes, la justicia en Perú presentó nuevamente el pedido con evidencias y señales en contra del propietario de la residencia en Sarratea, donde se afirma que Castillo sostuvo encuentros no oficiales para planificar actividades presuntamente ilegales. Sin embargo, Interpol nuevamente lo denegó en un documento enviado solo recientemente.
“Aquí sucede algo grave y como país debemos hacer una protesta enérgica a la actuación sesgada de Interpol. [...] Es una falta de igualdad de armas en un procedimiento administrativo completamente sesgado, en donde ninguno de los funcionarios competentes podemos interactuar, salvo el órgano dependiente de esta entidad, que es Interpol Perú”, señaló Javier Pacheco.
<a href="https://www.infobae.com/peru/2023/09/08/pedro-castillo-alejandro-sanchez-cancilleria-pedira-a-eeuu-que-dueno-de-la-casa-de-sarratea-sea-expulsado-al-peru/"> </a>¿De qué se le acusa a Alejandro Sánchez?
Sánchez Sánchez, quien es un empresario nacido en Chota, Cajamarca, es el dueño de la casa en el pasaje Sarratea en el distrito de Breña. En el mencionado predio se realizaron encuentros entre Pedro Castillo, funcionarios, empresarios y miembros de sus familias.
A consecuencia de esas reuniones, la Comisión de Fiscalización inició una investigación contra el ex presidente por presuntamente haber violado los principios de transparencia al ser la máxima autoridad del Estado. Además de su cercanía con Castillo, Sánchez también brindó apoyo económico a su campaña electoral por un monto que no ha podido explicar.
Alejandro Sánchez es investigado por la Fiscalía por presuntamente incurrir en tráfico de influencias, en el marco de las investigaciones por la supuesta organización delictiva que habría estado encabezada por Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno.
A pesar de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó su detención preventiva por un período de 30 meses, el propietario de la casa en Breña se negó a entregarse a las autoridades judiciales por lo que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.